Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El ministerio de Justicia ha modificado la ley de tasas judiciales, dos meses después de su entrada en vigor, atendiendo así a la petición que la Defensora del Pueblo le había transmitido en este sentido. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la ley que supone una rebaja general de las cuantías solo para los ciudadanos, e incluso la retirada de la tasa en ciertos casos como los divorcios de mutuo acuerdo o desahucios.

Soledad Becerril , Defensora del Pueblo.

En cuanto se publique en el BOE, no se pagarán tasas judiciales en casos de desahucio, separaciones o divorcios de mutuo acuerdo. El Gobierno adelanta además algunos cambios previstos en la ley de justicia gratuíta. Sus beneficiarios tampoco pagarán tasas y eso incluye desde ahora, a víctimas de violencia de género, terrorismo o accidentes graves de tráfico. Se les devolverá el dinero si han pagado en estos dos meses que ha estado en vigor la ley. En pleitos laborales, los funcionarios serán igual que el resto de trabajadores. Y para el conjunto de ciudadanos, también hay cambios. Se rebajan las tasas variables.

Jueces, magistrados y, por primera vez en la historia también fiscales, afrontan este martes su tercera huelga en lo que va de democracia, en protesta por las reformas judiciales acometidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, entre ellas el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los jueces, magistrados y fiscales españoles están convocados hoy a su tercera huelga judicial de la Democracia, esta vez en contra de las reformas judiciales acometidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que afectan incluso al Poder Judicial.

Además de los 5.100 miembros de la carrera judicial, en esta ocasión, y por primera vez en la historia, también afrontan la jornada de paro los 2.400 fiscales.

Con esta jornada de huelga, los jueces y fiscales convocantes reivindican el incremento de la inversión pública en Justicia, la paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ y la derogación de la ley orgánica 8/2012 de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica también la Ley Orgánica del Poder Judicial.

  • El indulto es una potestad exclusiva del Gobierno del Estado español
  • Puede ser solicitado por cualquier reo que haya sido condenado en firme
  • Existen dos tipos de gracias, el indulto total y el indulto parcial
  • Desde el año 2000 se han concedido 6.212 indultos, según datos del Ministerio
  • En el año 2000 se concedieron 1.737 indultos, justificados con el año jubilar
  • Las penas de Salud Pública y Patrimonio son las que más indultos reciben

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el Ejecutivo asume las recomendaciones del informe de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.

En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos, y "ha visto más y mejor" que el Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado que el Ejecutivo asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.

En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.