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En la Audiencia Nacional, continúa el juicio sobre la 'caja B' del PP. Este jueves es el turno de los testigos, entre ellos Jorge Trías, exdiputado del PP y abogado, quien ha ratificado que Bárcenas le entregó los papeles con la contabilidad opaca para pedirle consejo, y asegura que él se los devolvió y le dijo que era un "escándalo político monumental". Además, ha contado que cuando se publicaron, recibió amenazas desde la cúpula del PP. Foto: EFE/Ángel Díaz

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal y que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen en una huelga. El debate ha dividido a la cámara a falta de que se ejecute la votación. PP, Vox y Ciudadanos han planteado el debate como una dicotomía entre el derecho al trabajo y el derecho a la huelga, un argumento contestado por el PSOE, Unidas Podemos y el resto de partidos de la izquierda, que han defendido que ambos derechos fundamentales no son antagónicos. Tanto PP como Vox y Cs se han mostrado partidarios de la existencia un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga. FOTO: EFE/Cabalar

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll, cree que el juez Llarena acierta al plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. "Lo que está haciendo la justicia belga con las euroórdenes de España no es aceptable. Uno no puede decirle a un juez de un estado amigo que no respeta los derechos fundamentales. Estamos en un mismo espacio en el que rige la confianza mutua entre tribunales y no puede ser que un juez belga diga que no entrega a una persona a otro estado porque no se fía de lo que van a hacer cuando llegue allí", ha asegurado el catedrático.

Nieva-Fenoll ha explicado que ahora se abren dos escenarios: que la justicia belga decida no pronunciarse hasta que no lo haga el Tribunal de Luxemburgo, aunque no tiene obligación de hacerlo, o que Llarena decida retirar por segunda vez las euroórdenes, algo que, según el catedrático, es delicado porque podría dar una imagen negativa de España.

Este martes han vuelto a la prisión de Lledoners (Barcelona) seis de los siete condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Solo falta Josep Rull, quien tiene un permiso de unos días para poder someterse a una intervención quirúgica. El juez de vigilancia penitenciaria ha anulado el tercer grado que la Generalitat les concedió en enero. Tras la decisión ha habido protestas en el centro penitenciario y en otros puntos de Cataluña.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este martes retirar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, como solicitó la Justicia española en enero de 2020, una decisión que permitirá ahora reactivar las euroórdenes en su contra para que puedan ser juzgados en España por su papel en el 'procés'. Los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo se han pronunciado mayoritariamente a favor, si bien los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, han votado divididos. Carles Puigdemont ha anunciado este martes que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Foto:  JOHN THYS / AFP

El expresident catalán Carles Puigdemont ya no tendrá la inmunidad que le proporcionaba ser eurodiputado en Bruselas. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a retirársela tanto a él como a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, como había solicitado la justicia española. Tras esta decisión, surge la incertidumbre jurídica. El juez Llarena podría pedir que se reactivara el proceso de euroorden. Lo que ha hecho ha sido presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para facilitar el trámite y evitar encontrarse un nuevo rechazo. Por otro lado, los independentistas han anunciado que recurrirán la decisión del Parlamento europeo. Mientras la situación se aclara, van a tener que controlar sus movimientos porque si salen de Bélgica pueden ser detenidos. Foto: EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

La eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha defendido que la retirada de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo a Carles Puigdemont demuestra que "no es un perseguido político, es un fugado de la Justicia". Entrevistada en La Hora de la 1, Montserrat sostiene que "no cabe la inmunidad, ni la impunidad" y que se han mandado mensajes claros en defensa del Estado de Derecho y apoyo a la independencia judicial. Sobre Podemos, cuyos parlamentarios europeos han votado en contra de retirar la inmunidad al expresident, apunta que le "preocupa mucho que el socio de Gobierno sea el mayor valedor de Puigdemont".

José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de la Complutense, ha explicado en Más Cerca que es el juez Llarena el que tiene que reactivar ahora las euroórdenes de captura para juzgar en España a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí tras habérseles sido retirada la inmunidad por el Parlamento Europeo.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado que desde el PP, a través de un abogado, se le planteó alterar los conceptos y las cantidades registrados en sus papeles de la 'caja b' del partido para crear dudas respecto de su veracidad y que además le ofrecieron 500.000 euros en efectivo que aportarían empresarios para zanjar el litigio que tenia con el PP, pero él reclamó 975.000 euros porque, según ha dicho, era lo que le correspondía como indemnización.

Además, ha vuelto a acusar a antiguos altos cargos como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal de recibir sobresueldos con dinero de la 'caja B', un sistema de retribución "complementaria", ha dicho, que partió del ex secretario general Francisco Álvarez Cascos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha vuelto a situar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy entre los antiguos altos cargos del partido que recibieron sobresueldos procedentes de la llamada 'caja b' de la formación.

Lo ha dicho este lunes durante su declaración como acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el supuesto pago con dinero procedente de la presunta caja B del PP de casi un millón de euros de la reforma de la sede del partido en la calle Génova, de Madrid.

Además de a Rajoy, Bárcenas ha mencionado a otros ex altos cargos como María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja. También a Ángel Acebes y a Rodrigo Rato, aunque ha dicho que él jamás les entregó ninguna cantidad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) mantiene la prohibición de las concentraciones y manifestaciones del 8M acordadas por la Delegación del Gobierno por razones de salud pública ante la pandemia, tras rechazar tres de los recursos planteados contra esta medida. Frente a las alegaciones de que la prohibición conculcaba el derecho de reunión y suponía una discriminación por razón de género, el alto tribunal madrileño considera que en este conflicto prima el derecho "a la salud, la integridad física y la vida de las personas" ante el grave riesgo que supone para todos la COVID-19.

Foto: Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (EFE/ Víctor Leren)

Con la pandemia, las 300 personas condenadas en Cataluña a realizar trabajos comunitarios pueden cumplir la pena haciendo tareas de prevención de la COVID-19. Es el caso de David, quien se ocupa de garantizar que se respetan las medidas de seguridad, como la distancia mínima o el uso del gel en un centro de asistencia primaria de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Está condenado a trabajar 4 horas al día durante 40 jornadas por un delito leve de tráfico.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reiterado que la postura de su partido sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mantiene y apunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como quien "tiene la llave" para desbloquear las negociaciones.

En una entrevista en La Hora de la 1, el dirigente 'popular' ha insistido en que la posición de partido es "clara" y que solo pretenden el "reforzamiento de la independencia del CGPJ".

Por otro lado, también se ha referido a los disturbios en Barcelona por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Al respecto, ha criticado la tardanza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para referirse a ellos, así como su tibieza a la hora de condenarlos.

Montesinos, que ha calificado de "inauditas" las explicaciones del ministro, ha asegurado que el Gobierno "tiene que estar al lado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Y Sánchez tiene que poner orden en su Gobierno", ha añadido.

FOTO: Pablo Montesinos, en la sede del PP de Málaga. EFE/ Jorge Zapata