El presidente del Tribunal Supremo y del Consjeo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha culpado a la "falta de claridad en la ley durante 35 años" lo que ha ocurrido en el Alto Tribunal con el impuesto de las hipotecas. Algunas asociaciones judiciales piden su dimisión.
- Las subidas se han enfriado tras confirmarse el cambio en la ley para que los bancos paguen el impuesto
- El IBEX 35 avanzó un 1,99%, su mayor subida desde abril y la segunda del año, y supera los 9.100 puntos
- PP, Podemos y Ciudadanos reclaman al unísono cambiar la ley sobre el polémico impuesto de las hipotecas
- Casado cree que es posible suprimir esta tasa sin afectar a las cuentas públicas y Rivera pide un "acuerdo inmediato"
- Sánchez pide responsabilidad a la banca para no repercutir el coste del impuesto en los préstamos
- Anuncia también la creación de una autoridad independiente para proteger a los clientes financieros
Todos los partidos han mostrado su desacuerdo con la decisión del Supremo de que sean los usuarios, y no la banca, quienes paguen el impuesto de las hipotecas. Algunos denuncian la falta de independencia pero es unánime la idea de que hacen falta cambios. Incluso el PP va más allá y propone eliminar el polémico impuesto de estos préstamos.
Las asociaciones de usuarios consideran una buena noticia que inmediatamente el Gobierno haya dado un paso para que los bancos asuman el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido de urgencia a parte de su Gobierno, a la vicepresidenta y los Ministros de Economía, Hacienda y Fomento, y ha anunciado que este jueves van a aprobar un decreto para que a partir de ahora sea la banca quien deba hacerse cargo de este impuesto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que será la banca y no el cliente el que deberá pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, pese al fallo del Tribunal Supremo del martes.
Pedro Sánchez prepara medidas tras la decisión del TS sobre las hipotecas. Una decisión que ha tomado por la indignación, que reconoce el Ejecutivo, ha despertado ese cambio de criterio.
- "Son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho", ha dicho Carlos Lesmes
- El presidente del Supremo defiende la independencia de los magistrados del pleno
El portavoz de la OCU, Enrique García, denuncia como "bochornosa" la decisión del Tribunal Supremo que obliga a los hipotecados a asumir un gasto de entre 2.000 y 3.000 euros por el impuesto de actos jurídicos documentados. Critica que la Sala ha rectificado una sentencia en un tiempo récord de 21 días y que este cambio de criterio supone inseguridad jurídica. Avanza que es probable que el Tribunal de Justicia de la UE rectifique la decisión del TS. García señala que si el artículo 68 del reglamento tributario era nulo el 16 de octubre ahora también debería serlo y considera que la Justicia sufre "falta de credibilidad" por situaciones como esta. La OCU pide que se elimine el impuesto de actos jurídicos documentados y que se corrijan los abusos en una nueva ley hipotecaria.
- El alcalde de la localidad califica la decisión del Alto Tribunal de "rescate judicial total" de la banca
- La asociación de consumidores mantiene las movilizaciones convocadas para el sábado ante los juzgados
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado este miércoles en una entrevista en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que espera que el Gobierno tome medidas tras la decisión del Supremo respecto al impuesto de las hipotecas. "Ahora toca que hable el poder ejecutivo", ha asegurado Lastra.
La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista en el congreso, Adriana Lastra, ha afirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "todos estamos un poco desconcertados" por el fallo del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas, un cambio de criterio que califica de “inexplicable”. "Los trabajadores fueron solidarios con el sistema financiero, al que se le inyectaron 77.000 millones de euros cuando estaba pasando por una gran crisis hace ya una década”, ha subrayado Lastra, quien se ha mostrado "convencida" de que el Consejo de Ministros tomará medida tras esta decisión del TS.
La alcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha sumado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso a la petición de dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, después del cambio de criterio respecto al pago del impuesto de las hipotecas. Colau ha afirmado que “la cúpula judicial está cada vez más alejada de la sociedad” y que “la justicia no pasa por su mejor momento de prestigio en este país”, porque “esta actuación genera indignación y alarma social”.
Benjamín Anglés, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Oberta de Catalunya, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas deja un escenario complicado. Por su parte, Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, no ha ocultado su malestar por la decisión del Supremo, que califica de “extraña, anómala y peculiar”, y lanza un llamamiento a los consumidores para que “se agrupen, se informen y actúen como colectivo en un problema que es colectivo”.
Después de dos jornadas de deliberación, de discusión, de debate, 28 de los 31 magistrados que componen el Pleno de la Sala III del alto tribunal establecen que el impuesto de actos jurídicos documentados con el que se grava el registro de una hipoteca, seguirá abonándolo el firmante del crédito y no el banco como establecían hasta tres fallos del propio Supremo que conocimos el pasado 18 de octubre.
- La OCU critica su "gestión pésima" y Facua califica como "aberración" la decisión del Tribunal
- El Tribunal Supremo ha rectificado y establece que será el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas
- Así lo han señalado las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc tras conocer la decisión
- Coinciden en que está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno