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El portavoz de la OCU, Enrique García, denuncia como "bochornosa" la decisión del Tribunal Supremo que obliga a los hipotecados a asumir un gasto de entre 2.000 y 3.000 euros por el impuesto de actos jurídicos documentados. Critica que la Sala ha rectificado una sentencia en un tiempo récord de 21 días y que este cambio de criterio supone inseguridad jurídica. Avanza que es probable que el Tribunal de Justicia de la UE rectifique la decisión del TS. García señala que si el artículo 68 del reglamento tributario era nulo el 16 de octubre ahora también debería serlo y considera que la Justicia sufre "falta de credibilidad" por situaciones como esta. La OCU pide que se elimine el impuesto de actos jurídicos documentados y que se corrijan los abusos en una nueva ley hipotecaria.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista en el congreso, Adriana Lastra, ha afirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "todos estamos un poco desconcertados" por el fallo del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas, un cambio de criterio que califica de “inexplicable”. "Los trabajadores fueron solidarios con el sistema financiero, al que se le inyectaron 77.000 millones de euros cuando estaba pasando por una gran crisis hace ya una década”, ha subrayado Lastra, quien se ha mostrado "convencida" de que el Consejo de Ministros tomará medida tras esta decisión del TS.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha sumado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso a la petición de dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, después del cambio de criterio respecto al pago del impuesto de las hipotecas. Colau ha afirmado que “la cúpula judicial está cada vez más alejada de la sociedad” y que “la justicia no pasa por su mejor momento de prestigio en este país”, porque “esta actuación genera indignación y alarma social”.

Benjamín Anglés, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Oberta de Catalunya, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas deja un escenario complicado. Por su parte, Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, no ha ocultado su malestar por la decisión del Supremo, que califica de “extraña, anómala y peculiar”, y lanza un llamamiento a los consumidores para que “se agrupen, se informen y actúen como colectivo en un problema que es colectivo”.

Después de dos jornadas de deliberación, de discusión, de debate, 28 de los 31 magistrados que componen el Pleno de la Sala III del alto tribunal establecen que el impuesto de actos jurídicos documentados con el que se grava el registro de una hipoteca, seguirá abonándolo el firmante del crédito y no el banco como establecían hasta tres fallos del propio Supremo que conocimos el pasado 18 de octubre.