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El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha instado a cambiar la ley hipotecaria que adoleces de "falta de claridad" por lo que en su opinión el Gobierno tiene una magnífica oportunidad para clarificar quién es el sujeto pasivo en un contrato hipotecario.

El portavoz de la OCU, Enrique García, denuncia como "bochornosa" la decisión del Tribunal Supremo que obliga a los hipotecados a asumir un gasto de entre 2.000 y 3.000 euros por el impuesto de actos jurídicos documentados. Critica que la Sala ha rectificado una sentencia en un tiempo récord de 21 días y que este cambio de criterio supone inseguridad jurídica. Avanza que es probable que el Tribunal de Justicia de la UE rectifique la decisión del TS. García señala que si el artículo 68 del reglamento tributario era nulo el 16 de octubre ahora también debería serlo y considera que la Justicia sufre "falta de credibilidad" por situaciones como esta. La OCU pide que se elimine el impuesto de actos jurídicos documentados y que se corrijan los abusos en una nueva ley hipotecaria.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista en el congreso, Adriana Lastra, ha afirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "todos estamos un poco desconcertados" por el fallo del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas, un cambio de criterio que califica de “inexplicable”. "Los trabajadores fueron solidarios con el sistema financiero, al que se le inyectaron 77.000 millones de euros cuando estaba pasando por una gran crisis hace ya una década”, ha subrayado Lastra, quien se ha mostrado "convencida" de que el Consejo de Ministros tomará medida tras esta decisión del TS.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha sumado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso a la petición de dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, después del cambio de criterio respecto al pago del impuesto de las hipotecas. Colau ha afirmado que “la cúpula judicial está cada vez más alejada de la sociedad” y que “la justicia no pasa por su mejor momento de prestigio en este país”, porque “esta actuación genera indignación y alarma social”.

Benjamín Anglés, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Oberta de Catalunya, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas deja un escenario complicado. Por su parte, Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, no ha ocultado su malestar por la decisión del Supremo, que califica de “extraña, anómala y peculiar”, y lanza un llamamiento a los consumidores para que “se agrupen, se informen y actúen como colectivo en un problema que es colectivo”.

Después de dos jornadas de deliberación, de discusión, de debate, 28 de los 31 magistrados que componen el Pleno de la Sala III del alto tribunal establecen que el impuesto de actos jurídicos documentados con el que se grava el registro de una hipoteca, seguirá abonándolo el firmante del crédito y no el banco como establecían hasta tres fallos del propio Supremo que conocimos el pasado 18 de octubre.

Los partidos políticos de la oposición han criticado la decisióndel Tribunal Supremo que establece que es el cliente quien paga el impuesto sobre las hipotecas rectificando así su propia jurisprudencia y han advertido de que el daño a la Justicia es "irreparable", mientras que el Gobierno por el momento se ha limitado a señalar que va a analizar su impacto, según han señalado fuentes de Moncloa. Podemos e Izquierda Unida han sido los primeros partidos en rechazar de forma contundente la decisión del Tribunal al considerar que la justicia ha quedado en entredicho. También el PP y Ciudadanos han criticado el fallo del Tribunal Supremo, que el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro considera "difícil de entender", mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado la decisión de "incomprensible".

El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). De este modo el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

Tras dos jornadas de deliberaciones el Supremo no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido por 15 votos frente a 13.

Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

José María Fernández Seijo, magistrado de lo mercantil y el primer magistrado que consultó a Luxemburgo en un tema relacionado con las cláusulas suelo, ha lamentado que la decisión que ha tomado el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo este martes se haya resuelto “en la zona de penaltis porque el derecho debería imponerse por razones y por argumentos y no por votaciones ajustadas por circunstancias como las que hemos conocido en estos días”.

Según Fernández Seijo, “la situación es un tanto chocante porque tenemos un reglamento que durante unos días ha quedado derogado y creo que eso ha provocado, además de una insatisfacción social muy grande, cierta incertidumbre jurídica”.

“Lo razonable hubiera sido que se hubiese producido al revés, es decir, que este pleno se hubiese celebrado antes del día 16 y que por lo tanto la decisión del Supremo hubiese sido mayoritariamente adoptada por todos los magistrados”, ha explicado en el programa La Tarde en 24 Horas.