Caja Castilla-La Mancha fue la primera en caer, hace más de cinco años. A partir de ahí, se fueron desplomando más entidades, hasta ocho, que el Estado rescataba a través del FROB. En total, las ayudas públicas superan los 61.000 millones, de los que la tercera parte se destinaron a salvar a Bankia.
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Ricard Pagès ha declarado en la Audiencia Nacional que el Banco de España tenía todos los datos de los sueldos de los directivos y los seguros vinculados a sus contratos. También ha reconocido que se realizaron aportaciones económicas a los fondos de pensiones. Según la Fiscalía, Pagés orquestó un entramado de pólizas y planes de pensiones que permitía a la dirección cobrar indemnizaciones millonarias cuando dejaban el cargo. Los otros tres exdirectivos en el banquillo han asegurado que todos los seguros eran legales y que sus derechos eran los mismos que los del resto de trabajadores.
El fiscal acusa a cuatro exdirectivos de Caixa Penedés de adjudicarse de forma irregular pensiones por un valor superior a los 31 millones y medio de euros cuando estaban al frente de la caja. La entidad necesitó ayuda pública para evitar la quiebra y en 2010 tuvo que fusionarse con otras para formar el Banco Mare Nostrum, que recibió 915 millones de euros en ayudas públicas. El primero de los imputados en declarar, José Abella, cuyo plan de pensiones ascendía a 5.700.000 euros, ha señalado que "no cometió ninguna irregularidad y que su contrato estipulaba que se podía jubilar a partir de los 60 años". También ha argumentado que la cuantía de las pólizas del seguro que cobraron en concepto de indemnización, fue fijada por una empresa externa.
