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El seísmo, de una magnitud superior a 7 en la escala Richter, tiene su epicentro en el sureño estado de Oaxaca, pero se ha sentido hasta en el centro del país, activando desde primera hora las alertas sísmicas. La autoridad estadounidense ha emitido una alerta de tsunami para México, Guatemala y El Salvador. De momento, no se informa de daños materiales ni personales, aunque es pronto para evaluar el alcance del seísmo. Informa Javier Álvarez.

Hasta el 16 de julio está previsto que se prolongue el juicio por la matanza perpetrada en 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador, donde murieron 5 jesuitas españoles, otro salvadoreño, una mujer que trabajaba y vivía en la residencia universitaria y su hija. Aunque solo se buscaba la muerte de uno: el rector de la Universidad, el español Ignacio Ellacuría. La Audiencia Nacional juzga, desde el pasado lunes, al excoronel y ex ministro de Defensa salvadoreño, Inocente Montano, para quien se piden 150 años de cárcel por su presunta participación en aquellos hechos. De esa matanza, de las personas que fueron asesinadas y de sus consecuencias habla Luis Zaragoza en un nuevo episodio de En algún lugar de tiempo. Una matanza que sirvió para conseguir lo contrario de lo que buscaban sus autores.

La Audiencia Nacional no juzgará a uno de los dos acusados por los cinco jesuitas de El Salvador en 1989 El exteniente salvadoreño René Yusshy Mendoza no será juzgado por los cinco asesinatos de los religiosos españoles tras acceder el tribunal a la petición de la defensa de que el crimen prescribió a los 20 años. Cambiará su condición de acusado a testigo y deberá comparecer el 7 de julio de forma presencial. El juicio se retomará el próximo miércoles con la declaración del otro acusado, el excoronel y exviceministro Orlando Montano por quien solicitan 150 años de cárcel por crímenes terroristas.

Este lunes ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio contra Inocente Montano, excoronel y exviceministro de Seguridad salvadoreño, y René Mendoza, uno de los miembros del batallón acusado de ejecutar a cinco sacerdotes jesuítas españoles en 1989 en El Salvador. La Audiencia Nacional española procesó a más de 20 militares relacionados con estos hechos, pero sólo se ha podido extraditar a Mendoza y Montano, que se enfrenta a una condena de hasta 150 años de cárcel.

Hasta doce mil pandilleros cumplen condena en las prisiones del país centroamericano. El gobierno ha endurecido sus condiciones de reclusión porque les acusa de estar detrás del repunte de la violencia el país, 60 asesinatos en sólo tres días.

El Salvador vive una crisis institucional provocada por el enfrentamiento entre el presidente, Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa (Parlamento). Bukele irrumpió este domingo en la Cámara escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía, lo que ha provocado que la oposición le acuse de intentar un golpe de Estado.

Bukele quiere que los diputados aprueben un préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas juveniles armadas, las llamadas maras. El Gobierno atribuye al Plan de Control Territorial el descenso de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la presidencia y puso en marcha el plan.

Sin embargo, la asesión extraordinaria convocada al efecto no pudo celebrarse por falta de quorum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.

Bukele ocupó el asiento del presidente del Parlamento, Mario Ponce, quien tampoco había acudido, ofreció una oración y después salió a la calle, donde una multitud se había reunido para apoyarle gritando "¡insurreción!".

"Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional [de la Corte Suprema] para interpretar la Carta Magna", exclamó Bukele ante los concentrados.

El presidente subrayó que si este lunes los diputados, convocados de nuevo en sesión plenaria, "no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros, los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución".

Dicho artículo reconoce el derecho del pueblo a la "insurrección" para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".

Los migrantes centroamericanos que buscan protección en EE.UU. esperan asilo en México, pero la administración mexicana los deriva a algunos de sus estados más peligrosos. La frontera con EE.UU. se ha convertido en un espacio de contención migratoria donde las probabilidades de que Estados Unidos les conceda asilo migratorio apenas llegan al 1%. Ya son 60.000 los centroamericanos que han decidido regresar a sus países.

Recientemente se cumplieron 30 años de la matanza del sacerdote Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas españoles y dos mujeres en el Salvador, durante la guerra civil. Décadas después, EE.UU. ha sancionado a una decena de militares responsables de su asesinato aunque Washington no ha aclarado por qué lo hace ahora.

El Frente Parlamentario contra el hambre para América Latina y el Caribe, se crea en 2009 con el apoyo de la Cooperación Española. A día de hoy están representados disputados de diferentes partidos políticos de más 20 países. En definitiva lo que se pretende es aprobar leyes y el seguimiento de las mismas, y aprovechar también lo que se aprueba en otros, con un objetivo muy concreto, desterrar el hambre en la zona con el horizonte de 2025.  En Cartagena de Indias asistimos este verano a uno de sus encuentros.

Invitados: Luis Lobo del Programa España FAOPablo González Presidente y Secretario General del Parlatino, Mario Marroquí parlamentario de El Salvador y Hamlet Melo parlamentario de la Republica Dominicana y coordinador del Caribe.

El muro de Trump empieza cada vez más al sur. Primero consiguió que México endureciera su política migratoria y después que Guatemala aceptara, en un principio, ser "tercer país seguro", es decir, que hondureños y salvadoreños no puedan ir más lejos para pedir refugio. A sus gobiernos, mientras tanto, les tocaría contener a los nicaragüenses y cubanos que pasan por su territorio.

La Justicia de El Salvador ha absuelto a Evelyn Hernández, de 21 años, del delito de homicidio cometido al supuestamente abortar. Así lo ha comunicado su abogada en Twitter e informa la prensa del país.

En 2016, cuando Evelyn tenía 18 años, dio a luz a un niño muerto, fruto de una violación, durante un parto en su casa. La acusaron de homicidio agravado (en El Salvador, el aborto es ilegal) y fue condenada a 30 años de cárcel. Tras cumplir casi tres, el Supremo anuló la sentencia en diciembre de 2018 y la dejó en libertad provisional en espera de un nuevo juicio. Ahora ha sido absuelta definitivamente.

Su caso no es único en el Salvador. Hay al menos otra veintena de mujeres condenadas o juzgadas por delitos relacionados con el aborto.