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La política de nuestro país se encuentra más dividida que nunca tras la reforma del Código Penal y la modificación del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esteban González Pons, vicepresidente de Acción Institucional del PP, considera que el Gobierno está siguiendo los pasos de Viktor Orban de “iliberalismo político” al atacar las sentencias del Constitucional, y resalta que estas “no tienen un significado político” sino que “son decisiones de un tribunal y se acatan”, tal y como ha indicado en Las Mañanas de RNE.

Pons acusa al presidente Sánchez de ser “como el Rey Sol” y de querer tener todos los poderes a su servicio, y aunque cree que todas las partes tienen cierta responsabilidad en la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, exime a la oposición de culpa y carga sobre el Ejecutivo todo el poder de decisión.

Sobre las mociones de censura presentadas por Vox y Ciudadanos, Pons cree que sería “regalarle una victoria parlamentaria a Sánchez”, ya que contaría con el apoyo de los socios de Gobierno y daría la imagen de contar con todo el apoyo parlamentario, a su parecer, y sentencia que “serán las elecciones” las que harán las veces de moción de censura.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Mientrastanto, El Tribunal Constitucional ha aplazado hasta el lunes el pleno para estudiar las medidas cautelarísimas que solicitó el PP ante esta reforma del Poder Judicial y los recursos presentador por Vox, PSOE y Unidas Podemos.

Para Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, "se ha hecho una carrera contrarreloj para aprobar una serie de cosas que afectaban a leyes muy imporantes". Insta a esperar la resolución del Tribunal Constitucional y considera que "lo que no se puede hacer es descalificar de antemano la resolución que salga". Asegura que los magistrados pendientes de renovación tienen total legitimidad para seguir tomando decisiones. "La función principal del Tribunal Constitucional es evitar con su intervención previa que se pueda producir el abuso o la desviación de la mayoría parlamentaria, porque la mayoria parlamentaria tiene que estar sometida a la Constitución", afirma. Asimismo, cree que en España debemos aprender a respetar más a las instituciones. 



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha cargado contra el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP y Vox para paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma del Poder Judicial. "Estamos ante una irresponsabilidad gravísima del PP, que lleva cuatro años violentando la Constitución española", ha subrayado en declaraciones a los medios en el Congreso.

FOTO: Yolanda Diaz atiende a los medios en los pasillos del Congreso este jueves. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha cargado contra el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP y Vox para paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma del Poder Judicial. Para Rodríguez, supone un "atropello institucional" que la oposición quiera "cercenar" la labor de un poder del Estado, como es el poder del legislativo.

FOTO: Isabel Rodríguez, en un acto. EFE/ Zipi Aragon
 

El Tribunal Constitucional ha convocado un pleno extraordinario para decidir si paralizan cautelarmente la tramitación de los cambios que quiere establecer el Gobierno para derogar el delito de sedición, modificar el de malversación y reformar la ley orgánica del Constitucional y el Tribunal Supremo para desbloquear su renovación. La cuestión, como ha indicado en Las Mañanas de RNE Agustín Ruíz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, es que es inconstitucional "enmendar proyectos de ley con contenidos ajenos a esa ley", algo que ocurriría en los dos últimos casos mencionados. Por ello, considera que lo razonable sería "dar un plazo al Congreso y al ministerio Fiscal para que den su opinión al respecto" antes de llevar a cabo una votación, ya que cree que a nivel "constitucional y legislativo tenemos mecanismos suficientes para cortar actuaciones claramente inconstitucionales". Asimismo, Ruíz Robledo culpa de esta situación a la "cultura política" y al continuo enfrentamiento bipartidista en España.

El Gobierno discutirá hoy la modificación del delito de sedición, que espera aprobarse de forma exprés esta semana, y sobre ello le hemos preguntado a Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, quien ha señalado que se trata de un paso más en la “política de reencuentro” que viene realizando el Ejecutivo con Cataluña en los últimos años. La ministra portavoz ha asegurado en Las Mañanas de RNE que esta modificación no beneficiará de ninguna manera a los imputados por delitos de corrupción si no que, al contrario, “endurecerá las cuestiones que devienen de actitudes corruptas y que no están penalizadas”, según ha indicado.

Sobre la desconfianza del Gobierno acerca de la renovación del CGPJ, Rodríguez ha resaltado que se estaba evidenciando una “falta de voluntad” por parte del Constitucional, así como una “falta de sentido de Estado” por parte del Partido Popular, y aunque no confirma que vayan a cambiar las mayorías para elegir en el Parlamento al Poder Judicial, ha señalado que están trabajando en vías para acabar con el bloqueo.

La ministra portavoz apunta que “antes de fin de año” entrarán en vigor las nuevas medidas anticrisis sobre las que dice están trabajando “con absoluto rigor” para que no dificulten la labor de los trabajadores de los sectores primarios y para que faciliten “la vida a las familias que puedan estar atravesando por dificultades como consecuencia del incremento de la alimentación”.

El Gobierno prepara una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal para hacer cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional, según han informado fuentes del Gobierno a RTVE. Mediante esas enmiendas el Gobierno quiere cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. A partir de ahora bastará con mayoría simple. Y, además, establecerá un plazo para esa elección que si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal". FOTOGRAFÍA: CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS.

En vísperas del 44 aniversario de la Constitución, en Las Mañanas de RNE hemos querido preguntarle a María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de Magistratura, sobre cómo afecta la falta de renovación del CGPJ a la norma y a nuestra democracia. La magistrada cree que se trata de una evidencia de que "el Ejecutivo ha absorbido al Legislativo y el Legislativo sigue las órdenes del Ejecutivo", algo que a su parecer viene ocurriendo desde hace tiempo: "Al final el Consejo General del Poder Judicial queda como un órgano de gobierno reducido en sus competencias y que hace casi lo que le dejan hacer", ha señalado. 

Del Barco opina que, viendo el comportamiento de senadores y parlamentarios, le resulta muy difícil creer que puedan llegar a un acuerdo de ningún tipo y duda que "en un horizonte próximo" exista esa posibilidad de renovación del Consejo: "Parece lo razonable que, por tanto, se proceda al inmediato nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional", ha indicado. 

Mañana celebramos cuarenta y cuatro años del pacto constitucional y lo hacemos en un escenario en el que todavía no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Sergio Oliva Parrilla, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha indicado en Las Mañanas de RNE que más allá de lo irregular de la situación, lo que sienten los 5.500 jueces y juezas es "bochorno absoluto", más aún tras lo que considera fue "un intento de negociación partidista". Oliva señala que nos estamos centrando en culpar a los partidos políticos cuando deberíamos poner el foco en las "Cortes Generales", que a su parecer están presentando una "dejación de poderes absoluta" y está convencido de que todo esto está "demostrando la crisis del sistema fallido que hay en torno a la elección de miembros", una razón por la que aboga que sean los propios jueces y juezas los que elijan a los magistrados. 

Este domingo se cumplen cuatro años del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces está en funciones, sin renovar a sus magistrados. Las últimas negociaciones entre el PSOE y el PP se rompieron en octubre. Hoy, siguen irreconciliables.

FOTO: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, interviene durante el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el Senado. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El Consejo General del Poder Judicial cumple este domingo cuatro años en funciones, con un presidente suplente y fuertemente dividido. Debía haberse renovado el 4 de diciembre de 2018, pero tras varios intentos, las negociaciones siguen estancadas. El declive comenzó en marzo de 2021, cuando por ley se le prohibió hacer nombramientos estando en funciones, y ha continuado con la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, en octubre. El asunto volvió a estancarse poco después por la reforma del delito de sedición.

Informa Araceli Sánchez