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La Audiencia Nacional ha dictado la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les reclama, además, el pago de una fianza de responsabilidad civil por importe de 1.592 millones de euros. La magistrada sienta en el banquillo, entre otros, al expresidente Modesto Crespo y la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha justificado el aumento en la retribución fija de los directivos de Caja Madrid llevada a cabo en 2008 al incremento de las funciones de los nueve miembros del comité de dirección, una versión que no ha sido corroborada por el ex director financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj, quien ha mantenido ante la juez que las funciones no se reordenaron. Blesa y Sánchez Barcoj han declarado en calidad de investigado ante la jueza de instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, que investiga posibles irregularidades en las retribuciones de los directivos de Caja Madrid entre los años 2007 y 2010 que pudieron suponer un perjuicio económico para la entidad de unos 14 millones de euros y "ser constitutivos de delito de administración desleal", según la denuncia de Anticorrupción, que recibió un expediente del FROB.

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad, a la pena de dos años de cárcel y a otra de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena. En una sentencia, el Juez Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia impone a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros y les obliga a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas, incluidas a las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros. En concreto, el juez señala que ambos "utilizaron un ardid contable" para tapar "unas pérdidas que se podrían denominar galopantes" relativas a valores cotizados. En su opinión, las cuentas eran falsas "al no haber existido jamás un beneficio de 93 millones de euros".