En Estados Unidos, el Congreso ya tiene en sus manos los principios de la reforma migratoria que Donald Trump prometió en campaña y que, entre otras cosas, plantea profundos cambios legales. La Casa Blanca reclama a la cámara que elimine los que llama "vacíos legales" que permiten que menores de edad que llegan solos al país de forma clandestina -en su mayoría procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala- se puedan quedar. En 2014 fueron 60.000 los niños que llegaron así. La Administración Trump quiere, además, que se facilite y acelere su detención, custodia y posterior deportación. Una medida que amenaza con frustar un posible acuerdo final entre el Gobierno y los demócratas para garantizar la protección de unos 800.000 de esos antes menores, hoy ya adultos -conocidos como dreamers- que han crecido en EE.UU. sin regularizar completamente su situación. Si no hay acuerdo, en marzo muchos de ellos podrían empezar a perder sus permisos de trabajo. Los demócratas dicen que este plan "va más allá de lo razonable" y en contra de "cualquier intento" de acordar una nueva protección para los dreamers, que Trump liquidó el pasado mes. Además, la Casa Blanca quiere recortar las ayudas federales para las denominadas "ciudades santuario", aquellas que se niegan a entregar -en algunos casos- a inmigrantes indocumentados a las autoridades para su expulsión del país. También pide contratar a 10.000 agentes fronterizos más, completar la construcción del muro con México -estimada en unos 21.000 millones de euros- y reformar el sistema de concesión de visados.
Actos reivindicativos en la semana de las Personas Sordas. Un colectivo cada vez más visible pero que, en su opinión, no es suficiente. Entre sus reivindicaciones, más accesibilidad e inclusión.
Las restricciones afectan a tres calles: Gran Vía, desde Plaza de España hasta la Alcalá; la calle Mayor, desde Bailén hasta la Puerta del Sol y Atocha, entre la Glorieta de Carlos V y la Plaza de la Provincia.
