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  • Les imputa los delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal
  • Pineda, imputado también por estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones
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  • Llegaron a pedir tres millones por retirar la acusación contra la infanta en el caso Nóos
  • El expresidente de Banesto y sus hijos se han acogido al derecho a no declarar
  • El exbanquero fue detenido este lunes junto a siete personas de su entorno
  • Su yerno, Fernando Guasch, ha sido puesto en libertad este martes
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La asociación de perjudicados de entidades financieras señala que los hipotecados que no estén entre los 15.000 demandantes de Adicae deberán iniciar un procedimiento judicial. Por parte de la banca, solo se ha pronunciado el Banco Sabadell, que asegura que las cláusulas suelo de sus hipotecas eran transparentes y por eso recurrirá la sentencia. El sector está pendiente de otra sentencia, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se reúne al 26 de abril. Si su dictamen fuera favorable, los bancos deberían devolver a sus clientes lo cobrado por la cláusula suelo desde el momento de la firma de la hipoteca y no desde el 9 de mayo de 2013, que fue cuando el Tribunal Supremo sentenció por primera vez la nulidad de estas cláusulas.


 

El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo fijadas en las condiciones generales de las hipotecas suscritas con consumidores por "falta de transparencia" y ha condenado a 40 bancos y cajas a eliminar las citadas cláusulas de los contratos y a cesar en su utilización de forma no transparente. De este modo, el juzgado ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) y ha condenado a devolver a los hipotecados las cantidades "indebidamente" abonadas desde el pasado 9 de mayo de 2013, "con los intereses que legalmente correspondan". Ese día se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulas las cláusulas suelo, pero sólo en los casos en los que el cliente no hubiera sido debidamente informado.

La Audiencia Nacional ha dictado la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les reclama, además, el pago de una fianza de responsabilidad civil por importe de 1.592 millones de euros. La magistrada sienta en el banquillo, entre otros, al expresidente Modesto Crespo y la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.