El Consejo de Europa critica la falta de avances de España sobre el CGPJ

• Critica la reforma que le impide al CGPJ hacer nombramientos en funciones
• Pide a España "una acción más decidida" frente a la relación entre parlamentarios y grupos de presión

Vista de la entrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa lamenta la falta de avances de España sobre su recomendación de desligar del poder político la elección de altos cargos judiciales y muestra una "grave preocupación" por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)y ha instado a las "autoridades" a desbloquear esta situación "crítica".

Así consta en una adenda a su segundo informe publicado este lunes sobre el cumplimiento por parte de España de las recomendaciones establecidas por el Greco en su cuarta ronda de evaluación en 2014 sobre cómo los Estados miembros previenen la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales.

Este domingo el CGPJ alcanzó los cuatro años de bloqueo ante la incapacidad de las formaciones políticas de llegar a un acuerdo para nombrar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Aunque la institución viene reconociendo avances de España en estas materias, especialmente desde 2019 -antes apenas había detectado mejoras respecto a su evaluación inicial "globalmente insatisfactoria"-, ahora lamenta de nuevo la falta de progresos de España, especialmente en el apartado judicial.

"Los cuatro años de punto muerto en la designación del CGPJ es un tema de grave preocupación que tiene que abordarse como asunto prioritario", destaca. "Es una situación altamente insatisfactoria", insiste el órgano del Consejo de Europa, que "urge a las autoridades a tomar acciones decididas".

Pide un sistema de elección entre pares

En concreto, el Greco relaciona este problema con el reiterado incumplimiento español de su recomendación número cinco del total de 11 puntos de trabajo que se habían desprendido de sus análisis de 2013. Allí se pide evaluar las normas que rigen el CGPJ y sus "efectos en la independencia real y percibida" del órgano de gobierno de los jueces.

Para el Greco, es necesario que España implemente un sistema de elección basado en el criterio de los pares, en lugar de dejar esta potestad en manos de los poderes políticos.

En esta edición, como ya hizo en informes anteriores, el Grupo ha concluido que dicha recomendación aún no ha sido implementada y ha reiterado nuevamente la necesidad de eliminar la selección del turno judicial por parte de los políticos. A su juicio, el sistema de selección del CGPJ y la politización que se percibe de este "no es una preocupación menor".

El bloqueo actual de la renovación del CGPJ tiene, además, repercusiones negativas en otras recomendaciones del Greco pendientes, como la mejora de los criterios para nominar a altos cargos judiciales (en los de tribunales provinciales, nacionales y el Supremo), que garanticen la "imparcialidad, independencia y transparencia".

Así, ha indicado que considera "muy preocupante" que el CGPJ en funciones no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial a raíz de la reforma de a Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se aprobó en marzo de 2021.

Avances en otras áreas

No obstante, en su evaluación, sí reconoce avances o progresos parciales en las otras dos áreas estudiadas: la independencia de los parlamentarios y de los fiscales.

En cuanto a los legisladores, el Greco pide ampliar la normativa que regula los contactos con grupos de presión y otros actores susceptibles de influenciar en las leyes. Hace notar, por ejemplo, que se han introducido mecanismos de transparencia que en la práctica no se cumplen.

Respecto a las fiscalías, el informe saluda mejoras como la adopción de un nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal (de mayo de 2022), pero pide, entre otras cosas, reformas más amplias del estatuto de Fiscal General, para darle mayor autonomía e independencia.

Para elaborar este informe, el Greco había designado como relatores a la asesora legal Ásthildur Valtýsdóttir, de la delegación de Islandia en el organismo, y a la jueza Emma Rizzato, del equipo italiano.

Politización de la justicia

En el marco del documento, el Greco ha recordado que también había recomendado a España que se establecieran en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial para garantizar que dichas designaciones "no ponen en duda la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso".

El Grupo de Estados contra la Corrupción evaluó esta recomendación como parcialmente implementada en el Segundo Informe de Cumplimiento. Aunque reconoció los pasos tomados para aumentar la transparencia en el sistema de designación de los rangos más altos de la judicatura, consideró que se podría haber hecho más para simplificar los requisitos y procedimientos aplicables en este ámbito.

En esta ocasión, no ha habido avances porque las autoridades españolas han indicado que --dado que no se ha producido la renovación del CGPJ-- "no hay nada nuevo que informar en esta materia". Así las cosas, el Greco ha lamentado "la falta de nuevos desarrollos en este ámbito".

Pide una acción "más decidida"

Además, el Greco cree que España debería emprender "una acción más decidida" respecto a las relaciones entre los parlamentarios y los grupos de presión o 'lobby', aunque reconoce que se han dado pasos en este sentido pero que se están demorando en el tiempo.

En este informe, figuraba la recomendación de introducir "reglas sobre cómo los miembros del Parlamento se relacionan con los 'lobbistas' y otras terceras partes para buscar influir en el proceso legislativo". En este sentido, el Greco llega a la conclusión de que en estos ocho años transcurridos, la recomendación solo se ha cumplido "parcialmente", como ya se indicaba en su segundo informe de cumplimiento de 2019.

El organismo reconoce en su informe "las medidas positivas adoptadas a lo largo de los años para mejorar la transparencia legislativa en el Parlamento" y también toma nota de "la intención declarada de las autoridades de regular los grupos de presión", en aparente alusión al anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés presentado a principios de noviembre.

En orden de cosas, también toma nota de que el Código de Conducta del Parlamento "introduce mayores requisitos de transparencia, en particular al establecer la obligación de que los parlamentarios publiquen sus agendas institucionales, incluidos los contactos con 'lobbies' y otras terceras partes".

Sin embargo, afea el hecho de que la practica dista de la realidad, como pone de manifiesto la web del propio Congreso ya que "más de la mitad de los diputados no publicaron sus agendas institucionales y el contenido de las publicadas muestra diferencias significativas y no muestra sistemáticamente los contactos con grupos de presión o terceros que buscan influir en el proceso legislativo".