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Presos en la tercera ola de COVID: una cárcel dentro de la cárcel

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En el mes de febrero se ha suspendido el contacto con el exterior en la mayoría de cárceles.
En el mes de febrero se ha suspendido el contacto con el exterior en la mayoría de cárceles.

Quienes conocen desde dentro cómo es el entorno penitenciario nunca dudaron de que, si la COVID-19 recalaba en las cárceles de España, podría llegar a expandirse “como la pólvora”. Esto no ocurrió durante una primera ola en la que la incidencia fue baja, pero sí está sucediendo en la tercera, cuando las prisiones han visto dispararse los contagios y tienen módulos enteros cerrados, plantillas de funcionarios afectadas e internos sometidos a un aislamiento extremo que les hace sentirse “doblemente encarcelados”.

Desde enero de 2021, se han producido 953 contagios entre internos de los 1.768 registrados durante toda la pandemia, es decir, uno de cada dos. La tercera ola está siendo, sin duda, la que más está azotando a las cárceles, que se "blindaron" el pasado 2 de febrero por recomendación de Instituciones Penitenciarias.

En esa fecha, la cárcel de Picassent, en Valencia, dejaba el mayor número de casos, con 163 positivos entre una población reclusa de casi 2.000 internos (la que más tiene de toda España), mientras que la prisión de Teruel era la que registraba un mayor número de casos en proporción a su población reclusa, con 132 positivos de un total de 185 internos.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias apuntan a RTVE.es que la incidencia ha empezado a bajar en la última semana y recalcan que lo ocurrido en las prisiones es "un reflejo" de lo que ha pasado fuera. Se han tomado "decisiones y medidas muy duras" para frenar los contagios y aun así, dicen, "no se han podido evitar los brotes".

Durante el primer estado de alarma, señalan, los movimientos entre el interior y el exterior de los centros estaban muy limitados, pero una vez se empezaron a conceder permisos y a retomar las actividades, se abrió la puerta a los posibles contagios de manera inevitable. En cualquier caso, las mismas fuentes inciden en que las restricciones —variables en función de la situación de las cárceles— han sido muy intensas, en general, desde el inicio de la crisis sanitaria, y aseguran en que se están llevando a cabo numerosas cuarentenas preventivas.

"Mi marido me dice que esto es pagar cárcel doble"

Por esas circunstancias, a día de hoy, un gran número de centros tienen suspendidas las comunicaciones orales y la inmensa mayoría también tienen suspendidos los `vis a vis`, los permisos de salida de los presos y la entrada de voluntarios y profesionales externos, lo que está repercutiendo de manera directa en el ambiente que se vive intramuros, según confirman a RTVE.es familiares de presos, oenegés, asociaciones en defensa de los derechos humanos y funcionarios de prisiones.

Pepi asegura que para su marido, interno en el Centro Penitenciario de Puerto III, los últimos dos meses están siendo "desesperantes". Sin visitas de familiares y sin conversaciones a través de locutorio, su única comunicación con el exterior se reduce a un "mínimo" contacto telefónico.

Lo escuchas llorar, con ansiedad, te dice que no puede más

"Cuando hablo con él me dice que esto es pagar cárcel doble. Lo escuchas llorar, con ansiedad, te dice que no puede más. Yo le digo que tiene que ser fuerte, que esto lo pasamos juntos, pero le está afectando mucho. Y mi hijo de 12 años también lo está pasando muy mal porque ha perdido todo el contacto con su padre", cuenta.

En su opinión, es "normal" que, debido al elevado número de contagios, no haya 'vis a vis' durante un tiempo, pero recalca que tener al menos un acercamiento por locutorio es "una necesidad y un derecho" que se le está negando a los presos. De momento, no sabe cuándo podrá retomar ese contacto. Desde el centro penitenciario le dicen que el próximo 4 de marzo valorarán si se reabrirá o no esa vía.

"Para las familias esto está siendo muy difícil. Hace unos días se puso en contacto conmigo una mujer que llevaba 27 días sin saber nada de su hijo, que estaba en la cárcel y había dado positivo. Varios familiares nos pusimos a mandar escritos al defensor del pueblo y al fin hoy la han llamado para decirle que su hijo ha dado negativo, pero esa mujer ha estado en un sinvivir casi un mes", se queja Pepi.

Algunos colectivos hablan de “ataque directo” a los derechos de los presos

En los últimos días, 18 colectivos han denunciado que suspender las comunicaciones en las prisiones por la COVID-19 es un “ataque directo a los derechos” de las personas presas porque se está eliminando, dicen, “el único contacto cercano a lo físico que les quedaba” a los internos desde hace casi un año.

Denuncian que la mayoría de presos lleva sin "tocar" a sus familiares y allegados desde que en marzo de 2020 se suspendieron las comunicaciones especiales, todos los vis a vis íntimos y familiares, con alguna “tímida reanudación” que volvió a suprimirse al poco tiempo. A cambio, Instituciones Penitenciarias ofreció un mayor tiempo para las llamadas telefónicas y un nuevo sistema de videollamadas que, aseguran, ni siquiera ha llegado a funcionar bien.

La lucha contra la COVID en las cárceles es a costa de una restricción muy fuerte de los derechos fundamentales

Están viviendo un encarcelamiento al cuadrado. La lucha contra la COVID en las cárceles se está haciendo a costa de una restricción muy fuerte de los derechos fundamentales y se está naturalizando la dureza”, señala Francisco Fernández Caparrós, coordinador del área de cárceles de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una de las que denuncian la vulneración de derechos durante la pandemia.

Permiso para que los presos puedan hacer videoconferencias para compensar la suspensión de visitas por el coronavirus

Un sistema sanitario “catastrófico”

Fernández Caparrós, que conoce al milímetro cómo funciona el sistema penitenciario en España, también indica que a la hora de analizar la repercusión de la COVID-19 en las cárceles hay que tener en cuenta que cuentan con un sistema sanitario con carencias “estructurales y endémicas” en el que las competencias no están transferidas en la inmensa mayoría de comunidades.

“El desborde que hemos visto en los servicios sanitarios por la COVID fuera de las cárceles es el que se vive dentro siempre. No conozco ni una sola prisión de todo el Estado que tenga la plantilla de médicos totalmente cubierta. Hay muchísimas bajas y muchísimas plazas vacantes sin cubrir”, apunta Fernández, quien define como “catastrófico” el sistema sanitario.

En su opinión, que también representa a la de otros muchos que defienden los derechos de los presos en las cárceles, lo que está evidenciando esta pandemia es que los presos son considerados "ciudadanos de segunda o de tercera".

"La sociedad tiende a presuponer que una persona, por entrar en prisión, pierde todos sus derechos, cuando no su propa condición de persona. Ahí empieza el problema. En esta situación se está normalizando esa consideración, sin tener en cuenta que se trata de personas que, pese a estar privadas de libertad, deben tener el resto de derechos garantizados", defiende.

Ni distancias de seguridad ni mascarillas

Lo que él cuenta sobre la atención sanitaria dentro de las cárceles lo ratifica Manuel Galisteo, funcionario de prisiones de la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) y miembro de la asociación sindical 'Tu abandono me puede matar', quien, más allá de criticar la falta de recursos, desgrana otros elementos que han podido incidir en el aumento de contagios.

“Las cárceles son lugares en los que la distancia de seguridad no se puede guardar ni se pueden cumplir las normas. Las mascarillas casi nadie las lleva porque, o no llegan, o no se puede controlar quién se la pone, y los espacios son casi todos de interior. Los comedores se llenan, se sientan de cuatro en cuatro y ahí no hay más espacio”, explica Galisteo, que señala que, además, hay pocos funcionarios para controlar los distintos módulos.

Estamos muy quemados y, si tienes a un aislado en tu módulo, el trabajo se multiplica por diez

Según su relato, la COVID-19 ha venido a acrecentar problemas que están muy en la raíz y lamenta que las prisiones hayan seguido siendo lugares “invisibles” durante esta crisis.

“En la primera ola parecía que todo estaba tranquilo en las cárceles, pero no porque el protocolo fuera buenísimo sino por el esfuerzo de los trabajadores por controlar al máximo. Incluso llevábamos mascarillas de nuestra casa porque no nos llegaban. En esta tercera ola está siendo tremendo… Estamos muy quemados y, si tienes a un aislado en tu módulo, el trabajo se multiplica por diez”, señala el funcionario.

Cuarentenas en siete metros cuadrados y mucha tensión

Galisteo desconfía incluso de que los datos que se tienen sobre los contagios durante la pandemia sean reales porque “no se han hecho ni test suficientes”, y asegura que las limitaciones que están viviendo los presos han complicado la convivencia en las cárceles.

“Hay presos prudentes, claro que sí, pero también hay otros muy peligrosos a los que les da igual la pandemia y todo. Aporrean las puertas, chillan desde la celda, y eso hace un efecto cadena”, cuenta el trabajador, que afirma que para todos los internos está siendo duro haberse quedado sin visitas y sin las actividades que realizaban voluntarios y asociaciones dentro de las instalaciones.

Al haber menos visitas hay menos droga, y, por tanto, aumenta aún más el nerviosismo en ellos

A esa restricción se suma el protocolo de aislamiento, cuando se confirma un contagio. En algunos casos, se les deriva a un módulo designado para ese confinamiento de diez días de duración y, en otros, lo pasan en su propia celda, que “escasamente tiene siete u ocho metros cuadrados”. Solamente salen para ducharse y para ir al patio durante una hora al día en la que normalmente también están en un espacio muy reducido.

“Todo esto va derivando en la convivencia. También ocurre que los vis a vis son el principal punto de entrada de droga, y, al haber menos visitas, hay menos droga, y, por tanto, aumenta aún más el nerviosismo en ellos. Está habiendo muchos episodios violentos y autolesiones”, revela Galisteo.

Interior pide a las cárceles que se blinden ante la pandemia

El marido de Pepi ha estado ya dos veces en aislamiento preventivo y le transmite que es "insoportable" lo que conlleva: "El módulo para el confinamiento es mucho más pequeño y no tienen ni tele ni nada. Cuando bajan al patio están en un metro cuadrado una hora al día. Se pasan entre esas cuatro paredes 23 horas (...) Mi marido no tenía medicación antes de la pandemia y ahora sí. La mayoría de internos están con antidepresivos".

Críticas al plan de vacunación en cárceles

Fernando, que en el pasado vivió ocho años en una cárcel valenciana y que tiene algunos conocidos dentro, también asegura que los presos están “desesperados” y que los enfrentamientos y las autolesiones se están produciendo especialmente en estos últimos meses, al ver cómo se les priva "de lo poco que tenían".

Además de incidir en que la sanidad dentro de la cárcel es “un insulto”, se queja de que no hayan incluido a los internos como grupo prioritario en la vacunación, como sí se ha hecho con los trabajadores de prisiones.

Con él coincide Fernández Caparrós, poniendo como ejemplo el procedimiento en residencias de mayores, donde, dice se ha vacunado tanto a los trabajadores como a los residentes.

Según el documento publicado por Sanidad este viernes sobre la actualización de la estrategia de vacunas, la población penitenciaria "se vacunará más adelante en función de disponibilidad de vacunas y con independencia de criterios etarios".

Respecto a este asunto de la vacunación en prisiones, Galisteo afirma que ya se ha empezado a inocular a muchos compañeros, aunque apunta un incoveniente. La vacuna que les corresponde, dice, la de AstraZeneca, no está aprobada en mayores de 55 años y la edad media de los trabajadores es de 52, por lo que hay un gran número de profesionales que exceden la edad límite.

La propuesta de excarcelación y la bajada en el número de reclusos

Desde la organización Solidarios para el desarrollo, que tiene varios programas de voluntariado dirigidos a la población presa que se encuentran parados por el cierre, consideran que la COVID-19 puede repercutir de manera indirecta en el camino hacia la reinserción en el que trabajan algunas personas, debido a esa ruptura del vínculo con el exterior que antes podía representar “un incentivo” para ellos.

Además, aseguran que el doble aislamiento está repercutiendo negativamente en la salud mental de algunos encarcelados, a quienes también se les está negando el servicio de orientación jurídica gratuita presencial.

Por otro lado, Solidarios para el desarrollo lamenta que en España no se estén teniendo muy en cuenta medidas de excarcelación "que sí se llevan a cabo en otros países" para reducir el número de internos y minimizar los riesgos de contagio.

Esa reivindicación la llevan trasladando a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, desde el inicio de la crisis sanitaria, numerosas asociaciones y también algunos organismos internacionales. En su petición ponen énfasis en el hecho de que España tenga una de las poblaciones penitenciarias más envejecidas de Europa y que estas personas cuenten con un estado de salud “más deteriorado” que el resto de la población. Con mayor frecuencia padecen enfermedades graves como el VIH o la Hepatitis C, trastornos de salud mental, adicciones o patologías que les hacen ser más vulnerables frente al coronavirus.

Sin embargo, plantear una estrategia de excarcelación amplia ha dado poco resultado por las propias reticencias de la Administración y, sobre todo, porque atender a esas personas fuera de la cárcel implicaría disponer de unos recursos relacionados con los servicios sociales que no parecen ser viables, a tenor del colapso que sufren, apuntan algunos expertos.

No obstante, el número de presos en España se ha reducido un 6 % en el último año, pasando de los 58.901 reclusos a los 55.152. Solo entre marzo y junio de 2020, los meses del confinamiento, disminuyó en 2.842.

Una de las principales razones del notable descenso que se produjo en ese periodo fue, según las fuentes consultadas, la suspensión de juicios, la disminución de la delincuencia y el parón de nuevos ingresos de personas condenadas cuyo plazo para entrar en prisión se cumplía en esas fechas.

También se debió a que a una gran mayoría de los reclusos en tercer grado que cumplían condena en centros de inserción social se les impuso control telemático —mediante pulseras o a través de la voz— con el fin de evitar las entradas y salidas diarias de los mismos.