Investigados tres tenientes de alcalde del PSC y un concejal de ERC de Pineda por la expulsión de policías tras el 1-O

• También está investigado el jefe de la policía local de Pineda del Mar
• Se expulsó a los policías de los hoteles en los que se hospedaban
• El fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona denunció

Un grupo de personas concentradas frente a dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona).

Un juez investiga a tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona), del PSC, a una concejal de ERC y al jefe de la Policía Local por coaccionar supuestamente a los responsables de hoteles de la población que alojaban a policías nacionales destinados a Cataluña por el referéndum del 1-O para que los expulsaran, a raíz de una querella de la Fiscalía.

Según han informado fuentes del ministerio público, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha acordado admitir a trámite la querella interpuesta por el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona contra los concejales, a los que acusa de presionar a la cadena hotelera para que expulsaran a los cerca de 500 policías nacionales, amenazándoles con cerrar sus establecimientos durante cinco años.

Concretamente, la querella se dirige contra Carme Aragonés, primera teniente de alcalde, Jordi Masnou, segundo teniente de alcalde y coordinador de Territorio, Silvia Biosca, tercera teniente de alcalde de Comunicación, Mónica Palacín, concejal de ERC en la oposición, y Carles Santecreu, jefe de la Policía Local de Pineda de Mar.

Medio millar de policías nacionales se alojaron en dos hoteles de la cadena Checkin de Pineda de Mar desde finales del pasado mes de septiembre y fueron expulsados el 3 de octubre de sus respectivos establecimientos, después de las concentraciones que se organizaron a sus puertas en protesta por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir la consulta.

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En su auto, el juez acuerda abrir diligencias por un delito de falsedad en documento oficial y otro de coacciones contra los querellados y acuerda citarles a declarar como investigados, aunque sin fijar fecha.

Los querellados habrían usado su autoridad para instar a la expulsión de agentes

Según la Fiscalía, que encargó a la Policía Nacional investigar los hechos, los querellados acudieron la noche del 2 de octubre al hotel Checkin Mont Palau de Pineda "con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión de los funcionarios de Policía que permanecían albergados en sus hoteles".

La primera teniente de alcalde, Carme Aragonés, añade la querella, se dirigió al despacho del director del hotel, "contando con la presencia y apoyo intimidatorios del resto de querellados" y le conminó a desalojar a los policías nacionales, petición que reiteró telefónicamente al gerente de la cadena de establecimientos.

Ante la negativa del gerente a acceder a sus pretensiones, sostiene la Fiscalía, el segundo teniente de alcalde, Jordi Masnou, le advirtió por teléfono, "en tono desafiante y amedrentador" y "enfurecido", que debía "echar a los agentes sí o sí", al tiempo que le recordaba que "él era quien mandaba allí".

El gerente de los hoteles se resistió pero finalmente desalojó a los policías

Como el gerente seguía con sus reticencias, la Fiscalía asegura que Masnou "incrementó su inadmisible presión" sobre el mismo y le advirtió de que "si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente" por un período de cinco años.

"Ante el tenor de las advertencias recibidas e impulsado por el temor a posibles y creíbles represalias", el gerente autorizó al director de los hoteles a desalojar a los policías nacionales antes de las 16.00 horas del 3 de octubre pasado, según sostiene la Fiscalía en su querella.

El ministerio público acusa también a la primera teniente de alcalde y a la concejal responsable de Comunicación de haber exigido a los responsables hoteleros que firmaran un documento "confeccionado mendazmente" para simular un comunicado de prensa conjunto que mantenía que la salida de policías obedecía a una decisión "conjunta" del Ayuntamiento y de la cadena para "garantizar la convivencia" en la población.

La carta negaba cualquier "medida de presión" sobre los representantes de la cadena hotelera, quienes "al ver el texto se negaron expresa y rotundamente a firmarlo por no ser ciertas las manifestaciones contenidas en el mismo", afirma la Fiscalía, lo que no impidió que el consistorio lo distribuyera a los medios de comunicación.

En su auto, el juez acuerda citar a declarar para el próximo 25 de junio al gerente de la cadena hotelera, en calidad de perjudicado, así como al jefe de la Policía Nacional, un inspector y un subinspector del cuerpo como testigos.