La Justicia brasileña analiza este miércoles la sentencia del expresidente Lula da Silva por corrupción

• El Tribunal decide si ratifica, modifica o anula la sentencia de 9 años y medio
• La decisión podría inhabilitarlo de la carrera política, en la que parte como favorito
• Los jueces del Tribunal Regional suelen ser duros contra la corrupción
• El juicio ha crispado la tensión política y amenaza con desestabilizar al país

El expresidente brasileño, Lula Da Silva, en un mitin electoral el pasado jueves en Sao Paolo.

El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, afronta este miércoles el dictamen de tres jueces de segunda instancia que decidirán si ratifican, modifican o anulan la condena a nueve años y medio de prisión que recibió por corrupción pasiva y lavado de dinero. Según la legislación de Brasil, un condenado en segunda instancia no tiene derecho a libertad condicional, por lo que Lula podría ser encarcelado y quedar fuera de la carrera política para las elecciones de octubre, en la que parte como favorito.

En este proceso, uno de los siete que acumula con la Justicia, Lula, de 72 años, fue condenado sobre la acusación de que la constructora OAS le entregó una vivienda triplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en contratos con Petrobras. Los tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) que decidirán sobre el futuro político de Lula están considerados como "duros": Leandro Paulsen, Víctor Luiz dos Santos Laus y Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso relacionado con la trama corrupta destapada en la pretrolera estatal Petrobras.

Horas antes de que se someta al dictamen del Tribunal, Lula ha afirmado ante miles de simpatizantes en Porto Alegre que duda de que en Brasil haya un magistrado "más honesto que yo".

Lula, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción

Magistrados firmes contra la corrupción

La octava sala está caracterizada por haber seguido una línea dura contra los sospechosos por corrupción, ya que apenas ha absuelto a cinco de los 77 condenados por Moro y en la mayoría de los procesos ha confirmado la pena, y hasta la ha llegado a aumentar en ocasiones.

Si bien la trayectoria profesional de Paulsen, Laus y Neto mantiene su dureza contra la corrupción, la tensión aumentó cuando el presidente del TRF4, Carlos Eduardo Thompson, expuso ante diferentes autoridades las amenazas publicadas en Internet que han recibido en las últimas semanas los encargados de analizar la sentencia de Lula.

El trío analizará el recurso de apelación contra la sentencia que dictó en julio el juez Sergio Moro en Porto Alegre, ciudad blindada con un amplio dispositivo de seguridad: desde francotiradores en azoteas, casi 150 cámaras de seguridad, hasta miles de simpatizantes contrarios al exmandatario. El análisis comenzará a las 11:30 hora española (8:30 hora local) y, de ratificarse, podría anular su eventual candidatura para las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Tensión política y temor a la inestabilidad

El jefe de Estado de Brasil, Michel Temer, ha descartado que el juicio pueda afectar la estabilidad del país. "No creo que vaya a generar algún malestar. Se trata de un evento natural", ha afirmado el mandatario en declaraciones a periodistas brasileños al desembarcar en Zúrich y antes de dirigirse hacia Davos para participar en el Foro Económico Mundial.

"Lo único que significa es una cosa: que las instituciones brasileñas están funcionando, y funcionando con toda tranquilidad, lo que, naturalmente, le da mucha seguridad a quien quiera invertir en Brasil", ha dicho en un intento por calmar la situación. El presidente ya afirmó en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo esta semana que prefiere que Lula sea "derrotado políticamente" y no inhabilitado, porque, en su opinión, su "victimización" no es buena ni para el exmandatario ni para el país.

El juicio ha provocado oscilaciones en el mercado bursátil brasileño ante el temor de los inversores de que una posible absolución fortalezca electoralmente a un dirigente que amenaza con frenar las reformas económicas promercado promovidas por el actual Gobierno.

El proceso judicial, además, se produce en el marco de protestas en todo Brasil de movimientos sociales y sindicatos que califican como un "fraude" la posibilidad de que una condena pueda dejar por fuera de la disputa presidencial al actual líder en todos los sondeos. Miles de simpatizantes y detractores de Lula han programado para el miércoles actividades para defender sus posiciones, con campamento y vigilias incluidos. Además, en los últimos días, el clima político se ha calentado con declaraciones como las de la senadora Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores, que llegó a decir que "para arrestar a Lula, van a tener que matar a gente".