La Fiscalía Anticorrupción pide al TSJ valenciano la "adecuada comprobación de las cuentas" del PP

• Considera que hay "datos objetivos" de financiación ilegal del Partido Popular
• Menciona dos informes policiales, entre ellos el conocido este semana

La Fiscalía Anticorrupción quiere que el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) haga "una adecuada comprobación de las cuentas" del PP en esa comunidad autónoma, ya que considera que hay "datos objetivos" de la financiación irregular de esa formación política en el marco del caso Gürtel, entre ellos, los del informe policial conocido esta semana.

Éste es uno de los motivos alegados por Anticorrupción para oponerse al recurso de apelación del PP contra la decisión del juez instructor de Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de inhibirse en favor del tribunal valenciano de la parte de la investigación que afecta a cargos del Gobierno y del PP valenciano (PPCV).

En su escrito, la Fiscalía añade además que no parece "procesalmente posible" que se investigue en un tribunal la percepción de regalos por parte de funcionarios y en otro "los eventuales desvíos normativos y/o de fondos en su departamento en beneficio de quienes le hicieron los regalos".

Anticorrupción señala que la documentación que obra en la causa "no deja duda sobre la existencia de irregularidades" en la adjudicación de contratos públicos de distintos departamentos de la Generalitat valenciana a empresas de la trama Gürtel como Orange Market.

En este sentido, revela que después de acordarse la inhibición se ha hallado documentación "sobre la posesión de pliegos del concurso de Fitur de 2005 por parte de Orange Market antes de la publicación final del concurso".

Dos informes policiales sobre financiación ilegal

También después de la inhibición se han conocido dos informes policiales en los que se concluye que hubo "financiación irregular" de actos del PPCV con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política".

Pedreira remitió a Valencia los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a destacados dirigentes del PPCV y de la Generalitat, entre ellos a su presidente, Francisco Camps.

En el auto que dictó el pasado 25 de mayo, el magistrado añadía que "resulta indubitado" que el TSJM no puede, ni debe, conocer de este asunto, que corresponde al Tribunal Supremo o al TSJCV "si se intenta imputar al presidente de la Generalitat o a varios aforados", y consideraba que lo contrario conculcaría el principio de separación de poderes.