La troika y Chipre no han logrado cerrar un acuerdo sobre la solución de la crisis en que se encuentra la isla mediterránea debido, según los medios chipriotas, a las nuevas exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que deberán continuar este domingo en Bruselas.
Detrás de la crisis de Chipre está el fracaso de la supervisión de la Unión Europea. Durante los 9 años que lleva en la Unión, la isla ha desarrollado una economía basada en un sector financiero enorme y opaco: se creó una burbuja de depósitos bancarios. Pincharla requiere forzar al país a dejar de ser un semi-paraíso fiscal.
Chipre está hoy pendiente de la decisión del Parlamento sobre el impuesto a los depósitos, el punto más importante que falta por determinar para que Bruselas apruebe el rescate. Ha sido una mañana de intensas negociaciones entre los líderes políticos chipriotas y los enviados de la troika.
El Eurogrupo sigue a la espera de conocer el plan B de Nicosia. Por otra parte, a la canciller alemana, Angela Merkel no le gustan alguna de las propuestas de ese nuevo plan de Chipre como es la posibilidad de que el Gobierno chipriota opte por nacionalizar los fondos de pensiones.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha asegurado en una entrevista a TVE que la reacción de la UE a lo ocurrido en Chipre no ha sido buena, pero tampoco con Grecia, Italia o España. "El sistema de toma de decisiones de la Unión Europea creo que merecería un buen análisis de parte de instituciones sobre mejores prácticas", destaca. Lo más importante para Gurría es aprender que lo que ha provocado la crisis es un sistema financiero desproporcionado.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dicho además que "la posibilidad de contagio es inexistente" y ha señalado que la exposición de la banca española a Chipre está por debajo de los 40 millones de euros.
La Comisión urge al país a aprobar la reestructuración bancaria
El parlamento de Chipre ha vuelto a retrasar a esta tarde la votación para recaudar 5.800 millones de euros del rescate. Ese Plan B incluye una reestructuración de los dos principales bancos del país, el Banco popular al borde de la quiebra se transforma en un 'banco malo' y se le transfieren todos los préstamos morosos y depósitos de más de 100.000 euros del otro banco. Además se crea un fondo solidario de inversión y emisión de bonos respaldado por inmuebles del Estado, bienes de la Iglesia ortodoxa y fondos de pensiones de los funcionarios. Este fondo de solidaridad aportaría 2.800 millones y la reestructuración bancaria supondría un ahorro de 2.000 millones, con lo que solo faltarían otros 1.000 para cumplir con Europa. Los clientes del banco popular no pueden sacar más de 260 euros diarios de los cajeros automáticos. La gente hace largas colas en los cajeros, hasta ahora han podido pagar con la tarjeta pero ya hay tiendas y gasolineras que solo aceptan pagos en efectivo.
"Rusia se sumará al arreglo de los problemas financieros de Chipre solo después de que se alcance un acuerdo entre las autoridades chipriotas y la Unión Europea", ha señalado Medvédev en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El banco central de Chipre ha anunciado un plan de reestructuración de la banca para salvar al Laiki Bank, la segunda entidad del país. Además, ha creado un fondo solidario con bienes del Estado para intentar recaudar los más de 5.000 millones de euros que el Eurogrupo pone como condición para el rescate financiero.
Los empleados del banco, que se han manifestado en frente de la Cámara de Representantes en Nicosia, acusan al Gobierno de querer dejar caer a la entidad para reducir la factura del rescate.
Según la prensa del país chipriota, en el Fondo de Solidaridad, cuya configuración no se conoce oficialmente, se incluirían bienes inmobiliarios del Estado y de otras instituciones como la Iglesia ortodoxa y los fondos de pensiones de empresas semipúblicas (que podrían suponer entre 2.000 y 5.000 millones de euros). Además podría quedar abierto a la contribución voluntaria de ciudadanos y empresas.
