La propuesta admitida a trámite en el congreso introduce multas a los clientes y contempla penas de carcel para los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución aunque sea de forma voluntaria. Para el frente abolicionista, que agrupa a medio centenar de organizaciones, es un gran paso.
Aseguran que el incremento de burdeles se ha debido a la despenalización del proxenetismo, aunque sea no coercitivo, o del alquiler de espacios a sabiendas de a que iban a ser dedicados. Rechazan la calificación de las prostitutas como trabajadoras sexuales.
Desde la judicatura la fiscalía considera positivo penalizar a los clientes. Por contra hay quien considera que la norma no solo no solucionará el problema sino que lo conducirá a una mayor clandestinidad.
Sobre a cuántas afecta, solo se cuenta con estimaciones que van de las 45.000 a las 300.000 mujeres en España y de una actvidad que movería cerca de 18.000 millones de euros al año.
