La Audiencia de Madrid inicia este lunes el juicio contra Jesús Pradales, el presunto asesino de Juana Canal. El crimen se produjo en 2003 y en 2022 el presunto culpable confesó haber descuartizado el cuerpo y enterrado los restos de la víctima en una finca de Ávila. El abogado del acusado defiende que se trata de un homicidio involuntario o imprudente, ya que el Pradales reconoció los hechos, asegurando que él no tenía intención de matarla. En cambio, la acusación particular y la Fiscalía sostienen que fue un homicidio intencionado.
La Fiscalía Superior de Murcia estudia la entrada en prisión de los responsables de una red de prostitución de menores. En el informativo '24 Horas Fin de semana', Marta Latorre, portavoz del colectivo feminista Fuste, ha abordado el caso: "La sensación tal y cómo se ha desarrollado el proceso es muy indignante y de total impunidad. No se ha hecho justicia, difícilmente podemos hablar de justicia cuando emanan sentencias con un sesgo machista tan apreciable".
"La movilización social que está habiendo desde que se conoció la sentencia forzosamente ha provocado estos movimientos en la Fiscalía. No solo es una demanda, sino que buscamos hablar de justicia y de reparación para estas víctimas", ha expresado Latorre. Del mismo modo, ha recalcado que estamos ante una normalización de las prácticas de abuso y de explotación sexual y de violencia contra las mujeres de distintas formas. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.
Tratamos el caso de un abuelo que, por sentencia del tribunal supremo, le corresponde hacerse cargo de la pensión de alimentos de sus nietos, que no paga su yerno, por declararse insolvente.
Y esto nos hace pensar si, no solamente van a considerar los tribunales que han de pagar los abuelos en caso de insolvencia absoluta de sus hijos o yernos, sino también en los casos que, hasta conseguir que paguen pudiera ser adelantado por estos abuelos sin perjuicio.
Daniel Sancho "golpeó" a Edwin Arrieta con "intención de matar" al cirujano colombiano y "preparó" el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico, sostiene la sentencia por la que el español fue considerado culpable de asesinato premeditado y condenado a cadena perpetua. Con la sentencia ya en sus manos, los abogados tienen de plazo hasta el 13 de octubre para presentar recursos. Mientras Daniel cumple condena en la prisión de Surat Thani.
