La Fiscalía investigará los mensajes "falsos" y de "odio" contra menores migrantes que han aparecido en redes sociales tras el asesinato el pasado fin de semana de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). En 24 horas de RNE, la abogada penalista María José Ruiz Félez, nos ayuda a entender qué dificultades puede suponer este proceso, el penalizar estas conductas que tienen un impacto negativo a nivel social.
Ruiz Félez explica que, según la gravedad que revistan, emitir bulos puede encauzarse por la vía civil o por el cauce penal. Este último, es decir que el Estado llegue a imponer una pena por un crimen o por una infracción mayor, "realmente es bastante difícil", aclara esta abogada. La penalista señala que no existe un delito "que tenga como acción el difundir bulos" pero sí se castiga la información que se divulga siempre que haga un "legitimado perjudicado por esa información".
En este caso, añade Mª José Ruiz Félez, se han dado una serie de circunstancias -la gravedad de los hechos, la divulgación, el señalamiento de menores de edad y al portavoz de la familia del niño asesinado- que podría hacer que la Fiscalía "eche mano de un informe que emitió durante la pandemia". En él, mostraba el "catálogo de delitos" al cual los fiscales debían reconducir sus acusaciones en determinados casos, explica la penalista: "Lanzaba propuestas para que los fiscales pudieran acusar y entre ellos cuando tenía, por ejemplo, como objeto descalificar un colectivo con circunstancias vulnerables o por razón de su origen, de sus creencias, etcétera, sí podríamos reconducirlo a delitos de odio"
En Murcia unos abuelos luchan por recuperar a su nieto de 5 años. Se le incluyó en un proceso de adopción en contra de su opinión y la de su madre, ya fallecida. Ahora, el Tribunal Constitucional les ha dado la razón y reconoce que la justicia tiene que permitirles optar a la custodia.
Todo empezó hace cinco años. La madre del pequeño, antes de quitarse la vida, dejó escrito ante notario que quería ceder la custodia a sus padres porque no podía hacerse cargo de él. La Consejería de Familia de Murcia, que no ha querido hacer declaraciones, asumió la tutela y se la negó a los abuelos, y abrió el proceso de adopción. Para el Constitucional el interés de los abuelos era "legítimo y evidente". El Tribunal reconoce también su solvencia económica y dice que se vulneraron sus derechos al apartarles del proceso. Esta sentencia reconoce que en una adopción los abuelos tienen legitimación activa para intervenir.
Ahora, la adopción del menor queda en el aire y los abuelos podrán optar, aunque de momento sigue con su familia de acogida. El primer paso será conseguir reanudar las visitas.
