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En un tribunal de apelaciones en San Francisco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se juega una nueva batalla legal. Tres jueces decidirán sobre su decreto que cierra temporalmente la puerta a refugiados y a personas de siete países de mayoría musulmana. De momento los elementos básicos de ese decreto están suspendidos por un juez federal mientras se aclara quién tiene razón.

El exconseller de Presidencia Francesc Homs ha reconocido este miércoles que, como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, fue él quien aseguró al Gobierno catalán de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta del 9N tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) porque el Alto Tribunal no aclaró el alcance de su prohibición ni el Gobierno quiso ser "más preciso" cuando impugnó la consulta.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), ha evitado pronunciarse aún sobre la suspensión del veto migratorio, aunque tomará una decisión "tan pronto como sea posible". Durante la audiencia celebrada este martes, el representante del Gobierno de Estados Unidos ha alertado de que la suspensión judicial del veto de Trump causa un "daño irreparable" al país.

El veto migratorio decretó la suspensión durante 120 días del programa de acogida de refugiados de EE.UU. -o indefinidamente, en el caso de los refugiados sirios- y frenó durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

Posteriormente, un recurso de los estados de Washington y Minesota provocó que el juez federal James Robart suspendiera provisionalmente el decreto de Trump sobre el veto migratorio.

El expresidente de la Generalitat ArturMas ha asumido este lunes todala"iniciativa política" en la organización de la consulta independentista del 9N de 2014, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal" sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament".

Mas ha afirmado que las exconsellerasJoana Ortega e Irene Rigau, y el actual diputado Francesc Homs, se limitaron a obedecer las "directrices" que él mismo dictó para la consulta independentista, en respuesta a su abogado, Xavier Melero, tras negarse a contestar las preguntas de la Fiscalía en el juicio por el caso del 9N.

El juicio contra el expresidente catalán Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Riagu por desobediencia al Tribunal Constitucional por la consulta del 9N ha arrancado con casi una hora de retraso porque los acusados han llegado tarde tras hacer a pie el camino desde el Palau de la Generalitat arropados por el Govern y por independentistas. Las defensas han alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el sistema judicial del país tendrá la culpa si "pasa algo" malo a raíz de la suspensión de su veto migratorio, y que su Gobierno está examinando "muy cuidadosamente" a los inmigrantes y refugiados que llegan al país ahora que el decreto está bloqueado.

"Simplemente no puedo creerme que un juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será suya y del sistema judicial. La gente se está colando (en el país). ¡Mal!", ha escrito Trump en su cuenta oficial de Twitter. "He instruido al Departamento de Seguridad Nacional a examinar a la gente que llega a nuestro país MUY CUIDADOSAMENTE. ¡Los tribunales están haciendo muy difícil este trabajo!", ha añadido el mandatario.

El viernes pasado, el juez federal James Robart bloqueó provisionalmente, mientras revisaba el fondo del caso, el veto que desde el 27 de enero impedía temporalmente la entrada al país de los refugiados de todo el mundo y de los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.