El Tribunal Supremo ha declarado hoy ilegal la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021. "Es una buena noticia para los derechos de la infancia y para el Estado de Derecho", afirma Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, una de las organizaciones que denunció la ilegalidad de estas repatriaciones. Fernández acusa al Ministerio del Interior de falsear la realidad, ya que "cuando estos niños fueron devueltos nos dijeron que eran retornos exigidos".
La sentencia solo afecta a ocho menores y el Tribunal ha pedido que regresen a España, pero la abogada de Coordinadora de Barrios asegura que aún quedan pendientes otras causas. "Es importante que las vulneraciones de derechos sean reconocidas, reparadas y que nos aseguremos de que no vuelvan a ocurrir", añade Fernández.
El año, 2024 comienza marcado por una crisis institucional sin precedentes, con el mandato del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace cinco años. La falta de renovación del órgano ha provocado un colapso en la Justicia, hay 85 vacantes en la cúpula judicial, una veintena en el Tribunal Supremo, que sigue pendiente de la decisión de la Justicia europea de devolver o no la inmunidad a Carles Puigdemont como europarlamentario, después de que el expresidente catalán recurriera la sentencia del TJUE. Al Supremo también tendrá que decidir, entre otros asuntos, si asume la investigación de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democrátic. También tiene que pronunciarse sobre los indultos a los líderes del 'procés' o sobre las reclamaciones al Estado por las restricciones frente al COVID durante la pandemia.
Hoy visita los estudios de “La España vivida” Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Su participación coincide con una etapa agitada de la vida de las instituciones de la administración de justicia y sus órganos de gobierno. Nadie mejor que él para darnos un diagnóstico sobre ese malestar. Pascual Sala nació en Valencia en junio de 1935, en fecha muy próxima, por tanto, a la del inicio de la Guerra Civil. Ingresó en la carrera judicial en 1962 y formó parte de Justicia Democrática, antecedente de la actual Jueces y Juezas para la Democracia, es decir, de la izquierda judicial. En 1982 el PSOE le propuso para un primer cargo de alta responsabilidad institucional, el de consejero del Tribunal de Cuentas, cuya presidencia ocuparía más tarde, entre 1988 y 1990. En ese mismo año fue nombrado presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en aquel momento con mayoría progresista. Concluido su mandato seis años más tarde –tras un corto retraso en la renovación del Consejo- fue nombrado magistrado del Constitucional, cuya presidencia ejercería entre 2011 y 2013, después de la sentencia sobre la reforma del Estatut, que los partidos independentistas identifican con el inicio del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Pascual Sala, en suma, lo ha sido todo en el ámbito de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional en España. Nos interesa mucho, por tanto, su punto de vista sobre la evolución del Estado de derecho y su fortaleza o debilidad actuales, al calor del debate sobre la legalidad de la amnistía, entre otros.
El Tribunal Supremo ha avalado el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de vecinos que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. Sin embargo, los abagodos avisan que no todas las comunidades disponen de dicha cláusula, por lo que tendrán que recurrir a las herramientas legales ya existentes.
