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Los microchips se han convertido en piezas imprescindibles de nuestras vidas y su falta podría comprometer la cadena de producción de muchos productos. La primera ola del COVID paralizó muchos sectores industriales. Las restricciones de movilidad también complicaron la cadena de distribución y suministro al haber pocos proveedores. A su vez, se produjo un auge del teletrabajo y de la demanda de los productos electrónicos y la electrónica de consumo.

Ignacio Mártil, catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, y Noemí Navas, directora de Comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) han explicado que existe una alta dependencia de tres países fabricantes de microchips de altas prestaciones: Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. "Fabricar circuitos integrados es muy caro y no todos están capacitados para hacerlo", ha sostenido el catedrático. Mientras, la Comisión Europea ha planteado que la Unión Europea represente una quinta parte de la producción mundial de semiconductores o microchips. Pero, ante la escasez, entra en juego la geopolítica. "Hasta que se equipare la oferta y la demanda pasará tiempo", ha lamentado Navas y ha añadido que es un problema que afecta “a todo el mundo, incluidas España y Europa”.

¿Hay que ponerle techo al modo de vida que llevamos? ¿Es tan complicado producir microchips? ¿Qué materiales son necesarios? ¿Por qué hay tan pocos países productores? ¿Hay alternativas a estos microchips? En 24 horas de RNE.

Analizamos las consecuencias que pueda tener en Haití el asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia de Puerto Príncipe. Hablamos de la situación política que deja el magnicidio y de como ha sido recibido la noticia en Haití con el politólogo y economista haitiano Joseph Harold Pierre, y entrevistamos a Clifton Macenat, coordinador adjunto de Médicos del Mundo en Haití, para conocer la situación de inseguridad y de pobreza que existe en el país más pobre de América.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado que la respuesta del Gobierno colombiano a las protestas sociales "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal". Así lo ha determinado en el informe presentado este miércoles tras su visita en junio a Colombia para revisar numerosas denuncias de violencia policial y civi en el marco de las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado 28 de abril en contra de una reforma tributaria.