La futura reforma de la Ley del aborto ha provocado, este martes en el Senado, un tenso enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. El ministro de Justicia Ruiz-Gallardón ha anunciado, en respuesta a una pregunta del grupo socialista, que "por primera vez ninguna mujer" podrá ir a la cárcel por abortar, según el anteproyecto de la reforma de la ley.
El Partido Socialista ha pedido que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización extraordinaria de las cuentas del Partido Popular, la contabilidad A y la supuesta contabilidad B, y el descuadre que habría entre ellas. Lo pide tras la información que publica El País que dice que el extesorero Bárcenas fraccionó las donaciones que recibía el partido.
Sobre la medida de la Junta de Andalucía para expropiar viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias de bancos, se ha debatido este miércoles en el Congreso. La oposición pide al Gobierno que tome nota y el Ejecutivo dice que la respuesta a los desahucios tiene que ser de ámbito nacional.
Desde este lunes, 1 de abril, los Juzgados cuentan con los formularios de Hacienda necesarios para pagar las tasas judiciales resultantes de la última reforma, en la que se reduce en un 80 por ciento el tramo variable de las tarifas, y cuya aplicación se encontraba en suspenso desde la publicación del Real Decreto del pasado 22 de febrero. Los usuarios de la justicia disponen de 15 días para realizar la autoliquidación correspondiente desde la citada fecha.
Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a Europa Press que también a partir de este lunes puede solicitarse la exención de las tasas por parte de los colectivos beneficiados en aplicación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que libra del pago de tasas judiciales a colectivos como mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo, menores desprotegidos o discapacitados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizaba que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que falla que la norma no protege a los consumidores. El resto de partidos políticos también ha valorado la sentencia. Desde el PSOE han pedido un decreto ley que paralice los desahucios que estén en marcha, Izquierda Unida ve en la sentencia el triunfo de los movimientos sociales y desde CiU avisan de que los desahucios continuarán hasta que cambie la ley.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha garantizado que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre este asunto. "Nosotros asumimos el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", ha afirmado Ruiz-Gallardón a los medios en los pasillos del Congreso, donde también ha asegurado que el ministerio lo estudiará "en profundidad". La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha referido en Radio Nacional a la renuncia presentada por el fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, cuando ya se había anunciado la apertura de un expediente por reclamar este un "marco legal" para celebrar una consulta soberanista en Cataluña. Según el político 'popular', lo importante no es el contenido de las declaraciones, sino el criterio de no injerencia de fiscales y jueces en asuntos que pueden tener que resolver. "Lo importante es que jueces y magistrados saben, y se lo dice su ley pero además lo dice el sentido común, que precisamente porque ellos pueden ser convocados a dirimir el conflicto último que se plantee es por lo que se tienen que abstener de participar en ese debate", explica. Por otra parte, el ministro pide tras la muerte de Hugo Chávez una "transición razonable y sin violencia" en Venezuela, donde espera que haya una "profundización democrática". (06/03/13).
El Consejo de Ministros tramitará la polémica reforma del Consejo General del Poder Judicial y debatirá si recurre ante el Tribunal Constitucional (TC) la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña después de que el Consejo de Estado haya avalado que el Gobierno acuda al máximo garante de la Constitución en España en contra de esta declaración que define a Cataluña como "sujeto político y jurídico soberano".
