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La comisión encargada de estudiar el posible cambio de los delitos sexuales en el Código Penal no comenzará sus trabajos hasta tener una nueva composición, de hasta 30 miembros, en la que haya un reparto "equilibrado" entre hombres y mujeres. La sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación se ha reunido este jueves por primera vez con 23 integrantes, 19 hombres y 4 mujeres (todas ellas citadas de forma excepcional para este caso), aunque nada más comenzar se ha producido la renuncia del exministro Javier Moscoso, quien ha alegado razones de edad.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que es necesario cambiar "normas, reglas y cultura" tras lo ocurrido con el caso de 'La Manada'. "Algunas sentencias ponen de manifiesto que queda mucho por hacer", ha asegurado en respuesta a la pregunta de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien le ha cuestionado sobre las medidas que piensa desarrollar para garantizar la perspectiva de género en la Justicia.

Catalá ha destacado que España se encuentra en un momento de "transformación social", pero ha señalado que "hay que cambiar "leyes para adaptarlas a la realidad social, así como "comportamientos, cultura y ética" en la aplicación de la reglas.

"Estoy seguro de que si a una mujer, cinco personas le roban un móvil, nadie va a dudar que ha habido intimidación. Creo, por ello mismo, que cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración. Por lo tanto, creo que coincido completamente con su planteamiento. Eso no es un tema de leyes, es un tema de cultura, de implantación de las maneras de entender las cosas y, por tanto, en eso hay que trabajar", ha señalado el ministro.

El ministro de justicia ha asegurado este lunes que el juez que emitió el voto particular en la sentencia por el caso de "La Manada" tiene algunos expedientes abiertos. En la cadena Cope, Rafael Catalá ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado preventivamente, aunque ha evitado dar detalles concretos. Cs ha criticado estas palabras, mientras que el PSOE mantiene la misma posición del ministro.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido el proceso de selección de la catedrática María Elósegui como representante española en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) y ha rechazado que el Gobierno haya tenido que ver. Al respecto, el PSOE le ha afeado que promoviera su candidatura por ser una "jueza integrista y homófoba" y ha pedido la dimisión del ministro. Catalá ha apuntado que quizá se iba contra la juez por ser una mujer y tener "convicciones religiosas". El ministro ha mostrado desde su escaño un documento que asegura además que Elósegui colaboró con el Instituto de la Mujer en la etapa socialista.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, mantiene que el PP va a proponer al parlamento la reforma de la prisión permanente revisable con algún supuesto añadido. En una entrevista en La Noche en 24 Horas, Catalá ha explicado que la pena, incorporada por una reforma en el código penal en 2015 aprobada por el PP, "se aplica a los delitos más graves, asesinatos por terrorismo, penas sexuales... Lo hicimos porque España se había convertido en una isla en Europa, donde no existía. La incorporamos con todas las garantías constitucionales, jurídicas. Pensamos que era necesaria", ha señalado.

Según ha opinado Catalá, "algún grupo pretende la derogación y nosotros intentamos escuchar a la sociedad, hemos visto que reiteradamente el 80% de los españoles dicen que apoyan la prisión permanente revisable. En esas circunstancias, nos parece que no solo no hay que derogarla, sino que ese dolor que se infiere a las familias de un asesino debe ser reformado".

Preguntado por las críticas de la oposición, en concreto por el PSOE, que acusa al Gobierno de "utilizar a los muertos políticamente", Catalá, que califica la frase de "deleznable", ha insistido en que "el dolor de las víctimas no es revisable".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido este martes que "solo convocando elecciones", "no se arreglan las cosas" y por tanto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no evitaría que se aplicarán las medidas del artículo 155 de la Constitución, acordadas en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado y que previsiblemente se aprobarán en el Senado el próximo viernes.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Catalá ha asegurado que "el incumplimiento flagrante de la Constitución y el Estatut" no se soluciona únicamente con una celebración de unos comicios autonómicos, pues a su juicio, se precisa también que Puigdemont confirme que "no ha declarado la independencia de Cataluña" y "cumpliendo con la legalidad".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha valorado en Las mañanas de RNE la intención del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de acudir al Senado a exponer sus apelaciones a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero ha advertido que eso no es suficiente. Tal como ha subrayado, es necesario un compromiso de cumplimiento de la legalidad.

"Si viene al Senado y viene con una declaración de independencia efectuada en el Parlamento anteriormente, yo creo que esto es una declaración de intenciones de ser contumaz en un planteamiento que le pone al margen de la Constitución, al margen de la ley y que además le somete a una responsabilidad personal desde el punto de vista jurídico muy importante", ha señalado.

El caso Gürtel ha vuelto a colarse en la sesión de control también en una pregunta de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Vera ha acusado al PP de usar la "bandera" y la crisis en Cataluña para "tapar su corrupción" y Catalá le ha pedido "respeto" a la presunción de inocencia y a lo que dicen los jueces y fiscales.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes en una entrevista en Los Desayunos de TVE, que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, "no puede" declarar la independencia tras el referéndum celebrado el 1 de octubre. Catalá ha advertido de que, si lo hace, "entonces habrá que aplicar la ley". Pese a ello, el ministro de Justicia se ha mostrado cauto ante una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución: "No estamos para dividir a los españoles" ha señalado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha lanzado un aviso a la Generalitat sobre su petición a los alcaldes catalanes para que cedan locales para el referéndum del 1 de octubre: "Confío en que les dejen en paz y que no los obliguen a hacer lo que no se puede hacer", ha señalado.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Catalá ha insistido en que no se puede "coaccionar", ni obligar a nadie a "hacer algo contrario a la ley".

Aún así ha querido rebajar la tensión y ha asegurado que nadie irá a la cárcel tras el 1 de octubre, como tampoco nadie fue encarcelado por la consulta del 9N.