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Un comité asesor de 50 expertos trabajará en medidas concretas para proteger a la infancia y a la adolescencia de la exposición a la pornografía en internet. Beatriz Izquierdo, criminóloga y autora de "De los Reyes Magos al porno", celebra que una legislación intente poner freno a muchos peligros online, pero recuerda que la legislación "siempre va por detrás de un conflicto social": "No tenemos una educación afectivo-sexual, y la pornografía no puede suplirlo (...) Hay que deconstruir todo el imaginario que los niños y niñas se han ido formando" y hacerlo "mediante una educación afectivo-sexual adecuada a cada edad". También insiste en retrasar lo máximo los smartphones a los menores y, en caso de proporcionarles uno, formarnos bien y hacerlo cumpliendo la ley, que impide, entre otras cosas, el acceso a WhatsApp a menores de 16 años. 

Charlamos en nuestro videopódcast con Carles López Picó, presidente de Plataforma de Infancia. Se trata de una alianza de entidades sin ánimo de lucro que trabaja para que se logre el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Está integrada, en la actualidad, por 76 instituciones involucradas con el bienestar de la infancia. Su origen se remonta a 1997.

La Plataforma de Infancia pretende aunar los esfuerzos de organizaciones de ámbito estatal que trabajan en el ámbito de la infancia con la idea de crear un espacio de coordinación que defienda, promueva y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes en España conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Una convención aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, con el fin de proteger los derechos de todo ser humano menor de dieciocho años, considerando que los niños, niñas y adolescentes no deben ser tratados como objeto de beneficencia, sino como sujetos de derecho con necesidades e intereses específicos.

Hace unos meses, más de 20 menores en Almendralejo (Bajadoz) fueron víctimas de la manipulación de la imagen de sus cuerpos mediante inteligencia artificial. Esta semana, la madre de una de las víctimas y un equipo de expertas están en Bruselas presentando a los europarlamentarios sus propuestas para evitar que estos casos se repitan. Miriam Al Adib, madre de una de las víctimas, es ginecóloga y divulgadora de edudación sexual: "Muchas mujeres que me han escrito contándome sus casos repetían que se han sentido completamente solas, que no han recibido apoyo". "Los centros escolares no hacen nada porque no saben qué tienen que hacer", añade. Por eso piden herramientas y medidas contra todo tipo de violencia entre iguales en la infancia y la adolescencia: "Se trata de tener clara una serie de estrategias para que no haya dudas y evitar este daño a las víctimas".
 

  • Más del 60% de los adolescentes ha visto porno alguna vez en su vida
  • La edad media a la que ven porno por primera vez es a los 12 años, aunque algunos lo hacen desde los 8 años
  • 'Porno en la adolescencia', en Objetivo Igualdad, sábado 11h en La2 y domingo 14:30h en el Canal24h

Algo más de 16.000 menores tutelados viven en Centros de protección de menores esperando a ser acogidos por una familia. Algo más de un millar son menores de 6 años. El desconocimiento o el miedo a que el menor ya tenga su familia de origen hace que sean pocas las familias que dan el paso. Salomé ha sido madre de acogida de Antonio durante los últimos 2 años, en lo que se llama un acogimiento temporal. Antonio tenía 7 años y una discapacidad física de un 68%, tras sufrir una enfermedad poco frecuente, Histiocitosis de células Langerhans, de la que solo el 30% de las personas logran curarse. Juntos han recorrido hospitales, especialistas y han vivido una operación tras la que Antonio estuvo 6 semanas escayolado, 4 meses en silla de ruedas y rehabilitación. Con 9 años y una vez recuperado, vuelve con su madre biológica, Reyes, a Guinea Ecuatorial. Precisamente el éxito de un acogimiento es que el menor vuelva con su familia de origen.

Hablamos de abusos sexuales en la infancia y de sus secuelas, con algunos datos bajo el brazo. Un reciente informe de la Fundación Anar publicado el pasado diciembre sobre la Conducta Suicida y la Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España, de 2012 a 2022, dice que la violencia contra el menor está detrás de un 60% de los casos de este tipo de conducta. El principal perfil: una mujer adolescente, de entre 13 y 17 años, de familia migrante, con bajo rendimiento escolar, y víctima de agresión sexual, entre otros datos. Abordamos este asunto y lo hacemos pasando las páginas de Lolita contra el lobo (Serendipia Editorial), la historia de Laura Strego, ilustradora, superviviente de este tipo de violencia, que sufrió precisamente entre los 12 y los 17 años por parte de un amigo de su hermano que tenía siete años más que ella. Nos acompaña también la coautora de este libro, una colega, Nuria Coronado, periodista especializada en feminismo, que también ha escrito Mujeres de frente, Hombres por la Igualdad y Comunicar en Igualdad. Además, nos damos una vuelta por el Museo del Prado para conocer el papel de las mujeres como promotoras y benefactoras de las artes.

toleranciacero.rne@rtve.es

Desde este curso en los colegios existe la figura del llamado coordinador de bienestar, un profesor o un miembro del equipo directivo que organiza actividades para sensibilizar y llegado el caso, proteger a las víctimas bullying. Esta figura se contempla en la ley de la infancia, pero como la competencia es de las comunidades la situación de cada una es muy diferente: en Castilla y León y Cataluña todavía no está esta figura en los centros; en la Comunidad de Valencia, Andalucía, Baleares, Galicia o Aragón alegan que ya tienen docentes con funciones similares.

Algunas comunidades como Aragón o Navarra prevén formación para el profesorado porque reclaman que muchos no tienen más información que la pone en la ley. Trabajan temas de acaso y convivencia en el centro y se coordinan con servicios sociales. En Extremadura esta figura la desempeñan educadores sociales.

Informa Alba Urrutia

El deporte como herramienta para prevenir y detectar actitudes violentas. La Fundación Jero García desarrolla un programa llamado 'deporte versus violencia' con acciones para proteger de la violencia a niños y adolescentes. Entrevistamos al ex boxeador Jero García y al atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo ; además de evitar la violencia a través del deporte, hablamos de la integración a través del deporte.

Hace un año se aprobaba en España la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, un texto pionero que incluía novedades como el incremento del plazo de prescripción de los delitos graves, e instauraba la prueba preconstituida para menores de 14 años, además de establecer que cuando los hijos han vivido violencia de género en casa se suspendan las visitas del padre. Pasos muy importantes que ha valorado positivamente en Las mañanas de RNE la jueza Cira García, titular del Juzgado de Violencia de Género de Albacete, que ha afirmado que tras la aprobación de la ley "se han acordado un 132% más de suspensiones de regímenes de visitas". García, al mismo tiempo, ha reconocido que queda mucho por avanzar, empezando por escuchar más a los niños y a las niñas, "y con garantías adecuadas", la jueza ha sido rotunda al afirmar que "hay que desterrar la idea de un niño no tiene que ir a un juzgado". Además, ha remarcado que "seguimos reivindicando mas juzgados con competencias exclusivas".

Informa Alba Urrutia. 

Se cumple el primer aniversario de la aprobación de la Ley orgánica de Protección Integral de la Infancia. Según Save the Children, esta norma convierte a España en un país pionero en esta materia. Andrés Conde, director de esta ONG, afirma que la forma de acabar con la violencia es concienciando a la población. También pone en valor la importancia de esta ley, ya que asegura que tiene el marco de protección más exigente que existe en el mundo en esta materia. La educación digital también es uno de los tantos retos de futuro para combatir la violencia.

Abordamos la explotación sexual de menores tuteladas, y el plan de acción recientemente aprobado contra este tipo de abuso, tras salir a la luz en los últimos años numerosos casos en Madrid, Baleares, Canarias y Valencia, entre otras comunidades. Unos 35.800 menores están hoy bajo la tutela del Estado: el 53% en acogimiento familiar; y un 47% en centros residenciales. De estos últimos, la mayoría son varones entre los 15 y los 17 años; y un tercio son mujeres, 5.600. Algunas de esas niñas, ahora adultas, suenan esta semana en Tolerancia Cero. Dolores Riquechi tiene 21 años. Desde los 6 y hasta la mayoría de edad, creció en centros de menores de Madrid, lugares en los que la sombra del abuso estuvo siempre presente. Sara Casas, de 37 años, también fue niña tutelada, y lucha ahora por recuperar a sus cuatro hijos, que han terminado igualmente bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Lydia Mouta, desde Bilbao, narra una situación similar. Y, por último, desde Rne en Palma de Mallorca, interviene Lidia Crispi, educadora social, y portavoz de la Asociación Infancias Robadas. Además, hablamos de explotación sexual pero desde otro enfoque: el endurecimiento de las penas en el caso de que las víctimas de trata sean personas refugiadas de la guerra de Ucrania, una cláusula que se introducirá en el Código Penal.

toleranciacero.rne@rtve.es

Un niño ha sido asesinado en la Comunidad Valenciana a manos de su padre, que ya contaba con una orden de alejamiento respecto a la madre. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, señala en Las Mañanas de RNE que “todavía se puede mejorar la legislación” en materia de violencia de género. Ya que, como explica, en lo que respecta a la protección de los menores “no está pensada para estos casos”, sino para los niños que quedan huérfanos.

La delegada recuerda también la importancia de revisar los regímenes de visitas cuando afecten a hijos de víctimas de violencia de género, tal y como se estableció en la reforma del Código Civil que entró en vigor en septiembre de 2021: “Siempre será mejor reparar un régimen de visitas que reparar una infancia rota”, señala.

Abordamos en Por tres razones los abusos sexuales en el seno de la Iglesia después de la reunión que tuvo hace unas semanas el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con víctimas. En ese encuentro estuvieron, por ejemplo, Marina, Juan y Teresa Conde Santos: "Se me ha cuestionado aunque el cura reconoció lo que me hizo".

Otra de las víctimas que nos acompaña en el programa es Fernando García-Salmones: "Al sacerdote que abusó de mí su entorno lo protegía". Considera que "Omella es amigo de la causa" y que ahora mismo la Iglesia está actuando bien.

Ya está en marcha la auditoría de los abusos sexuales a menores encargada por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. "Nos jugamos nuestro prestigio. La comisión es independiente. No representamos a la Iglesia" nos explica Diego Solana, abogado del bufete de abogados.

La comisión que aún no ha echado a andar es la parlamentaria, que va a presidir Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo. Con esta Comisión está de acuerdo Infancia Robada porque recoge los diez puntos que ellos solicitaron. Su abogada, Leticia de la Hoz, está en Por tres razones también. "Nacimos a partir del caso de Gaztelueta, el caso de abusos en un colegio de Bilbao". No está de acuerdo con la comisión del Congreso Miguel Hurtado, fundador de Infancia Robada, que defiende una investigación a semejanza de la Comisión de la Verdad del Reino Unido.

La auditoría de la Iglesia para investigar los abusos a menores busca "reparar a las víctimas del pasado y del presente", como ha indicado el Cardenal Omella. De ello hemos hablado con Juan Catrecases, miembro de la Asociación Infancia Robada y padre de un joven que sufrió abusos sexuales en el colegio Gaztelueta de Leioa. En su opinión, la investigación llega "mal y tarde", y es que el hecho de que el presidente del despacho de abogados encargado se haya identificado como integrante del Opus Dei, le hace pensar que la auditoría "está viciada".

"Después del tratamiento que el Opus está haciendo del caso de mi hijo, la ponemos en duda", ha declarado el padre del menor, quien considera que la investigación "no ofrece los parámetros suficientes de independencia". Catrecases ha destacado también la labor que llevan haciendo durante años las víctimas, así como la más reciente insistencia de los organismos públicos por esclarecer los casos.

Algo se está moviendo en la política. Esta semana el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con una de las últimas víctimas en alzar la voz y contar su caso, el escritor Alejandro Palomas. Además, algunos partidos han pedido que se investigue en el Congreso. Por primera vez el Congreso abre la puerta a investigar los abusos a menores en el seno de la iglesia católica. La iniciativa parte de Unidas Podemos, ERC y Bildu, que piden que se cree una comisión en la cámara para esclarecer los hechos. No hay nada cerrado todavía y la decisión depende en gran medida del PSOE, que está estudiando dicen la mejor fórmula. No descartan que pueda ser una comisión extraparlamentaria con expertos independientes.

FOTO:EFE/Fernando Villar

Fernando sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote siendo niño. Décadas después, denunció y fue escuchado. Ahora, sigue luchando para que ningún otro niño pase por el mismo infierno. "Hay que desarrollar algún sistema que ayude a los niños a saber responder y a protegerse", insiste, ya que los abusadores hacen a los niños sentirse culpables, lo que les impide contarlo. "Aquí no hay nadie orquestado para atacar a la Iglesia. Aquí estamos las víctimas", recuerda. "Estamos hablando de gente herida, de niños sin infancia", añade. Y pide que se escuche a las víctimas para seguir dando pasos importantes. "Ojalá esto no sea un fogonazo y realmente se empiece a cambiar algo", nos dice.

Laviolencia vicaria es aquella en la que el maltratador utiliza a los niños para hacer el mayor daño posible a sus madres. En 2021, en España, seis menores han sido asesinados por la pareja o expareja de sus madres. La cifra asciende a 45 menores asesinados desde 2013, pero hay datos que habla de un millón y medio de menores que viven en un ambiente de violencia en nuestro país. En el origen de todos los casos, asegura la psicóloga Sonia Vaccaro, está el machismo. Para prevenirlos, la Ley de protección integral a la infancia y adolescencia recoge la suspensión de las visitas cuando los niños hayan sufrido violencia en casa.

Hablamos con Paz Lloria, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, especialista en violencia de género. Hasta ahora no se consideraban estas situaciones como violencias directamente vinculadas con la violencia de género. "Creo que [la violencia vicaria] se visibiliza más pero todavía queda mucho por ver, sigue habiendo mucha cifra negra, y ahí hay que trabajar todavía", explica Lloria. ¿Qué señales podemos detectar en un agresor? "Es difícil si nos fijamos en datos muy objetivos como la edad, la posición económica o la formación", apunta esta especialista. "Pero sí que hay datos que en ocasiones nos pueden dar una pista, que son sobre todo aquellos hombres que quieren ser muy controladores y ejercer un dominio sobre toda la familia". Lloria cree que visibilizando el problema es más fácil estar vigilante y poder dispensar protección a los menores "porque las propias madres pueden demandarla". Además, señala el papel de los familiares y las personas del entorno de la mujer, que son esenciales en la detección del maltrato. La profesora Lloria apunta a que no siempre son satisfactorias las soluciones de la justicia, ya que falta formación de género, aunque cree que depende de muchos factores. Sobre los retos de 2022 para acabar con la violencia machista, Lloria cree que el foco "tiene que seguir siendo la formación desde cero en igualdad y en valores. Y hay que hacer un esfuerzo desde el mundo político para no negar esta situación o para rechazar a quienes niegan la existencia de algo que es tan palpable [...] Hay que dejar claro quehablar de violencia de género no significa desprotejer a ancianos, ni a niños, ni a hombres, son cosas distintas. Es una tarea de educación política".

Natalia Molas, presidenta de “Somos + mujeres sobrevivientes a la violencia machista” dice que es muy importante avanzar para eliminar los beneficios a los que acceden los maltratadores y que les pueden permitir ver a sus hijos: “La condena que ellos nos han impuesto a nosotras no se acaba nunca”. Molas lamenta que no ha cambiado casi nada y que queda muchos por hacer porque “las lesiones psicológicas duran toda la vida, sobre todo a nuestros hijos e hijas. El maltrato deja una huella imborrable en la mente de esas criaturas”. Molas insiste en la necesidad de unidades especializadas para denunciar y juzgar con empatía a estas mujeres y a sus hijos. Apoya muchos de los argumentos la ex vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad del CongresoCarmen Calvo, a la que Molas ha pedido que se elimine toda posibilidad de que los niños vean a su padre: “La mujer es un animal que defiende a sus cachorros. Cuando tiene la más mínima posibilidad de que esos cachorros estén mal, se echa atrás y se ve aguantando que le peguen, que la violen, antes de consentir que sus criaturas se vayan con un señor entre cuatro paredes sin la protección que les da su madre”. Calvo responde que hay mecanismos para evitar eso pero que hace falta especialización, formación y sensibilidad social y llama mucho la atención sobre la idea de que los hombres se impliquen más en esta lucha: “Los hombres son muy importantes. Me gustaría un 25N donde las mujeres no salgamos y lo hagan los hombres”

Marisol González es víctima de violencia de género. También es jueza, titular del juzgado de violencia de género de Palencia. Desde julio y después de años de lucha, su agresor está en prisión. Eso le está permitiendo tanto a ella como a sus hijos recuperarse: “Ya no podía mas, no aguantaba. Los niños estaban muy mal. Desde julio comenzó mi recuperación y me he incorporado a trabajar. Me ha ayudado a mucho ver las cosas desde mi propia experiencia”. Reconoce que la justicia aun necesita empatía, pero aclara que ella, pese a ser víctima y jueza, es capaz de filtrar e identificar las situaciones reales: “No quiere decir que yo vaya a darle órdenes de alejamiento a cualquiera. Cualquier gesto, comportamiento. Lo analizo, sé lo que vive. Aún debe reformarse la ley porque hay muchas lagunas sin cubrir”. En esas reformas incluye lo que afecta a los niños y cuenta su experiencia: “A mis hijos les ha costado mucho recuperarse. Sobre todo al mayor. A mí, su padre me amenazó con un cuchillo y no me lo clavó gracias a que apareció él. Ha visto todo. Los retrasos y una dejadez ante la situación que ellos mismos tenían”. Insiste en que los menores necesitan una protección especial: “Ahora que está en la cárcel lo han encajado ahora bien. Se están recuperando y estamos muy contentos. Esta es nuestra nueva vida”.

La protección de los niños frente a la violencia "es un reto global", nos dice Vicki Bernadet, resiliente de abusos sexuales en la infancia, que ahora intenta que ningún niño pase por lo mismo a través de la ayuda que ofrece su Fundación. Es fundamental, insiste el magistrado Tomás Luis Martín, que al niño "se le escuche y se le informe en un lenguaje comprensible". Martín es titular del primer juzgado especializado en violencia contra la infancia. Con ellos ha hablado Noemí Martínez, en la celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia por parte del Ministerio de Derechos Sociales.