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El Observatorio Estatal para la Dependencia ha emitido su dictamen. En el mismo se calcula que entre 60.000 y 70.000 personas han fallecido esperando una prestación. La reducción de las listas de espera las atribuyen a estas muertes. Estiman que ahora hay 190.000 dependientes a la espera de una asistencia. Las comunidades que mejor han soportado los recortes son Castilla y León y País Vasco. Las que peor lo han hecho Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana (31/01/14).

En España, según cifras oficiales, cerca de un millón de personas tienen concedida una prestación económica de este tipo. De ellas alrededor de 750 mil la están recibiendo ya, mientras que casi una cuarta parte de los que tienen derecho permanecen en lista de espera.

El director general del Imserso, César Antón, afirma la ley de dependencia "sigue viva y en marcha" y asegura que no se ha suprimido ninguna prestación de la normativa inicial, a la que ha calificado de "compleja" y "farragosa". Cree que la ley puede ser sostenible en el presente y en el futuro con las medidas adoptadas por el Gobierno y apuesta por que las personas que más lo necesitan sean atendidas en primer lugar (10/05/13).

Los padres de Alba Ojeda han anunciado que no seguirán recogiendo tapones de plástico para costear el tratamiento de su hija de 4 años, aquejada de graves daños cerebrales. La subida del transporte y la caída del precio del plástico son los responsables.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros datos, para evitar el fraude, tal y como detecta un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia entre 2007 y 2011.

Esta es una de las principales conclusiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este miércoles en Madrid, el día en que se ha conocido el documento preliminar del Tribunal de Cuentas que alerta de que había 29.169 personas que, habiendo fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia, y por las que las comunidades recibieron un total de 140,3 millones de euros. Según el informe, este importe fue recuperado por el

Bajo el lema "SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo", colectivos de toda España que representan a las personas con discapacidad y a sus familias han tomado la calle por primera vez para alertar de la deuda que comunidades autónomas y ayuntamientos mantienen con las entidades que se encargan de atender a los discapacitados y que pone en riesgo el empleo de 15.000 personas.