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Una de cada tres personas dependientes no está recibiendo actualmente ninguna prestación o servicio, a pesar de que es un derecho que les asiste por ley. Lo ha revelado este martes el Observatorio Estatal para la Dependencia. En su informe reconoce una ligera mejoría en la situación, a partir de mediados de 2015, pero después de tres años de estancamiento en la atención a esas personas, que ha engrosado las listas de espera hasta cifras insoportables, y aún peor, ha abierto una brecha profunda entre las distintas comunidades autónomas. Hablamos con José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Por primera vez, el promotor de una iniciativa legislativa popular (ILP) la dediende ante los diputados en comisión. Se trata del presidente del CERMI, que aglutina a organizaciones de apoyo a la discapacidad, que ha presentado casi 740.000 firmas para cambiar la Ley de Dependencia de 2006. Piden sobre todo ajustar los copagos, que consideran demasiado altos, por lo que, dicen, muchas personas no pueden acceder a las ayudas.

En España, hay casi 2.500.000 de personas dependientes que necesitan ser cuidadas. Ocho de cada diez encargados de ello no son profesionales. En la inmensa mayoría de los casos, se ocupan de esa labor los familiares que casi siempre son mujeres. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología quiere reconocer esa labor callada y apenas reconocida socialmente. Hablamos con José Antonio López Trigo, presidente de la SEGG.

Las personas dependientes representan el 2,5% de la población española tras la incorporación en julio de 445.000 dependientes moderados. El nivel de cumplimiento de la ley que recoge su derecho a atención y prestaciones, varía de unas comunidades a otras. Aprueban con nota, Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Extremadura y la Rioja. El resto, suspende. Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, más de la mitad de los dependientes tiene más de 80 años y desde 2012 demasiados han muerto antes de recibir su prestación. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Agenda Social, que incluye tres proyectos con medidas de apoyo a personas con discapacidad, jóvenes y mujeres. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado el compromiso "por y para las personas". También ha explicado que estas medidas suponen un impulso a la política social del Ejecutivo y tienen por objetivos de consolidar el crecimiento económico y fortalecer el Estado de Bienestar.

El Observatorio Estatal para la Dependencia ha emitido su dictamen. En el mismo se calcula que entre 60.000 y 70.000 personas han fallecido esperando una prestación. La reducción de las listas de espera las atribuyen a estas muertes. Estiman que ahora hay 190.000 dependientes a la espera de una asistencia. Las comunidades que mejor han soportado los recortes son Castilla y León y País Vasco. Las que peor lo han hecho Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana (31/01/14).

En España, según cifras oficiales, cerca de un millón de personas tienen concedida una prestación económica de este tipo. De ellas alrededor de 750 mil la están recibiendo ya, mientras que casi una cuarta parte de los que tienen derecho permanecen en lista de espera.

El director general del Imserso, César Antón, afirma la ley de dependencia "sigue viva y en marcha" y asegura que no se ha suprimido ninguna prestación de la normativa inicial, a la que ha calificado de "compleja" y "farragosa". Cree que la ley puede ser sostenible en el presente y en el futuro con las medidas adoptadas por el Gobierno y apuesta por que las personas que más lo necesitan sean atendidas en primer lugar (10/05/13).

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros datos, para evitar el fraude, tal y como detecta un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia entre 2007 y 2011.

Esta es una de las principales conclusiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este miércoles en Madrid, el día en que se ha conocido el documento preliminar del Tribunal de Cuentas que alerta de que había 29.169 personas que, habiendo fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia, y por las que las comunidades recibieron un total de 140,3 millones de euros. Según el informe, este importe fue recuperado por el

Bajo el lema "SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo", colectivos de toda España que representan a las personas con discapacidad y a sus familias han tomado la calle por primera vez para alertar de la deuda que comunidades autónomas y ayuntamientos mantienen con las entidades que se encargan de atender a los discapacitados y que pone en riesgo el empleo de 15.000 personas.