Justicia

• Le Senne rompió unas fotos de víctimas de la Guerra Civil en un Pleno en el Parlament balear
• El dirigente de Vox ha anunciado que no dimitirá y que solo aplicó el reglamento

• Partidos políticos y colectivos denuncian sin ser necesariamente las víctimas directas
• El PSOE trata de acotar las acusaciones populares en la ley

• En 2015 la ley cambió el concepto de imputado por el de investigado
• Por su parte, un investigado tiene derecho a no declarar

La condición de imputado se sustituye por investigado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. Un término jurídico que esta ley define como la persona sobre la que tan sólo recaen meras sospechas y, por ello, resulta investigada. En el tercer capítulo de '¿De qué me hablas?' sobre palabras relacionadas con la justicia, la periodista Cristina Domaica explica que, pese a las confusiones, imputado e investigado significan lo mismo.

Informa: Cristina Domaica

Realización: David Sieira

La acusación popular es un derecho constitucional en el que un partido político, una asociación o un colectivo participa en un proceso penal sin ser víctima del presunto hecho delictivo. A lo largo de los años partidos de diversas ideologías han intentado limitar este derecho. En el cuarto capítulo del formato '¿De qué me hablas?' sobre palabras relacionadas con la justicia, la periodista Cristina Domaica explica qué es la acusación popular.

Informa: Cristina Domaica

Realización: David Sieira

• El Ministerio Público pide para el acusado prisión permanente revisable
• El jurado se reunirá este jueves para deliberar y emitir su veredicto

• A un aforado le juzga un tribunal distinto al resto de ciudadanos
• Seis comunidades autónomas han eliminado el aforamiento

• Tendrá que estudiar el recurso de Amador contra la apertura de una pieza separada para investigar "otros delitos"
• Además, el novio de Ayuso pide al TS que se conserven los datos del móvil de Cerdán y otros ex altos cargos de Moncloa

La Audiencia Provincial de Madrid delibera este miércoles sobre el recurso presentado por la defensa de Alberto González Amador, que trata de evitar que se le abra una segunda pieza a la pareja de Ayuso. Concretamente, los magistrados deben decidir si se le imputan nuevos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

FOTO: Imagen de archivo de Alberto González Amador. EFE/ Rodrigo Jimenez

• La madre solo podrá visitar a su hijo en Cerdeña, en Italia, lugar de residencia del otro progenitor
• El equipo jurídico de Juana Rivas ha confirmado que recurrirá la sentencia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enseñado este martes varios certificados de avión de noviembre de 2018. Pertenecen a los días en los que Víctor de Aldama le acusa de haber estado en un piso de Madrid bajo la compañía de mujeres prostituidas, dentro del marco del 'caso Koldo'. Con estos certificados, ha intentado demostrar que el día de los hechos estaba en Canarias y que "quedan claros los embustes". El ministro ha argumentado que estos informes confirman que cogió varios aviones los días 8, 9 y 10 de noviembre. Por otra parte, Koldo García se ha sometido a una prueba caligráfica para comprobar si la letra de los documentos presentados por Aldama le pertenece.

• Un auto de la magistrada de Catarroja señala que los daños materiales "no se podían evitar", pero "las muertes sí"
• También quiere saber si "alguna otra autoridad" se unió al Cecopi antes del envío de la alerta a la población

• Son términos jurídicos que se usan en las causas penales
• En 2015 la ley cambió imputado por investigado

Fede Cardelús y el abogado Jaime Sanz de Bremond explican el funcionamiento de los tribunales populares, cuando se cumplen 30 años de ‘La Ley del Jurado’ en España.

• Señala que le dio un correo genérico porque el empresario quería "ayudar al Ayuntamiento"
• Asegura que no influyó "nada" en los trámites para traer las mascarillas de Luis Medina

• La Fiscalía ha pedido su aplazamiento para salvaguardar sus derechos
• El juez lo pospone hasta que declare en la otra causa en el Supremo

La violencia sexual que ejerce una pareja o expareja es de las más silenciadas. La normalización, el temor a no ser creídas o a que se minimice este tipo de violencia provoca no salga a la luz y que las supervivientes tarden en relatarlo. En Objetivo igualdad hemos hablado con la activista contra la sumisión química Marta Asensio, con la psicóloga de Mujeres Opañel Mar Cañadas y la abogada de la asociación Mujeres Juristas Themis Cristina Ventura.

En este programa hablamos de evaluar la presión, hemos visto que los documentos que la evalúan no son los que nosotros quisiéramos ni con la profundidad que a nuestro criterio deberían tener, pero es importante. Años atrás se pensaba que era ilegal evaluar las prisiones o hacer encuestas a las personas presas. 

Hoy día sabemos que es necesario, hemos dado un paso adelante en la necesidad de evaluar siempre lo que hace la administración pública.

• La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para Rubiales por agresión sexual y coacciones
• Y solicita año y medio para los otros tres acusados por coacciones

• Las defensas de los acusados por coacciones han negado el delito y piden la absolución para sus clientes
• La acusación pide dos años y medio de cárcel para Rubiales y año y medio para los otros tres acusados