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Los funcionarios de la Administración de Justicia se encuentran en huelga para reivindicar un aumento salarial. "Estamos reclamando el reconocimiento de las funciones que efectivamente realizan los cuerpos generales y especiales en los juzgados. Es un conflicto latente desde hace más de 20 años", afirma en los micrófonos de RNE Javier Jordán, presidente de la Sección Nacional de Justicia del sindicato CSIF. El detonante, explica, ha sido el acuerdo alcanzado con los letrados, tras el que acusa al Gobierno de haber cerrado el conflicto en falso. Para desconvocar la huelga, insta al Ministerio a mostrar voluntad de negociación en dos vertientes: la retribución y la redefinición de funciones, por un lado, y la ley de eficiencia organizativa de los juzgados, por otro. Con todo, acusa al Gobierno de haber cerrado la puerta a la negociación: "Le hemos exigido al Ministerio de Justicia que nos plantee una oferta económica concreta sobre la que podamos negociar. Y a eso se ha negado de momento".

Los magistrados y fiscales amenazan con ir a la huelga indefinida a partir del 16 de mayo si no se atienden sus reivindicaciones. En 24 horas ha estado María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, explicando lo que quieren: "Hemos hecho la convocatoria de huelga, pero no queremos llegar a ese punto. Confiamos en que entre el 3-16 de mayo se revisen nuestras retribuciones", ha explicado. "Nos hemos dado cuenta de que sí se pueden hacer subidas al margen de la subida del IPC con la huelga de los letrados", ha argumentado. María Jesús del Barco considera que tanto el ministerio de Justicia como el de Hacienda le han "tomado el pelo".

La eurodiputada de JxCat y exconsellera catalana de Educación en el Govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, no ha acudido este lunes a declarar ante el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena le había citado a las 11.00 para comunicarle su procesamiento por un delito de su desobediencia en el marco del referéndum ilegal del 1-O. La defensa de Ponsatí ha presentado un escrito en el tribunal en el que justifica esta decisión en que tiene trabajo en el Parlamento Europeo. Por su parte, la eurodiputada ha pedido al juez Llarena que deje sin efecto su procedimiento judicial debido a su inmunidad como eurodiputada.

El Gobierno de Italia culpa a los tribunales de la fuga de un empresario ruso cercano al Kremlin, mientras estos señalan al Ejecutivo. Es el frente abierto en torno a Artem Uss, empresario ruso reclamado por la justicia estadounidense. Detenido en Milán en octubre del año pasado por una orden internacional, los jueces de esta localidad decidieron que mientras se tramitaba la orden de extradición podía esperar en su residencia italiana con un brazalete electrónico.

Foto: Artem Uss