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El artículo 117 de la Constitución es el primero dedicado al poder judicial, el tercero de los poderes del Estado junto al ejecutivo y el legislativo. Establece que la justicia emana del pueblo y que se administra en nombre del rey, pero que recae en jueces y magistrados "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, habla sobre el principio de independencia judicial.

Se habla de las influencias políticas en el poder judicial, pero esto es un temor que se maneja en la mayor parte de los casos sin ningún fundamento. No se puede acusar con carácter general de politización ni a los jueces como personas ni a la justicia como institución

Donald Trump y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, han protagonizado un enfrentamiento por el bloqueo de un decreto presidencial para restringir el derecho de asilo. Una crónica del corresponsal de RNE en Washington, Fran Sevilla.

Después de la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y del anuncio del magistrado Luis Rodríguez Vega de que retira su candidatura como vocal, en el 14 horas de RNE nos preguntamos si hay posibilidades de que salga adelante un pacto para modificar el actual sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Empezamos con el bloqueo del órgano de gobierno de la justicia que se vislumbra en el horizonte. Pese a que la negativa del magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial ha motivado la ruptura del pacto para la renovación, la tramitación parlamentaria para designar a los vocales que figuraban en el acuerdo fraguado entre PP y PSOE se mantiene. Este miércoles están citados dos de los cuatro juristas candidatos a conformar el Consejo. El jueves el pleno del Congreso se pronuncia sobre la idoneidad de esos 10 candidatos. El presidente del Gobierno ha elevado llamamiento a los populares para que reconsideren su cambio de posicionamiento.

El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, renuncia a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. PP y PSOE habían acordado su nombramiento, así como el nombre de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.