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"Cada vez se hace más política en los tribunales y menos en los parlamentos". Así se ha referido el magistrado y exportavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Joaquim Bosch, en una entrevista en La Hora de la 1 cuando ha sido preguntado por la querella presentada este pasado lunes por el Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el 'caso Koldo'. 

Una anuncio que reúne una serie de problemas, ha declarado el magistrado, para que la causa salga adelante. El principal, a su juicio, es "la falta de requisitos subjetivos y objetivos para que puedan abrirse unas diligencias". El PP se basa en las publicaciones del digital The Objetive acerca de un empresario que acudía a Ferraz con dinero a cambio de favores políticos. Empresario y favores políticos que no han sido identificados. Una serie de elementos que, en opinión de de Bosch, dificultan que se cumplan los objetivos jurisprudenciales "para que pueda incoarse un procedimiento penal".

"Hay una judicialización constante de todo con un espacio mediático como complemento de las acciones en los juzgados que está impregnando de manera muy intensa el debate político", concluye.

En este programa hablaremos sobre la sentencia del 19 de junio, que tiene que ver con la definición de lo que va a llamar la sentencia “los besos robados”. Esta sentencia contempla un supuesto sobre un policía y el beso que le dió a una mujer detenida en el calabozo. De esto y más hablaremos en este programa.

Se cumplen 25 años de la desaparición y asesinato de Rocío Wanninkhof. El caso, muy mediático desde el principio, estuvo plagado de graves errores policiales y judiciales. Se acusó del crimen a una mujer, Dolores Vázquez, que había sido pareja de la madre de la joven. Pasó un año y medio en la cárcel y justo cuando habían ordenado repetir el juicio, detuvieron al verdadero asesino, Tony King, que había matado a otra joven, Sonia Carabantes.

La Hora de la 1 ha entrevistado al abogado penalista, Miguel Chacón, sobre el caso de prostitución de menores en Murcia. Este letrado ha afirmado que "no suele ser lo usual en este tipo de delitos, principalmente porque afectan a menores y las penas se suelen disparar en el Código Penal". Aunque desde la reforma del 2015, hay una serie de requisitos en función de los cuales, si se cumplen, se pueden suspender las penas. Entre estos requisitos están: "que no sean reos habituales, que se trate de penas de prisión individualmente considerada, que exista una conducta de abonar esas responsabilidades civiles, reparar el daño o abonar ciertas multas".

Históricos dirigentes de ETA como Xabier García Gaztelu, alias 'Txapote', y José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu', o Juan Carlos Iglesias Chuzas, 'Gadafi', podrían ser excarcelados ya el próximo 2025, adelantando su liquidación de condena al descontarse los años en que pasaron en prisión en Francia, gracias a la aplicación de la reforma de la ley orgánica 7/2014, actualmente en trámite parlamentario en el Senado, según ha avisado en un informe la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

FOTO: Los exdirigentes de ETA Javier García Gaztelu 'Txapote' e Irantzu Gallastegi, en un juicio en la Audiencia Nacional. EFE/ Javier Lizón

Este programa trata de los acuerdos entre los fiscales y los acusados. ¿Saben los ciudadanos cuál es la razón por la que los fiscales rebajan las penas, cuando son los propios acusados los que reconoces el delito que han cometido? ¿Qué pasó en concreto en el acuerdo que se llevó a cabo entre el fiscal y los acusados en la audiencia de Murcia, precisamente de los acusados sobre los graves delitos de prostitución de menores?

De todo esto hablamos en este capítulo.

Un tribunal ruso ha condenado a ocho años de cárcel a una enfermera acusada de difundir noticias falsas sobre el Ejército ruso en dos mensajes que publicó en las redes sociales. Olga, de 60 años, niega haber publicado en VKontakte mensajes pacifistas criticando el bombardeo ruso en Vinnitsia y la ocupación de Bucha. Asimismo, cree que este proceso es por un conflicto por su trabajo y sus frecuentes visitas a la tumba del opositor ruso Alekséi Navalni. Se enfrenta a ocho años de cárcel.

También destaca el caso de una pediatra rusa, que también se enfrenta a hasta 10 años en prisión. La madre de uno de sus pacientes, mujer de un soldado muerto en Ucrania, la denunció por, según ella, decirle en la consulta que los militares rusos eran objetivos legítimos. Al poco de empezar la invasión de Ucrania, la Duma, el parlamento ruso, aprobó leyes muy duras que hacen muy peligroso criticar la guerra o al ejército. Los castigos van desde multas a hasta 15 años de cárcel.