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La Audiencia Provincial de Münster, en el oeste de Alemania, juzga desde este martes a un exguardia de las SS hitlerianas, de 94 años, por su presunta complicidad en centenares de muertes en el campo de concentración nazi de Stutthof, en territorio polaco, entre junio de 1942 y septiembre de 1944. Crónica del corresponsal de RNE en Berlín, Gabriel Herrero.

Estrasburgo ha dado la razón a Arnaldo Otegi y ha fallado en contra de España por no atender la recusación por parcialidad presenada por el dirigente abertzale. El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos Julio Agustín Pérez Gil ha asegurado en una entrevista en Radio 5 que la sentencia es una "victoria moral" para la izquierda abertzale pero que no va más allá, aunque supone un "tirón de orejas" para la justicia española.

Los jueces y fiscales irán a la huelga el día 19 de este mes. Como ha explicado Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, se ha convocado "por la pasividad y el desprecio" a la justicia mostrada tanto por el Gobierno anterior como por el actual. Sobre la reunión de mañana con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Rodríguez ha dicho que "habría posibilidad de desconvocar si hay propuestas concretas y tangibles".

137 años de prisión, de los que cumplirá 17. Con este acuerdo se ha cerrado el juicio contra el exprofesor y religioso Pedro Antonio Ramos, que ha reconocido que abusó sexualmente de 18 alumnos. Fue entre 2013 y 2016 cuando era profesor del Colegio Lasalle Maravillas de Madrid.

La Fiscalía del Tribunal Supremo acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide para ellos penas de hasta 25 años de prisión: 25 para Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

El presidente de la Generalitat, Quim Torraha mostrado su "inmensa indignación" ante unas "interminables penas" contra los líderes del proceso independentista y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de la represión" y de haber perdido una "oportunidad de oro".
En una declaración conjunta en el Parlament junto al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, Torra ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del proceso independentista.

El Gobierno de España ha defendido este viernes las conclusiones provisionales presentadas por la Abogacía del Estado en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los principales dirigentes del proceso soberanista catalán, ha asegurado que se han realizado sobre la "profesionalidad" y "bajo criterios técnicos y jurídicos" y ha negado que haya "gestos" a los independentistas en esta decisión.

"No se trata de gestos, [el escrito de conclusiones provisionales] se ha realizado sobre la profesionalidad de la Abogacía bajo criterios técnicos y jurídicos", ha afirmado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para quien "esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión técnico-jurídica de valoración de los hechos y aplicación, en su caso, del Código Penal bajo unos criterios estrictamente profesionales".

La Fiscalía del Tribunal Supremo acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide para ellos penas de hasta 25 años de prisión: 25 oara Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

Celso Rodríguez de la Asociación Profesional de la Magistratura en Radio 5 explica que el escrito de la Fiscalía en relación a los líderes del procès es coherente porque a lo largo del proceso siempre mantuvo la probabilidad de la comisión de determinados delitos, entre ellos el de rebelión. Sin embargo, dice, la Abogacía mantuvo los mismos delitos y sin embargo ahora solo mantiene el de sedición y malversación. Señala también que lo habitual es que tanto Fiscalía como Abogacía coincidan aunque no tiene que ser así siempre. 

Ignacio González Vega de Jueces para la Democracia entiende que ambas instituciones no tienen porqué coincidir y explica que la Abogacía incide más en el delito de malversación con petición de penas muy elevadas porque recuerda que le corresponde defender al fisco. Tampoco considera que haya una valoración política en su decisión.