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Hasta junio de 2010, la justicia española consideraba que una sociedad no podía cometer delitos y se investigaba a sus administradores, pero la última reforma del Código Penal introduce determinadas infracciones por las que se puede juzgar a una empresa, mientras, en paralelo, se buscan reponsabilidades de personas físicas.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar en calidad de investigada a la entidad financiera BBVA como persona jurídica en el caso Vllarejo, un caso que ha ido creciendo como una bola de nieve. Recordamos este caso que comenzó hace 15 años. Informa Usúa Irastorza

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles imputar al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo. Después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, citara a declarar como investigados a ocho directivos y exdirectivos de la entidad este mismo mes, entre ellos el que fuera consejero delegado del banco Ángel Cano y el exjefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano, el Ministerio Público va un paso más allá y pide ahora la imputación del banco por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

La Fiscalía ha pedido al juez que retire al pasaporte a José Villarejo Gilel hijo del comisario jubilado, y le obligue a comparecer cada quince días en el juzgado.

Tanto él como el exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, y el inspector jubilado Antonio Bonilla han acudido este lunes como investigados a la Audiencia Nacional para declarar en el marco de la pieza Pit, que se centra en el encargo del naviero Ángel Pérez Maura a Villarejo para evitar su extradición a Guatemala.

Además de solicitar estas cautelares para José Villarejo, los fiscales han pedido que se imponga una fianza de 15.000 euros a Bonilla como condición para que siga en libertad.

El juez ha citado como investigado por el presunto espionaje a Pablo Iglesias al periodista Alberto Pozas que hoy estaba citado como testigo.

El viernes dimitió de su cargo como número dos de comunicación en La Moncloa después de el excomisrio Villrejo asegurara que fue el periodista quien le entregó un pen drive con informaicón sobre el líder de Podemos

El periodista Alberto Pozas, que dimitió como director general de Información Nacional de Moncloa la semana pasada, ha sido imputado este lunes tras declarar como testigo en la pieza 10 del caso Tándem, que investiga la documentación que tenía en su poder el excomisario José Manuel Villarejo sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El hasta ahora número dos de Comunicación de Presidencia, Alberto Pozas, ha dimitido tras ser vinculado por el excomisario Villarejo con el móvil robado a una asistente de Pablo Iglesias. Pozas, que declarará el próximo lunes en calidad de testigo, considera que está siendo "utilizado para atacar al Gobierno y al presidente".