Gobierno de España

Los morados acusan de deslealtad a los socialistas y de actuar de forma unilateral sin contar con Igualdad, quien defienden es competente, que había visto fallos en el texto. Sostienen que el acuerdo era registrar la ley de forma consensuada y con la firma de los partidos del Gobierno. El PSOE los acusa de abrir la veda al no haber apoyado la iniciativa, una norma que persigue toda forma de discriminación, aseguran.

Es el primer voto diferenciado y no pone en peligro la tramitación de la proposición de ley del PSOE, pero añade un paso en la distancia que separa a ambos socios de Gobierno y que se vienen manifestando con la pugna en el terreno de la Igualdad.

Informa David Fernández.

Los socios del Gobierno han puesto este martes voz a las discrepancias que mantienen por la ley trans y LGTBI. Unidas Podemos acusa al PSOE de bloquear el debate de la ley en el Consejo de Ministros, extremo que ha negado la vicepresidenta Carmen Calvo y dice que se están recogiendo aportaciones de todos los Ministerios. Pero desde Igualdad quieren que esta ley salga adelante cuanto antes, no entienden la dilación porque aseguran su propuesta ya tuvo el respaldo en 2019 de los socialistas y de los letrados del Congreso y recuerdan que habían acordado con la vicepresidencia primera llevarla al Consejo de Ministros en esta primera quincena de febrero. Unas peleas internas que llegan al Congreso y los socios de Gobierno empiezan a cansarse. La ley trans no es el único asunto en el que discrepan. Unidas podemos ha prentado enmiendas al proyecto del Ingreso Mínimo Vital. Y esta tarde se vota por primera vez la llamada ley Zerolo de igualdad de trato que el PSOE presentó en solitario, Unidas Podemos no ha desvelado aún qué votará

El Gobierno ha publicado la lista de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 para que puedan ser reclamados por cualquiera que ponga en duda su titularidad. Se trata de 20.000 templos o lugares de culto y casi 15.000 lugares con otros fines, como viviendas, locales o solares, que la Iglesia registró a su nombre apoyándose únicamente en una certificación eclesiástica gracias a primera ley hipotecaria aprobado por el gobierno de José María Aznar. Esa modificación hizo que bastara que la propia diócesis dijera que era su titular para poner el bien a su nombre, algo que ocurrió por ejemplo con la Mezquita de Córdoba y la Catedral de Sevilla.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado que España ha adquirido otros 20,8 millones de vacunas de la empresa Pfizer. De esta forma, España dispondrá de 50 millones de dosis de este laboratorio durante todo el año. Montero también ha destacado que las nuevas vacunas llegarán de manera progresiva a partir del mes de abril con la esperanza de alcanzar el 70 por ciento de la población vacunada según los plazos que se ha marcado el Gobierno.

La Iglesia católica de España inmatriculó 34.961 bienes desde 1998 con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de Aznar y hasta 2015, según el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno y enviado este martes 16 de febrero al Congreso de los Diputados. Así lo ha indicado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Desde 1996, con Aznar, cambio que la iglesia pudiera inscribir una lista de inmuebles que hemos remitido al Congreso de los Diputados, cumpliendo un acuerdo del año 2017 que instaba al Gobierno a que hiciera el trabajo de confección de la lista de bienes inmatriculados por la iglesia católica, que afecta a todo el territorio y a diversas tipología de bienes". De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 que no se relacionan con estos usos: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título "bastante y suficiente para la demostración".

Pablo Iglesias no da un paso atrás y se reafirma en que no hay plena normalidad democrática y política en España. Las críticas al vicepresidente del Gobierno por esas palabras continúan este jueves. Con un manifiesto, exdirigentes del PSOE como Nicolás Redondo, Joaquín Leguina o José Luis Corcuera piden que el vicepresidente sea destituido.

Desde que Andalucía propuso habilitar las plazas de toros para afrontar una vacunación masiva contra el coronavirus, varias comunidades autónomas han empezado a negociar espacios en los que acelerar las campañas de innmunización. El Gobierno mantiene su confianza la capacidad de respuesta del sistema sanitario para cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población al final del verano.

• Sanidad mantiene su objetivo de vacunar al 70% de la población española antes de finales de verano
• Coronavirus: última hora en directo | Mapa de España | Evolución de la curva | Hospitales y UCI
• Vacunas en España | Guía de restricciones | Mapa mundial​

• También suscriben el manifiesto antiguos y actuales políticos del PP y de Cs como Álvarez de Toledo o Francisco Igea
• Los firmantes también arremeten contra el presidente del Gobierno por invitar a Pablo Iglesias a formar parte del Ejecutivo

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha reafirmado este jueves en su posición de que hay situaciones que revelan que España es una "democracia mejorable", unas declaraciones que pronunció este lunes para referirse a la situación de los presos del 'procés y que volvieron a poner de manifiesto las diferencias en el seno del Ejecutivo. "Que moleste tanto es la mejor prueba de que es la puñetera verdad", ha señalado.

En una entrevista en Rac 1, Iglesias ha recalcado que seguirá diciendo que "vivimos en una democracia mejorable" a pesar de "las amenazas" y de que eso moleste "a señores muy poderosos", en referencia a un manifiesto promovido este jueves por unas 200 personalidades del mundo político y económico -entre ellas, exdirigentes del PSOE- que pide su destitución por cuestionar la normalidad democrática en España.

"Tenemos una democracia que hay que mejorar; y defenderla no es decir que es perfecta, eso es mentir, protegerla es denunciar todos los defectos que tiene, que son enormes, y trabajar para mejorarlos", ha dicho. Foto: EFE

Gobierno y agentes sociales todavía no han llegado a un acuerdo, pero sí tienen la convicción de seguir el camino marcado por los tribunales, es decir, que los trabajadores de las plataformas de reparto a domicilio sean considerados asalariados. La CEOE quiere, asimismo, que se pueda subcontratar autónomos si hay picos de demanda. Gobierno y empresarios no hablan con una sola voz, tampoco el colectivo, puesto que muchos de ellos quieren seguir siendo autónomos.

Informa Esperanza Martín

Todo a expensas del documento de resumen que emita el Gobierno y que necesita el visto bueno de las cúpulas. Por eso, quizá, nadie habla de principio de acuerdo, pero sí de acercamiento. Gobierno y agentes sociales coinciden: la mayoría de los repartidores que trabajan para plataformas tendrán la consideración de asalariados, algo que de entrada no convence a buena parte del colectivo que así se lo ha hecho saber por carta a la ministra de Trabajo. Hay acuerdo en el gran titular, es lo que dicen los tribunales e inspección, otra cosa es determinar cómo las empresas argumentan que un trabajador es autónomo.

Fuentes próximas a la negociación han dicho a Radio Nacional que CEOE quiere cambios en la subcontratación de autónomos. En contra de la norma también casi 1.000 restaurantes que han pedido al Gobierno una ley que no dañe aún más a la hostelería. Informa Esperanza Martín.

Con el rapero Hasel a punto de entrar en prisión y decenas de artistas pidiendo su libertad, los socios de Gobierno emprenden una carrera en la defensa la libertad de expresión.

Todo comenzó este lunes por la tarde: Podemos avisa al Gobierno de que hoy registrarían en el Congreso una propuesta de ley para reformar el Código Penal. Hora y media después, Moncloa se adelanta y da a conocer a los medios su propuesta. Con poco detalle, la intención es sacar del castigo penal los excesos verbales en contextos artísticos, culturales o intelectuales.

Para el PP y Vox, por su parte, esa reforma no es ni urgente ni necesaria. Foto: EFE/ Mariscal

• Los 'morados' aseguran que informaron este lunes a sus socios de Gobierno antes de que Moncloa reaccionara
• El PSOE niega descoordinación y enmarcan la propuesta de Podemos dentro de la campaña electoral en Cataluña

La reforma de los delitos que restringen la libertad de expresión ha sido el último tema en sumarse a la lista de asuntos que agrietan la relación entre PSOE y Unidas Podemos. La formación de Pablo Iglesias asegura que, horas después de que 200 artistas firmaran un manifiesto pidiendo la libertad del rapero Pablo Hasél, avisó a La Moncloa de su intención de registrar hoy en el Congreso una proposición de ley para reforzar la libertad de expresión. Pero poco después, el ministerio de Justicia anunció que prepara cambios en el Código Penal para minimizar esos delitos. La campaña electoral en Cataluña parece haber agudizado estos ambos socios que también hemos visto en materia de vivienda o igualdad.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno planteará la iniciativa de la reforma sobre los delitos de libertad de expresión y que su objetivo es incluirlos en la reforma que prepara el Ministerio de Justicia del Código Penal, la cual será preparada conjuntamente con el Ministerio de Interior.

“El Gobierno ya expresó la voluntad de plantear una iniciativa que permita justamente garantizar la proporcionalidad en la aplicación de esta norma y por tanto aportar un marco más seguro de mayor capacidad de defensa de la libertad de expresión”, ha recalcado.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo ha apuntado que desconoce que su socio de Gobierno haya presentado una iniciativa similar en el Congreso. Foto: EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Estrategia de Almacenamiento Energético, con la meta de alcanzar los 20 gigavatios (GW) en 2030 y los 30 GW en el horizonte de 2050, permitiendo así respaldar el despliegue de energías renovables para que sean claves en garantizar la seguridad de suministro y en facilitar unos precios más bajos de la energía. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que representa "un paso más para hacer real y viable la estabilización de los precios de la luz en el medio plazo".

• A su juicio, es "evidente que hay una situación de excepcionalidad" y, como miembro del Ejecutivo, "debe reconocerlo"
• Ciudadanos pide el cese "inmediato" de Iglesias por dudar de la calidad democrática en España e ir en contra del interés nacional
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Este lunes, las comunidades autónomas han empezado a recibir las primeras 200.000 dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra la COVID-19. Esta tercera vacuna aprobada en la Unión Europea y en España ha obligado a cambiar los grupos prioritarios porque se va a administrar solo a menores de 55 años.  En el resto de edades no está probada, y ahora se sabe además que es poco eficaz para la variante sudafricana del virus.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sostiene que no hay "normalidad" democrática en España porque los líderes condenados por el 'procés' siguen en prisión y Puigdemont fugado en Bélgica. En una entrevista con el diario Ara apunta: "Es una situación algo problemática que a ningún demócrata nos puede gustar" y subraya que es "evidente" que estos casos "deterioran la calidad democrática" del país.