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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este martes, entrevistada en el Canal 24h, quesiete de los 50 heridos que seguían hospitalizados tras los atentados de Barcelona y Cambrils por lo que son 43 las personas que siguen ingresadas.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habló "desde el primer minuto" con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont tras el doble atentado. La relación con la Generalitat tras los atentados empezó con esas "primeras conversaciones", ha explicado, y continuó al día siguiente con la reunión conjunta presidida por Rajoy en la Consellería de Interior de todos los operativos.

Además, ha valorado el trabajo conjunto de "máxima colaboración y cooperación", no solo de los Ministerios del Interior, de Justicia y de Asuntos Exteriores, de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino también de las instituciones locales, en especial, del Ayuntamiento de Barcelona y de las policías locales de Barcelona y Cambrils, así como la colaboración ciudadana.

En relación con reunión del pacto antiyihadista celebrada este lunes, y la decisión de Podemos, ERC, PdeCat y el PNV de permanecer como observadores, ha dicho que ellos son quienes "tienen que dar las razones de su estatus" y que lo que tiene que hacer el Gobierno es "trabajar por la unidad" porque "la unidad de los demócratas es la debilidad de los terroristas".

Sobre la decisión de la CUP de no asistir a la manifestación convocada el próximo sábado en Barcelona contra el terrorismo ha dicho que "no lo entiende", que son "unos radicales" y que este tipo de decisiones se toman "cuando uno no tiene las cosas claras en defensa de la vida y la libertad".

El Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de un laudo arbitral de obligado cumplimiento para solucionar el conflicto del aeropuerto de Barcelona-El Prat. "Dado que ya no hay otra vía que el arbitraje, el Gobierno, después de analizar la situación el Consejo de Ministros, ha acordado establecer un arbitraje obligatorio como medio para solucionar la huelga", ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este miércoles por la tarde, el titular de Fomento ha explicado que las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo para elegir a un mediador.

En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá a las partes para que formulen sus alegaciones. El árbitro designado tendrá un plazo máximo de diez días para tomar una decisión que tiene que ser acatada por ambas partes, aunque puede ser recurrida ante la Justicia.

El Gobierno ha aprobar la puesta en marcha de un laudo arbitral obligatorio para resolver el conflicto en el aeropuerto de El Prat. Así lo ha asegurado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras el Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado este miércoles. De la Serna ha explicado que las partes tendrán un máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo para elegir a un mediador.

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El Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles por la tarde para analizar la situación en el aeropuerto de El Prat tras la convocatoria de la huelga indefinida de los vigilantes de Eulen.

Así lo ha confirmado el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en una rueda de prensa en Barcelona después de presidir la primera reunión de la comisión de seguimiento de la huelga indefinida de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat.

De la Serna ha negado "rotundamente" que se hayan ejercido presiones sobre los trabajadores de Eulen, ni sobre "ninguna de las partes" del conflicto laboral para que aceptaran la propuesta de la Generalitat en el proceso de mediación. También ha destacado la "normalidad" en el aeropuerto barcelonés durante este primer día de huelga general de los trabajadores de los arcos de seguridad.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este viernes que se incrementará "significativamente" la presencia de la Guardia Civil en los controles de seguridad del aeropuerto Barcelona-El Prat debido a la huelga indefinida de trabajadores de Eulen, convocada a partir del lunes 14 de agosto. Está por definir el número de efectivos, pero las funciones, las dejaba claras el ministro de Fomento: garantizar la seguridad y el orden público. "No se trata de sacar a la empresa (Eulen) del aeropuerto ni de sustituirla, sino de incorporar medios de la institución que tiene las competencias para que aporten las garantías de seguridad y mantenimiento del orden público", ha puntualizado De la Serna.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que este viernes se reunirá en Barcelona un comité de crisis, que estudiará "todas, todas las alternativas" para asegurar la seguridad, el orden público y la menor afección" de los viajeros en la huelga indefinida convocada por los trabajadores de los controles de seguridad del Aeropuerto del Prat a partir del 14 de agosto después de que hayan rechazado la propuesta de mediación de la Generalitat.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este lunes de que si la Mesa del Parlamento catalán califica favorablemente la proposición de ley de referéndum registrada por Junt pel Sí y la CUP el Ejecutivo lo recurrirá inmediatamente, porque es "una nueva patada al sistema democrático". Así lo ha asegurado tras el encuentro que ha mantenido con el rey en el Palacio de Marivent, en su tradicional despacho veraniego.

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha solicitado este sábado el apoyo de los socialistas frente a la "deriva alocada" del independentismo en Cataluña y ha insistido en que no va a celebrarse una consulta el 1 de octubre porque el Gobierno central va a responder siempre "de manera tranquila, pero firme" ante cualquier ilegalidad.

El presidente del Gobierno ha advertido que "no habrá referéndum el 1 de octubre" y ha argumentado que no lo habrá porque el TC ha dicho claramente que es inconstitucional y por lo tanto ilegal, porque va directamente contra la propia arquitectura constitucional que "ha dado a Cataluña el mayor nivel de autogobierno de toda su historia". Aunque ha insistido en que él siempre ha estado dispuesto "a dialogar de la mejor manera en beneficio de todos", ha recalcado que lo que "nadie puede pretender" es que negocie la ruptura de la Constitución, que no es patrimonio suyo, ni del Gobierno, sino del conjunto de los españoles. Rajoy ha recordado que "no le corresponde a él decidir el futuro de Cataluña sino que le corresponde a todos los españoles".