Pink Floyd vende sus derechos a Sony por 400 millones, que se van a embolsar, entre Roger Walters, David Gilmour y Nick Mason, los tres que quedan de un cuarteto que ha vendido casi 300 millones de discos en 60 años. Conservan sus derechos de composición, que siguen perteneciendo a cada autor. Venden sus canciones, sus icónicas portadas o su merchandising. Con 400 millones, el grupo británico se coloca tercero, por detrás de lo pagado por los catálogos de Queen o Bruce Springsteen, pero adelantando a Bob Dylan, Neil Young o Beach Boys.
Las negociaciones para formar gobierno en Austria, tras la victoria del ultraderechista Partido de la Libertad (FPO) en las elecciones del pasado 29 de septiembre, comenzarán este viernes con un encuentro entre el presidente del país, Alexander van der Bellen, y el líder de la formación de extrema derecha, Herbert Kickl. A raíz de esto, hoy en 24 horas de RNE hablamos de la relevancia que tuvo el partido nazi en Austria en 1945.
¿Qué queda del nazismo en Austria? ¿Qué queda del franquismo en España? Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, hace un viaje por la historia de los legados de los pasados infames en este nuevo capítulo de 'La historia interminable'.
Antonio Herrera, militar en la reserva, nos cuenta lo que vio en el Donbás como jefe del Centro de Gestión de la Información en la misión especial de monitorización de la OSCE en Ucrania entre 2016 y 2021.
Ha sido asesor para el desarrollo de Sistemas de Información de la Misión Civil de Monitorización de la Unión Europea en Georgia, y anteriormente trabajó en la OTAN en asuntos de inteligencia. Además es miembro del Minerva Institute.
'Diario de Ucrania' es un podcast que publicamos todos los miércoles en el que encontrarás el contexto necesario para entender lo que está pasando en la guerra tras la invasión rusa. Escuchamos a analistas, militares, periodistas, trabajadores humanitarios y a los ciudadanos ucranianos y rusos que sufren en primera persona este conflicto.
Hoy ha roto su silencio Julian Assange. El fundador de Wikileaks ha hablado por primera vez desde que recuperó la libertad el pasado mes de junio. Lo ha hecho ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Allí ha dicho que es libre, no porque el sistema haya funcionado, sino porque se declaró culpable de hacer periodismo.
"Me declaro culpable de hacer periodismo, de buscar información, de obtenerla y de compartirla con los ciudadanos", ha dicho Julian Assange. El australiano ha remarcado que no está libre gracias a un sistema garantista y democrático, sino porque accedió a negociar con la justicia estadounidense tras siete años recluido en la embajada de Ecuador y cinco en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido a la espera de extradición.
"Elegí la libertad frente a una justicia irrealizable, tras años detenido y ante una petición de condena de 175 años", ha dicho Assange, que ha desvelado que su acuerdo de liberación con Estados Unidos le impide pedir amparo a la Corte Europea de Derechos Humanos.
Washington le acusó de atentar contra la seguridad nacional al revelar miles de documentos clasificados, como un ataque estadounidense en Irak que mató a once personas, entre ellas dos periodistas.
Assange lamenta todo lo que a su entender se ha retrocedido en derechos en el tiempo que ha estado preso. "Hoy hay más represalias por decir la verdad y más autocensura", afirma.
Flanqueado por su esposa y por el portavoz de su organización, Wikileaks, ha dicho que ahora trata de aprender a ser padre y ha pedido que Europa garantice una sociedad libre e informada. "Sigan con la lucha" se ha despedido.
Cuando el nuevo decreto de seguridad de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, entre en vigor, participar en una manifestación en Italia conllevará penas de hasta dos años de cárcel. Para la CGIL, el sindicato mayoritario en el país, limitar el derecho de manifestación es un ataque a la democracia. El decreto incluye también que los inmigrantes sin papeles tienen prohibido adquirir una tarjeta sim para su teléfono si no tienen un permiso de residencia, algo que supone una contradicción para diversas asociaciones de migrantes, ya que sin teléfono dejarán de estar controlados La ocupación de viviendas entra en la lista de nuevos delitos, con 2 a 7 años de cárcel, o utilizar a un menor para mendigar, castigado con hasta 5 años.
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