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Italia se enfrenta a la llegada masiva de emigrantes con un dispositivo que en poco más de seis meses ha rescatado del mar a más de 20.000 y ha detenido a 66 personas que presuntamente se lucraban transportándoles. Muchos subsaharianos y cada vez más sirios se arriesgan en embarcaciones frágiles para alcanzar las costas europeas.

En el este de Ucrania, los activistas prorrusos mantienen su pulso al gobierno de Kiev y rechazan el ultimátum para que abandonen los edificios públicos que ocupan desde hace días, incluido la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, antiguo KGB) en Lugansk, donde además mantienen una acampada de protesta para pedir la federalización del país.

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El primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, ha viajado este viernes a la ciudad suroriental de Donetsk para tratar de calmar los ánimos de los activistas prorrusos que desde hace días desafían al poder de Kiev y ocupan la sede del Gobierno regional.

El gobierno ucraniano dio un plazo de 48 horas a los manifestantes para que depusieran las armas y abandonaran los edificios, un plazo que termina precisamente este viernes. Las autoridades de Kiev advirtieron que podrían usar la fuerza contra los activistas.

En Donetsk, Yatseniuk se ha reunido con representantes de la política y los negocios de la región, a quienes ha asegurado que el Gobierno ucraniano no tiene intención de derogar la ley de 2012 que permite la existencia de dos lenguas cooficiales -ucraniano y ruso- donde una minoría supere el 10% de la población.

Los prorrusos siguen dentro de la sede de los servicios secretos ucranianos, en Lugansk. Llevan desde el domingo y, de momento, ahí se van a quedar. El presidente interino de Ucrania, Alexandr Turchínov, ha prometido no perseguir judicialmente a los activistas que depongan las armas y abandonen los edificios administrativos que ocupan en varias ciudades del este del país.

El presidente interino de Ucrania, Alexandr Turchínov, ha prometido no perseguir judicialmente a los activistas prorrusos que depongan las armas y abandonen los edificios administrativos que ocupan en varias ciudades del este del país.

"Garantizamos que no habrá persecución judicial contra quienes entreguen las armas y abandonen los edificios", ha dicho Turchínov en una intervención en la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania. El presidente interino ha agregado que está dispuesto a firmar un decreto sobre este asunto.

El gobierno ucraniano dio el miércoles un ultimátum de 48 horas a los activistas prorrusos para que desalojen los edificios, y en caso contrario no descartaba el uso de la fuerza.

El Gobierno interino de Ucrania ha dado un plazo de 48 horas para que depongan su actitud los manifestantes prorrusos que desde hace días ocupan edificios oficiales en varias ciudades del este del país; y no descartan el uso de la fuerza. Mientras, se prepara una cumbre entre EE.UU., Rusia, Ucrania y la UE la semana que viene.

Las islas de Malta y Chipre han desatado la polémica con su política para conceder el pasaporte. Ambos países miembros de la UE han decidido conceder la nacionalidad a quienes hagan inversiones millonarias en sus territorios. Es una medida para cuadrar las balanzas fiscales sin tener que subir los impuestos nacionales que ha provocado fuertes críticas en Bruselas.Malta exige 650.000 euros de inversión, 350.000 en compra de inmuebles u otras modalidades. En Chipre las condiciones son más exigentes y contemplan pérdidas debidas a la crisis. La comisaria europea, Viviane Reding, señala que no puede entender que "algunos países vendan su ciudadanía. Que aquellos que lleguen con dinero tengan la nacionalidad y que los que están huyendo de la miseria y quieren entrar en Europa no les dejemos". España y otros países de la Unión como Reino Unido, Irlanda o Portugal han creado programas para atraer inversiores extranjeros. A diferencia de Malta y Chipre, lo que ofrecen es la residencia, no la nacionalidad. La mayoría se centran en la compra de inmuebles o de deuda pública.

Ucrania ha dado un ultimátum a los activistas prorrusos para que, en 48 horas, abandonen de forma pacífica los edificios públicos que ocupan en varias ciudades del este del país.