El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho que las compañías suministradoras de electricidad deben "sentirse interpeladas" tras el incendio en un piso de Reus (Tarragona) en el que murió una anciana que se alumbraba con velas al tener cortada la luz por impago.
Puigdemont ha asegurado que la Generalitat no puede "obligar a nadie a firmar ningún convenio" pero que las empresas suministradoras deberían actuar para evitar casos como el del lunes pasado.
Por su parte, el ministro español de Energía, Álvaro Nadal, ha dicho que es un caso claro de normativas sobre servicios sociales, de competencia autonómica y municipal.
Considera que no son las compañías quienes deben costear esta tarifa subvencionada, porque hacerlo así es contrario a la normativa europea. El tribunal no cuestiona la existencia del bono social. El Gobierno ha dicho que cumplirá la sentencia y los consumidores piden una reforma urgente del sistema.
El 1 de septiembre entra en vigor la prohibición europea de comercializar focos halógenos, una medida que el sector de la iluminación en España afronta con la vista puesta en el desarrollo de tecnologías más eficientes, fundamentalmente el LED. La medida afecta solo a los halógenos de algunos focos, habitualmente los que se usan en tiendas no a los que se instalan en viviendas, que podrán seguir vendiéndose hasta 2018.
