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Portugal regresa a los mercados para buscar financiación a corto plazo, con una subasta de entre 750 y 1.000 millones de euros en bonos a tres meses que confía en colocar a un interés más bajo que en la última ocasión, cuando rozó el 5%. Lo hace un día después que la agencia Moody's bajara la nota de la deuda lusa cuatro escalones hasta el nivel del bono basura. Esta será la primera emisión del tercer trimestre del año, en el que Lisboa tiene previsto subastar entre 4.500 y 6.750 millones de euros.
Berlusconi da marcha atrás y retira la norma que le habría permitido posponer el pago de entre 500 y 750 millones de euros al empresario Carlo de Benedetti. "Es una norma justa, pero, para evitar polémicas, la retiramos", ha dicho en una nota. La norma había provocado un aluvión de críticas, indignación en la oposición y estupor en sus propias filas porque no estaba inicialmente en el plan de ajuste económico aprobado por el Gobierno el pasado jueves.
El caso se remonta a finales de los años 80, cuando Berlusconi y Carlo de Benedetti pugnaban por el control de la editorial Mondadori. Según la Justicia, el grupo de Berlusconi lo logró sobornando a un magistrado, por lo que tiene que resarcir económicamente al empresario. Con la norma que ahora ha sido retirada, ese pago se podría haber pospuesto, hasta que hubiera una sentencia del Tribunal Supremo.
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El Tribunal Constitucional alemán ha empezado a debatir si las ayudas a Grecia y el fondo de rescate al euro son, o no, constitucionales. La demanda la ha presentado un grupo de profesores y un diputado de la coalición de Gobierno de Angela Merkel que alegan, entre otras razones, que se pone en peligro el patrimonio público alemán. Los demandantes consideran además que el plan para el fondo de rescate y las ayudas a Grecia atentan tanto contra la Constitución alemana como contra los tratados de la Unión Europea, ya que las ayudas violan el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la legitimación democrática de esas medidas.
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El Consejo de Ministros aprobó el viernes que el ICO ofrezca créditos a los ayuntamientos para reducir su morosidad. El dinero, 3.400 millones de euros, servirá para pagar las facturas que los consistorios deben a empresas de menos de 250 trabajadores. La medida no gusta a todos los alcaldes. Xavier Trías, alcalde de Barcelona, ha dicho que lo que necesitan "no son parches, es un nuevo sistema de financiación local". Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar (Almería), asegura que "es pan para hoy y hambre para mañana".
Los créditos los ofrecerá directamente el ICO hasta un máximo del 25% del importe anual que cada municipio recibe del Estado. Una medida que aplauden autónomos y pymes, aunque con cautela. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, subraya que no sabe "si va a haber discrecionalidad, se va a tratar a todo el mundo por igual o se va a beneficiar a unos sobre otros". Ellos piden que se dé prioridad a las facturas más antiguas y a las más pequeñas, de menos de 100.000 euros, para evitar que una sola empresa se lleve todo el crédito.
Los ayuntamientos tendrán tres años para devolver el dinero: de no hacerlo se les descontará de lo que el Estado les anticipa para hacer frente a sus pagos. Autónomos y empresas calculan que las administraciones públicas les deben cerca de 30.000 millones de euros. De ellos, casi el 80% son deudas de los consistorios.
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María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, ha afirmado que "es una buena noticia". "Es un descenso que tiene que congratularnos a todos porque siempre es bueno que haya personas en nuestro país que hayan encontrado un empleo", ha declarado Cospedal en una rueda de prensa en la sede del PP. Sin embargo, la secretaria general del PP ha resaltado que ese descenso del desempleo se debe a "una situación estacional" relacionada con la "campaña de verano" que ha comenzado y que, por lo tanto, "serán empleos que no se prolongarán demasiado en el tiempo, más allá de la campaña veraniega". Por su parte, Cayo Lara, coordinador federal de IU, ha pedido al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que anule la reforma laboral porque se ha demostrado que "ha sido un fracaso absoluto" y el "despido es más barato" y que aplique las propuestas de IU pero sin apropiarse de su autoría. Lara se ha mostrado satisfecho porque se haya reducido el número de parados, aunque la inmensa mayoría de los contratos sean temporales.
El uso de las nuevas tecnologías y la especialización puede ser fundamentales para encontrar trabajo, sobre todo en sectores como el indutrial o el de la automoción. Los cursos de formación facilitan la reincorporación al mercado laboral.
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