- Señala el coste económico y político de dejar la moneda única
- Considera "un primer paso" la aprobación del plan de ajuste griego
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El paro registrado en las oficinas de empleo ha bajado en 67.858 personas, es el tercer descenso mensual consecutivo. La bajada es menor a la producida en mayo, pero sumada al de abril, representa una reducción de 212.000 parados en el segundo trimestre del año, lo que supone el mejor trimestre de toda la serie histórica. La cifra total de desempleados se sitúa en 4.121.801, según los datos del Ministerio de Trabajo.
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El Gobierno ha aprobado las normas que pondrán en marcha las medidas acordadas en el debate sobre el estado de la Nacion para mejorar la protección de las personas que no pueden pagar su hipoteca.
La vicepresidenta económica intentará que las comunidades autonomas asuman también esa exigencia en el próximo consejo de política fiscal.
El Partido Popular se muestra crítico con la medidas para limitar el gasto porque no afecta a las Comunidades. Dicen los populares que no genera disciplina y que sólo resultaría útil en momentos de crecimiento económico.
Desde las asociaciones de consumidores reclaman aún que la entrega de la vivienda baste para cancelar la deuda hipotecaria, aunque creen que elevar el porcentaje de ingresos no embargable, ha sido una buena medida.
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La crisis también alcanza a los artistas y los conciertos y actuaciones de verano. Los ayuntamientos reducen sus presupuestos y orquestas, cantantes, grupos de animación o compañías de teatros, lo notan.
Grecia cumple con las exigencias de Bruselas y aprueba el plan de ajuste y la ley para ponerlo en funcionamiento antes del eurogrupo del domingo, con 155 votos a favor, 136 en contra y cinco abstenciones. Eso si, el Gobierno no ha conseguido convencer a los ciudadanos, después de dos días de huelga y fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, el centro de la ciudad trata de recuperarse, de volver a la normalidad. El plan de ajuste sube impuestos y recorta prestaciones sociales, baja pensiones y reduce la plantilla de funcionarios. Ademas el Estado venderá sus participaciones en empresas públicas de sectores estratégicos, como la compañía de la luz o la que gestiona el tráfico en los puertos.