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Una empresa española está trabajando en la gigantesca obra de ampliación del metro de Nueva York. Concretamente, en una nueva estación que estará terminada dentro de seis años, y por la que pasarán unas 80.000 personas al día. La empresa española Dragados ha usado estas máquinas tuneladoras para perforar la dura roca del subsuelo de la ciudad y después ha construido estos cuatro túneles de más de siete kilómetros por los que van a circular hasta 24 trenes a la hora. El objetivo es conectar Long Island, isla del Estado de Nueva York, directamente con Manhattan, y para lograrlo trabajan 450 empleados cada día en estas profundidades. La nueva estación estará acabada en 2019, se trata de la mayor obra realizada hasta el momento en el mundo en el transporte público de una ciudad.

El grupo inmobiliario Reyal Urbis ha anunciado que solicitará el concurso voluntario de acreedores al no haber podido llegar a un acuerdo con los bancos para refinanciar una deuda de más de 3.600 millones de euros. Es el mayor concurso de acreedores de España después del de Martinsa Fadesa, que tuvo lugar en 2008.

En Alemania se genera casi el 20% de los proyectos de construcción de Europa y por eso se han desplazado hasta allí 26 empresas españolas en busca de contactos y proyectos.

Nuevos desalojos en Pekín para construir edificios modernos. Esta vez, los afectados son los habitantes de los barrios.

El ministro de exteriores, Jose Manuel García-Margallo, se encuentra hoy de visita oficial en Libia. Un viaje que hace acompañado de un grupo de empresarios españoles que quieren hacer negocio allí después del derrocamiento de Gadafi.

La vida de muchas personas minusválidas están condicionadas por la decisión de sus vecinos. Por ejemplo para instalar un ascensor. La crisis está agravando un problema no resuelto: la eliminación de barreras electrónicas. Crecen los desacuerdos en las comunidades de vecinos porque muchas no puedan financiar estas obras.

En Tenerife, los vecinos de nueve viviendas del poblado marinero de Cho Vito han sido desalojados y sus casas demolidas por las palas. Eran las últimas que quedaban en pie del medio centenar de viviendas que integraban este asentamiento afectado por la Ley de Costas.

Unos mil vecinos del barrio barcelonés del Besós viven con miedo de que sus casas se derrumben por aluminosis. Parar el proceso de deterioro del hormigón es posible, pero dicen que las ayudas públicas prometidas no llegan. Hace tres años que Manuel vive con las vigas de su casa apuntaladas a causa de la aluminosis. Y sigue así porque dice que no han llegado las ayudas para rehabilitar las fincas afectadas, ni del gobierno autonómico ni del municipal. En el barrio del Besòs, donde viven, aun quedan más de 800 pisos con aluminosis. Los vecinos piden que no se recorte las ayudas para las obras. Generalitat y ayuntamiento aseguran que mantiene las ayudas, que el consistorio está dispuesto a avanzar en su totalidad. Dicen que ahora son las comunidades las que tienen problemas para reunir su parte del 15 por ciento del presupuesto de la obra. Pero hay vecinos que explican que aun teniendo el dinero de la comunidad, las obras se han retrasado.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la ley de Costas que data de 1988. Esta nueva norma, dice el gobierno, protegerá más nuestro litoral de excesos urbanísticos, excluye del dominio público una decena de núcleos históricos, y entre otras, alarga las concesiones legales que caducan en 2018.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley de Costas de 1988. Dice el Gobierno que el nuevo texto protege mejor nuestro litoral frente a los excesos urbanísticos, da seguridad jurídica a los propietarios y generará, mayor actividad económica. El proyecto de ley amplia a 75 años el régimen de concesión de las viviendas o negocios situados en la zona de dominio público. Dice el gobierno que la nueva norma da mayor seguridad jurídica a los propietarios y regulariza los más de 3000 chiringuitos de las costas españolas, atendiendo a su importancia como generadores de empleo y negocio.

Andalucía y Murcia registran más de 1.700 puntos de riesgo por inundación y, sin embargo, cerca de algunos hay casas edificadas. Unas 7.500 han quedado afectadas. Algunas administraciones reconocen que son necesarias obras de protección frente a riadas y los geólogos denuncian que no siempre se cumple la normativa al construir.