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La Comisión europea pedirá información a España aunque aseguran -desde Bruselas- que el convenio con Marruecos permite la expulsión de inmigranmtes siempre y cuando no haya petición de asilo. Desde la delegación del Gobierno en Melilla, que está gestionando el caso, aseguran en que la operación se hizo conforme a la legalidad: que se trataba de dar una respuesta urgente para una solución humanitaria. Y explican que la asistencia de los 73 inmigrantes en el peñón no estaba garantizada.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes la tercera reforma financiera para cumplir los requisitos impuestos por la UE por la ayuda o rescate al sector. La norma elevará los requisitos de solvencia de las entidades, contempla la compra de sus activos problemáticos por un `banco malo¿ con fondos públicos, abre la puerta a liquidar bancos inviables y fija una salida, aún por concretar, a los inversores particulares que compraron participaciones preferentes.

La comunidad valenciana pedirá al Fondo de liquidez más de 3.500 millones de euros. Aunque todavía no ha concretado la cifra exacta, será lo más alta posible.

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