Pedro Sánchez ha anunciado 14.100 millones de euros para paliar los efectos de los "aranceles recíprocos" de Trump. Se trata de instrumentos nuevos y existentes, como ayudas, créditos o ERTES, con el fin de dar liquidez a las empresas, mantener los empleos y buscar nuevos mercados ahora que Estados Unidos cierra el suyo. El del Ejecutivo es un plan para apoyar a los sectores más afectados, como es el acero, el automóvil o el agroalimentario y acusa a Trump de lanzar un ataque unilateral que sacudirá la economía global. "Su supuesta reciprocidad a mi juicio es solo una excusa para castigar países, aplicar un proteccionismo estéril y recaudar para tratar de mitigar el déficit que está causando una política fiscal más que cuestionable", ha dicho Sánchez. Lo cuenta Sandra Gallardo, periodista de RNE.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que desplegará un Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial diseñado para mitigar los efectos de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todos los países con vínculos comercial con le país norteamericano.
Como ha adelantado Sánchez, el plan de respuesta contará con 14.100 millones de euros, de los que 7.400 millones son de nueva financiación y 6.700 millones de instrumentos ya existentes. Se va a articular en dos bloques: ayudar a las empresas y al empleo. "Vamos a poner en marcha dos líneas de avales de financiación intermedia, el ICO, dotadas con 6.000 millones de euros para facilitarles el acceso a financiación", ha indicado el presidente del Gobierno. A esto se añade un Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, dotado de 200 millones de euros, y el Plan Moves III, con 400 millones de euros, para estimular al sector del automóvil.
Con todo, se va a constituir una Mesa de Diálogo Social con patronal y sindicatos para dar seguimiento y atender las necesidades de los colectivos afectados. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, liderará una Conferencia Sectorial de Comercio que se convocará de inmediato con el fin de trabajar con los gobiernos autonómicos mientras dure el conflicto comercial. Cuerpo, asimismo, hará una ronda de consultas para compartir información de las medidas que se vayan adoptando.
Con respecto al empleo, Sánchez ha indicado que se activará el mecanismo RED, que permitirá mantener las plantillas de las empresas más afectadas por los aranceles.
Asimismo, se van a recanalizar 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para que las industrias afectadas puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda. El Ejecutivo buscará ayudar a las empresas a encontrar nuevos mercados con 2.000 millones para seguros de crédito, 500 millones para la internacionalización de pymes, y un plan del ICEX para afianzar su posición en Estados Unidos.
Fuentes de Moncloa han afirmado que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a la Unión Europea (y por extensión a España) es una "muy mala noticia". Este jueves, en respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará de las medidas que España tomará ante la decisión estadounidense.
El Gobierno se prepara para los futuros aranceles que plantea adoptar la Administración estadounidense. Por el momento, se sabe que dichos aranceles serán recíprocos, es decir, que afectarán todos los productos que lleguen a EE.UU. procedentes de países que impongan aranceles a los productos estadounidenses.
A partir del próximo jueves entrarán en vigor las tasas a los vehículos que entren en EE.UU. y se hayan fabricado fuera de sus fronteras. Y sobre la mesa, pero todavía sin aprobar, amenazas de aranceles sobre el sector agrícola, el farmacéutico, el vino europeo y al petróleo de Venezuela.
Este miércoles ha tenido lugar el primer contacto de alto nivel entre la Administración Trump y el Gobierno español. El ministro Albares ha hablado por teléfono con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sobre las relaciones bilaterales, seguridad y comercio en una conversación que ha transcurrido durante aproximadamente media hora. Tras esa llamada, Albares ha acompañado al presidente del Gobierno a la reunión con los agentes sociales sobre el Plan de contingencia para las empresas españolas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer que se endurezcan las medidas para abrir una universidad privada en España, exigiendo, por ejemplo, un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio. Joxerramon Bengoetxea, rector de la Universidad del País Vasco y Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, han estado debatiendo sobre este anuncio en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní. "Esta legislación favorece la robustez, la coherencia y la confianza en el conjunto del sistema universitario y, por lo tanto, bienvenida sea", afirma Fitó, que opina que de esta forma se contribuye a que los informes emitidos por las agencias de calidad sean "preceptivos y vinculantes".
Bengoetxea, como representante de la universidad pública, confiesa que en el País Vasco tienen un buen equilibrio con las privadas: "Pero eso también significa reivindicar el puesto y el liderazgo que tiene la universidad pública dentro de nuestro sistema universitario". Aún así, el rector establece que "hay más que suficientes universidades en España". Además, afirma que "el debate es necesario y tiene que combinarse con un debate sobre la financiación adecuada de la universidad pública", pues la pública cumple funciones en la sociedad como son el acceso a la universidad o asegurar la calidad de esa formación, "a lo que normalmente no se suelen dedicar las universidades privadas, especialmente aquellas que buscan un ánimo de lucro", concluye.
La cifra de universidades públicas está estancada en las 50 desde hace más de 25 años. Una imagen muy distinta ofrecen las de carácter privado, que crecen año tras año y ya se sitúan en las 46. Según el Gobierno, algunas son de dudosa calidad, con informes desfavorables por parte del Ministerio.
"Lo que vamos a hacer es, simple y llanamente, garantizar la calidad de las universidades que se crean para garantizar la calidad de los títulos que al final van a tener que pagar los jóvenes", ha explicado Diana Morant, ministra de Universidades. Para lograr este objetivo, entre otras cosas, se creará un informe vinculante de las agencias de calidad universitaria y se obligará a contar con un mínimo de 4.500 estudiantes.
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