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En el año 1989 llegaron al hotel Miras de Caracas once deportados de ETA en virtud de los acuerdos firmados entre España y Venezuela. El país los recibió entonces con desconfianza y varios desconocidos tirotearon el edificio. 21 años después, son 40 los etarras que actualmente residen en este país, según fuentes policiales y 14 de ellos están nacionalizados, con lo que los procesos de extradición son practicamente imposibles.

El grupo más numeroso de estos etarras nacionalizados en Venezuela reside en la ciudad de Sucre, al noreste del país. Sus vidas se desarrollan con total normalidad, según ha podido comprobar un equipo de investigación de TVE.

Pedro Viles Escobar y José Luis Esquisabel se dedican desde el 2008 a la construcción es adjudicataria de obras públicas. Viles, no tiene reclamaciones desde España y no se esconde, aunque se sospecha que no está del todo desvinculado de ETA.

Uno de los primeros nacionalizados es Juan Manuel Bereziartua Etxaniz. Está acusado de participar en cinco asesinatos pero vive tranquilamente en una casa del monte Ávila en Caracas, a 300 metros de altitud, y regenta el restaurante 'Pakea' ('Paz' en euskera). Él mismo se encarga de cocinar un menú vasco de 60 euros que degustan venezolanos de clase media y alta.

Arturo Cubillas no es el único etarra nacionalizado vinculado al Gobierno. María Asunción Arana y Xabier Arruti también están directamente relacionados con el Ejecutivo liderado por Chávez. Arana, viuda del histórico de ETA Argala, trabaja también en el Instituto Nacional de Tierras.

España ha solicitado ultimamente siete extradiciones de etarras no nacionalizados y por el momento ninguna ha sido ejecutada.

La Audiencia Nacional ha absuelto al ex portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi de un delito de enaltecimiento del terrorismo por su intervención en el mitin de Anoeta, celebrado en este velódromo de San Sebastián el 14 de noviembre de 2004. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera que en este acto Otegi no ensalzó a la banda, sino que defendió "la convivencia y necesidad de un proceso de diálogo y negociación para la resolución del conflicto de manera pacífica y democrática". Los magistrados desoyen así la petición de 18 meses de cárcel que planteó la fiscal Teresa Sandoval para el ex portavoz de Batasuna y para los otros dos dirigentes de la formación ilegalizada procesados por el mismo delito, Joseba Permach y Joseba Álvarez, que también han sido absueltos. El Foro de Ermua pedía dos años de prisión para cada uno.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha expresado este jueves el "respeto" del Gobierno por la decisión de la Audiencia Nacional de absolver al dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, de un delito de enaltecimiento de terrorismo y ha desvinculado esta decisión judicial del proceso de transformación que debe hacer la izquierda abertzale para participar en democracia.

"Estas cosas son bastante colaterales a la cuestión, el proceso que la izquierda abertzale tiene que hacer es al margen de este tipo de acontecimientos", ha declarado Jáuregui antes de comparecer en la Comisión Constitucional del Senado. Según el ministro, la transformación de la izquierda abertzale en un partido "que rechace y condene la violencia" es "algo que tienen que hacer ellos solos".

áuregui ha dicho no conocer en detalle la sentencia y, por ello, se ha limitado a decir que el Ejecutivo "respeta, como no puede ser de otra manera", la decisión de los jueces. "Estimamos que si el tribunal ha considerado que no había razones para su condena es un criterio judicial que está bien empleado, supongo yo", ha señalado.

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En el atentado contra la casa cuartel de Legutiano, en Álava, murió el guardia civil Juan Manuel Piñuel. En el banquillo de la Audiencia Nacional se sientan desde este martes tres presuntos etarras. La fiscal pide penas que suman más de 1.000 años de cárcel para Arkaitz Goikoetxea y Aitor Cotano, considerados los autores materiales del atentado de Legutiano. Uno de los investigadores ha declarado que sólo pasaron tres minutos entre la colocación de la furgoneta-bomba y la explosión y que no hubo ningún aviso previo.