Este sábado, decenas de miles de personas se han manifestado en toda España a favor de una vivienda digna. Inquilinas e inquilinos de 40 ciudades han exigido la bajada del precio del alquiler y medidas contra los pisos turísticos. Precisamente, la industria turística está complicando la situación en Baleares y Canarias. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Jonathan Mesa, portavoz de la plataforma vecinal Derecho al Techo, convocantes en esta última comunidad, asegura que los barrios ya no son para vivir sino que se llenan de pisos turísticos: "La industria turística, como pasa en Mallorca, afecta de manera gigantesca sobre el territorio [...] Los canarios y las canarias estamos padeciendo enormes dificultades, y más si entendemos que el turismo en Canarias lleva más de 60 años haciendo lo que quiere y distribuyendo la riqueza de forma muy escasa". Hace un año, las 8 islas salieron a protestar contra los macroproyectos turísticos, pero en este tiempo nada ha cambiado, asegura Mesa, que acusa al Gobierno canario de inacción: "No tenemos muchas esperanzas más que la de seguir peleando".
Miles de inquilinos han hecho sonar sus llaves para denunciar los precios abusivos y la escasez de oferta del mercado de la vivienda. Estas manifestaciones surgen de miles de situaciones individuales como las de Sara, Vicente, Jenifer o Iker.
Miles de personas se han manifestado en decenas de ciudades de España para protestar por los altos precios y la escasez de vivienda, convocados por los sindicatos de inquilinos, que exigen una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación, entre otras reclamaciones. Es la primera vez que las manifestaciones por una vivienda digna alcanzan nivel estatal.
Foto: Manifestación por una vivienda digna en Valencia (EFE/Manuel Bruque)
Un 62% de los españoles se declara descontento con la situación de la vivienda. Un estudio revela que más de cinco millones y medio de hogares (casi un tercio de las familias españolas) no cuentan con lo que se considera una vivienda digna.
De esos hogares, 3,2 millones —casi un 18%— viven en exclusión residencial severa. Otros 2,3 millones —más de un 12%— están en riesgo de caer en ella. Sin alternativas, muchos acaban aceptando condiciones abusivas, fórmulas cooperativas o incluso pasando una especie de casting para alquilar.
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Es la primera que vez que se celebran tantas manifestaciones en un misma día ante el problema de la vivienda. Hasta en 40 ciudades de España. Unas marchas convocadas por el Sindicato de Inquilinas que quiere unificar las protestas de los últimos meses.
"Las huelgas de alquileres han venido para quedarse, hoy 5 de abril de 2025 empieza el fin del negocio de la vivienda", ha sentenciado la portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid, Valeria Racu.
Foto: Manifestación en Madrid por una vivienda digna (EFE/Víctor Lerena)
- El 75% de los lanzamientos son de arrendamientos y los afectados se encuentran sin alternativas en el mercado
- Denuncian el "terror psicológico" del tener que dejar su casa en un proceso que "criminaliza" al vulnerable
- Baja ligeramente con respecto al 2,407% de febrero y abaratará la cuota mensual de las hipotecas variables en 114 euros
- Es la primera vez en dos años y medio que el índice se coloca por debajo del 2,4% en su tasa mensual
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto expediente a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos, como la obligación de contratar servicios no solicitados o cobrar comisiones por la formalización de contratos de alquiler a los inquilinos, algo que prohíbe la Ley de Vivienda.
- El ministerio que dirige Pablo Bustinduy está investigando también a otras agencias por el cobro de comisiones ilegales
- Este nuevo procedimiento se une a los de los últimos meses contra empresas que administran viviendas turísticas
Un estudio de Provivienda constata que los extranjeros tienen más dificultades para alquilar que un español, aunque cobren lo mismo. El 99% de inmobiliarias a las que han llamado, casi todas, aceptan cláusulas racistas si el propietario lo pide.
Un ejemplo es Mercedes, de origen ecuatoriano, quien se ha sentido rechazada mientras buscaba piso. Recuerda bien a un agente inmobiliario que no quiso ni atenderla, lo que la llevó a sentirse mal: "Me dijo que ya están reservados, pero no había ninguna reserva. De allí ni siquiera me dejaron pasar a la oficina". Por su parte, a Ibrahima, de Guinea, le costó meses y meses que le alquilaran una habitación. "Nos rechazaban porque somos de África y se suponía que no sabíamos cuidar la casa", expresa.
- Un estudio de Provivienda refleja un aumento de las prácticas que bloquean el acceso a la vivienda a las personas migrantes
- Cuando alguien con acento extranjero llama a una agencia, es más probable que le digan que el piso no está disponible
- La dificultad para encontrar un trabajo o los bajos salarios de muchos de ellos les empuja a tener que compartir vivienda
- Las personas refugiadas reciben 848 euros para el alquiler, cerca de 100 euros menos que el alquiler medio en España
Seis de cada diez españoles que necesitarían una hipoteca, no la piden por los altos precios de la vivienda. "Lo que estamos viendo es una dicotomía. Por un lado vemos que hay un colectivo muy importante que no tiene acceso, pero mientras vemos otro que tiene esa facilidad y lo hace pensando en la inversión por el alquiler", ha explicado Antonio Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN.
En este sentido, más de la mitad de los que piden un préstamo para comprar una vivienda lo hacen como vía de inversión, cerca del 20% para una segunda residencia y solo el 15% se hipoteca para acceder a una primera casa. "Hay una escasez de oferta en muchos lugares y lo que están haciendo es acaparar", ha resaltado Gallardo.
El elevado precio de la vivienda despierta el interés de los inversores. Un 56% de quienes piden un préstamo para comprar una vivienda lo hacen como una medida de inversión, mientras que solamente el 14% lo hacen para acceder a una primera casa habitual. Así lo reflejan los últimos datos de Asufin.
- Esta actualización incorpora por primera vez datos de Navarra
- El sistema ofrece un rango de precios de alquiler como referencia para los nuevos contratos de arrendamiento
Cuando se cumple un año de la declaración de las primeras zonas de mercado tensionadas, Cataluña es la única comunidad autónoma que las aplica. Según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los precios del alquiler han caído un 3,3% en la región. El descenso es aún mayor en Barcelona, del 6,4%. Pero el Instituto Catalán del Suelo constata otros dos fenómenos derivados de la ley: la caída de los contratos (casi un 80% menos) y el aumento de la figura del alquiler de temporada, que permite esquivar la regulación y que se ha disparado un 45%.
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- Los desahucios o embargos de propiedad, que no solo afectan a viviendas, crecen un 3,4%
- Los derivados del impago del alquiler aumentan un 4,5% y representan el 75% del total
- El nuevo dato, correspondiente a febrero, es 0,11 puntos inferior al de enero, cuando se situó en el 2,19%
- Se aplica a la revisión anual de los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda
- En España el precio medio del alquiler de una plaza de garaje ronda los 75 euros
- País Vasco y Asturias, comunidades donde más aumenta el precio, hasta un 3% superior que hace un año
El precio del alquiler de las plazas de garaje no ha dejado de subir durante los últimos 10 años. A pesar de todo, el precio no es el mismo en una ciudad que en otra. En Castellón una plaza de garaje puede costar hasta 40 euros, mientras que en Madrid o Barcelona el precio podría ascender hasta 200.
Una misma plaza de garaje puede costar cinco veces más si se alquila en las ciudades más pobladas.
Este aumento viene dado por el alza de los precios del alquiler de las viviendas, que arrastra al de los garajes.
Los alquileres de las plazas de garaje han subido en once comunidades autónomas. En Aragón y Madrid el alza ha sido de más de un 2%. La mayor subida se ha dado en el País Vasco y Asturias, con un aumento del 3%.
En ciudades como San Sebastián, Palma de Mallorca, Barcelona o Madrid el precio se dispara.