Miles de inquilinos han hecho sonar sus llaves para denunciar los precios abusivos y la escasez de oferta del mercado de la vivienda. Estas manifestaciones surgen de miles de situaciones individuales como las de Sara, Vicente, Jenifer o Iker.
Miles de personas se han manifestado en decenas de ciudades de España para protestar por los altos precios y la escasez de vivienda, convocados por los sindicatos de inquilinos, que exigen una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación, entre otras reclamaciones. Es la primera vez que las manifestaciones por una vivienda digna alcanzan nivel estatal.
Foto: Manifestación por una vivienda digna en Valencia (EFE/Manuel Bruque)
Un 62% de los españoles se declara descontento con la situación de la vivienda. Un estudio revela que más de cinco millones y medio de hogares (casi un tercio de las familias españolas) no cuentan con lo que se considera una vivienda digna.
De esos hogares, 3,2 millones —casi un 18%— viven en exclusión residencial severa. Otros 2,3 millones —más de un 12%— están en riesgo de caer en ella. Sin alternativas, muchos acaban aceptando condiciones abusivas, fórmulas cooperativas o incluso pasando una especie de casting para alquilar.
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Es la primera que vez que se celebran tantas manifestaciones en un misma día ante el problema de la vivienda. Hasta en 40 ciudades de España. Unas marchas convocadas por el Sindicato de Inquilinas que quiere unificar las protestas de los últimos meses.
"Las huelgas de alquileres han venido para quedarse, hoy 5 de abril de 2025 empieza el fin del negocio de la vivienda", ha sentenciado la portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid, Valeria Racu.
Foto: Manifestación en Madrid por una vivienda digna (EFE/Víctor Lerena)
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto expediente a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos, como la obligación de contratar servicios no solicitados o cobrar comisiones por la formalización de contratos de alquiler a los inquilinos, algo que prohíbe la Ley de Vivienda.
Un estudio de Provivienda constata que los extranjeros tienen más dificultades para alquilar que un español, aunque cobren lo mismo. El 99% de inmobiliarias a las que han llamado, casi todas, aceptan cláusulas racistas si el propietario lo pide.
Un ejemplo es Mercedes, de origen ecuatoriano, quien se ha sentido rechazada mientras buscaba piso. Recuerda bien a un agente inmobiliario que no quiso ni atenderla, lo que la llevó a sentirse mal: "Me dijo que ya están reservados, pero no había ninguna reserva. De allí ni siquiera me dejaron pasar a la oficina". Por su parte, a Ibrahima, de Guinea, le costó meses y meses que le alquilaran una habitación. "Nos rechazaban porque somos de África y se suponía que no sabíamos cuidar la casa", expresa.
Seis de cada diez españoles que necesitarían una hipoteca, no la piden por los altos precios de la vivienda. "Lo que estamos viendo es una dicotomía. Por un lado, vemos que hay un colectivo muy importante que no tiene acceso, pero mientras vemos otro que tiene esa facilidad y lo hace pensando en la inversión por el alquiler", ha explicado Antonio Gallardo, responsable de estudios de Asufin.
En este sentido, más de la mitad de los que piden un préstamo para comprar una vivienda lo hacen como vía de inversión, cerca del 20% para una segunda residencia y solo el 15% se hipoteca para acceder a una primera casa. "Hay una escasez de oferta en muchos lugares y lo que están haciendo es acaparar", ha resaltado Gallardo.
El elevado precio de la vivienda despierta el interés de los inversores. Un 56% de quienes piden un préstamo para comprar una vivienda lo hacen como una medida de inversión, mientras que solamente el 14% lo hacen para acceder a una primera casa habitual. Así lo reflejan los últimos datos de Asufin.
Cuando se cumple un año de la declaración de las primeras zonas de mercado tensionadas, Cataluña es la única comunidad autónoma que las aplica. Según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los precios del alquiler han caído un 3,3% en la región. El descenso es aún mayor en Barcelona, del 6,4%. Pero el Instituto Catalán del Suelo constata otros dos fenómenos derivados de la ley: la caída de los contratos (casi un 80% menos) y el aumento de la figura del alquiler de temporada, que permite esquivar la regulación y que se ha disparado un 45%.
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El precio del alquiler de las plazas de garaje no ha dejado de subir durante los últimos 10 años. A pesar de todo, el precio no es el mismo en una ciudad que en otra. En Castellón una plaza de garaje puede costar hasta 40 euros, mientras que en Madrid o Barcelona el precio podría ascender hasta 200.
Una misma plaza de garaje puede costar cinco veces más si se alquila en las ciudades más pobladas.
Este aumento viene dado por el alza de los precios del alquiler de las viviendas, que arrastra al de los garajes.
Los alquileres de las plazas de garaje han subido en once comunidades autónomas. En Aragón y Madrid el alza ha sido de más de un 2%. La mayor subida se ha dado en el País Vasco y Asturias, con un aumento del 3%.
En ciudades como San Sebastián, Palma de Mallorca, Barcelona o Madrid el precio se dispara.
El Tribunal Supremo ha dictaminado en una sentencia que las comunidades de vecinos solo podrán vetar los pisos turísticos si así lo fijan expresamente en los estatutos de las comunidades, estableciendo de forma clara y precisa las limitaciones de las viviendas, no sirve una mera descripción. Esta sentencia, que se remonta a un caso del año 2015, da la razón a un propietario al que habían demandado por realizar una actividad "molesta e incómoda". Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, explica en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní que desde el 2019, cuando hubo una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, "las comunidades de propietarios pueden decidir por tres quintos, aunque no esté en los estatutos, prohibir a los propietarios que puedan alquilar las viviendas turísticamente".
El entrevistado cuenta que realmente lo que supone una revolución en este ámbito es que, desde hace un par de semanas, se ha establecido que "los que ahora quieran iniciar una actividad turística y no la hicieron en el pasado tendrán que pedir permiso a la comunidad de propietarios, quien tendrá que autorizarlo por tres quintos también". De no hacerlo, y si el propietario decide realizar un alquiler turístico sin ese permiso, le podrán expropiar el uso de la vivienda durante tres años. El catedrático se manifiesta sobre la norma catalana para la regulación de las licencias turísticas: "Todas estas normas lo que hacen, incluso esta catalana, es decir que a causa del alquiler turístico suben los alquileres residenciales. Eso no es cierto académicamente", incide. Nasarre opina que este asunto se trata de "un problema de base".
