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La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha preguntado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, si ha prestado su imagen a la organización 'Derecho a vivir' para que la utilicen en una campaña contra el aborto en la que le piden que "borre" la actual ley para "proteger la vida humana". "¿Qué hace un ministro de España en una valla publicitaria haciendo apología contra los derechos de las mujeres? ¿Tiene permiso esta organización para usar la imagen de un ministro de España?", ha preguntado Valenciano, en una rueda de prensa después de reunirse con colectivos de mujeres del ámbito jurídico, sanitario y asociativo para abordar la reforma de la ley del aborto.

La plataforma Derecho a Vivir ha lanzado una campaña para pedir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a que cumpla con el programa electoral de su partido y "borre" la actual ley del aborto para "proteger" la vida humana.

La portavoz de la plataforma, Gádor Joya, ha afirmado en rueda de prensa, que la iniciativa, cuyo lema es "#Borra el aborto", pretende que el Ejecutivo reconozca el derecho a la vida del ser humano en el momento de la concepción.

El ministro de Justicia ha dicho que todas las instituciones están obligadas a acatar la Constitución y ha invitado al Gobierno y al parlamento catalán a abordar los problemas dentro de las normas del estado de derecho.

La noticia ha coincidido con el pleno que se celebraba en el Parlamento de Cataluña. Y allí ha comparecido el presidente de la Generalitat.

La futura reforma de la Ley del aborto ha provocado, este martes en el Senado, un tenso enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. El ministro de Justicia Ruiz-Gallardón ha anunciado, en respuesta a una pregunta del grupo socialista, que "por primera vez ninguna mujer" podrá ir a la cárcel por abortar, según el anteproyecto de la reforma de la ley.

Los grupos políticos también se han pronunciado sobre esa decisión de la Audiencia de Palma de suspender la imputación de la infanta Cristina. Algunos, como el PP, han mostrado su satisfacción y otros, como Izquierda Unida, cuestionan que la Justicia sea igual para todos. El ministro de Justicia destaca la independencia de los jueces.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha definido como progresista al defender el derecho a la vida del concebido no nacido en la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010, que previsiblemente presentará el Ejecutivo en próximas semanas. Así lo ha dicho en respuesta a la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, quien le ha advertido de que ya no está en la etapa de ser "el progre del PP", el ministro de Justicia se ha definido así en palabras del escritor Miguel Delibes: "No hay nada más progresista que defender la vida".

El Partido Socialista ha pedido que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización extraordinaria de las cuentas del Partido Popular, la contabilidad A y la supuesta contabilidad B, y el descuadre que habría entre ellas. Lo pide tras la información que publica El País que dice que el extesorero Bárcenas fraccionó las donaciones que recibía el partido.

Sobre la medida de la Junta de Andalucía para expropiar viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias de bancos, se ha debatido este miércoles en el Congreso. La oposición pide al Gobierno que tome nota y el Ejecutivo dice que la respuesta a los desahucios tiene que ser de ámbito nacional.

Desde este lunes, 1 de abril, los Juzgados cuentan con los formularios de Hacienda necesarios para pagar las tasas judiciales resultantes de la última reforma, en la que se reduce en un 80 por ciento el tramo variable de las tarifas, y cuya aplicación se encontraba en suspenso desde la publicación del Real Decreto del pasado 22 de febrero. Los usuarios de la justicia disponen de 15 días para realizar la autoliquidación correspondiente desde la citada fecha.

Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a Europa Press que también a partir de este lunes puede solicitarse la exención de las tasas por parte de los colectivos beneficiados en aplicación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que libra del pago de tasas judiciales a colectivos como mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo, menores desprotegidos o discapacitados.