Enlaces accesibilidad

La Mesa del Parlament aprueba la delegación de voto de Puigdemont en contra de los letrados

  • Los letrados avisan de que podría colisionar con lo dictado por el TC
  • JxCat y ERC equiparan su situación a la de los presos en España
  • El Supremo permite la delegación de voto de los diputados en prisión
  • El Gobierno estudia ya la decisión de la Mesa por si fuera objeto de recurso

Por
El presidente del Parlamento catalán Rogert Torrent, en la pasada sesión de investidura
AFP noticias

La Mesa del Parlament ha aprobado, con los votos favorables de Junts per Catalunya y ERC, la delegación de voto del expresident Carles Puigdemont, en prisión preventiva en Alemania, con la opinión en contra de los letrados de la Cámara catalana que han mostrado sus dudas ante la posibilidad de que esta decisión pueda colisionar con las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Mariano Rajoy estudia esta decisión por si pudiera ser objeto de recurso, según han confirmado fuentes de La Moncloa.

El Constitucional prohibió la delegación de voto de Puigdemont, aunque esa medida se dictó cuando éste estaba en Bruselas, y su situación jurídica ha cambiado tras ser detenido en Alemania. Precisamente este martes la Fiscalía General de Schleswig Holstein ha pedido a la Audiencia Territorial tramitar la extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos y mantenerle en prisión hasta que se resuelva el trámite al considerar que existe "riesgo de fuga".

Junts per Catalunya y ERC consideran que ahora sí se dan las condiciones para que el expresident pueda delegar su voto, al encontrarse detenido en Alemania, una situación que se asimilaría, a juicio de esos grupos, a la de los dirigentes en prisión preventiva en España, algo que rechazan Ciudadanos, PSC y PP, mientras que los 'comunes' han expresado sus dudas respecto a esta decisión, aunque consideran que es de "sentido común" que ahora que está en manos de la justicia pueda votar.

Esta delegación recaería en la diputada y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont en la pasada legislatura.

La imposibilidad para votar de los diputados Puigdemont y Toni Comín y la abstención de la CUP fue clave para que no saliera adelante la investidura de Jordi Turull, ya que los 66 votos de los que dispondrían juntos Junts per Catalunya pasaban a ser 64, por debajo de la suma de no independentistas -Cs, PSC, Catalunya en Comú y PPC-, que tienen en total 65 diputados.

Aviso verbal de los letrados

Los letrados del Parlament han planteado sus reticencias a la decisión tomada de forma verbal, ya que la mayoría independentista de la Mesa no ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Parlament, como preferían otros grupos.

Los letrados han advertido de que esta decisión podría plantear problemas con respecto a las medidas cautelares del TC, y que un acuerdo o resolución parlamentaria votado por Puigdemont con esta delegación de voto podría ser anulada posteriormente, según fuentes parlamentarias.

Fuentes de JxCat han apuntado, por su parte, que los letrados "no han recomendado nada en concreto", sino que, a su juicio, "han puesto sobre la mesa diversos factores" y han llamado a la "prudencia".

El PSC ha registrado una solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa, Ciudadanos también prevé hacerlo y el PP presentará un recurso de amparo al Constitucional si la Mesa no rectifica.

Posible nuevo choque jurídico

En su auto, el TC resaltaba que "los diputados sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no pueden delegar su voto en otros parlamentarios" y considerará "radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga dichas medidas cautelares".

La controversia puede acabar siendo especialmente relevante si los grupos independentistas intentan investir a cualquier candidato a la presidencia de la Generalitat valiéndose del voto delegado de Puigdemont, una votación que podría no ser reconocida por el Estado.

De hecho, el choque jurídico puede vivir ya un primer episodio este jueves, cuando el pleno del Parlament vote diversas iniciativas parlamentarias, entre ellas la creación de una comisión de investigación sobre los atentados yihadistas de agosto.

Noticias

anterior siguiente