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Aprobada la ley para el control de financiación de los partidos políticos

Los partidos no podrán recibir donaciones de empresas y sus tesoreros irán al Parlamento

  • Los tesoreros darán explicaciones tras la supervisión del Tribunal de Cuentas

  • Condenados por terrorismo no podrán ser altos cargos de la Administración  

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Los tesoreros de los partidos políticos tendrán que comparecer ante el Parlamento para explicar las cuentas, según una de las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros, incluidas en el plan de regeneración democrática del Gobierno, que se remite ahora al Congreso.

Se trata de una de las novedades incluidas en el proyecto de la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, aprobado por el Gobierno junto al de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la administración del Estado, a los que ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros.

La comparecencia del responsable económico financiero de los partidos políticos se producirá -a propuesta del Tribunal de Cuentas- una vez que esta institución emita el correspondiente informe de fiscalización, para que pueda incluir recomendaciones, que a su vez podrá tener en cuenta el tesorero.

Otra de las medidas incluidas en el proyecto de ley es la prohibición de que los partidos reciban donaciones de personas jurídicas, es decir, de empresas, que hasta el momento estaban permitidas hata un límite de 100.000 euros al año. Las formaciones políticas solo podrán recibir donaciones de personas físicas.

Asimismo, se prohíbe la condonación de deudas por entidades de crédito a los partidos incluidos los intereses, y entre las novedades figura que las formaciones tengan que publicar en su página web las donaciones de personas físicas cuyo importe sea superior a 50.000 euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que una de las observaciones que había realizado el Consejo de Estado es que, los partidos inscritos que no adaptasen sus estatutos, se pudiera proceder a su cancelación en el registro de partidos. Sáenz de Santamaría ha admitido que eso  podía interpretarse como un supuesto de "ilegalización de partidos". 

Condenados por terrorismo no podrán ser altos cargos públicos

El Gobierno también ha aprobado este viernes que las personas condenadas por terrorismo no puedan ser altos cargos de la Administración General del Estado mientras no se cancelen sus antecedentes penales, una propuesta que ha contado con el aval del Consejo de Estado.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que también se ha aprobado el proyecto de ley que regula el alto cargo de la Administración General del Estado.

Esta última norma incluye como novedades que los condenados por "determinados delitos", como el de terrorismo, no puedan ejercer cargos públicos mientras tengan antecedentes penales. "Esta medida ha sido avalada por el Consejo de Estado, que declara que el concepto de honorabilidad va más allá de lo profesional y debe ser de carácter general", ha explicado Sáenz de Santamaría.

Esta norma recoge los requisitos que deben cumplir los altos cargos, como la exigencia de una declaración responsable, al tiempo que regula su régimen retributivo, fija un control de los gastos de representación o crea un sistema de alta temprana de conflictos de intereses.

Además, la ley incluye un refuerzo de la oficina de conflicto de intereses, un aspecto que la Comisión Europea había pedido reforzar, según ha declarado Sáenz de Santamaría. "Así se lleva a cabo en esta ley", ha recalcado.

Se amplía la justicia gratuita a víctimas del terrorismo

Por otra parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes su proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el que amplía este derecho a las asociaciones de víctimas de terrorismo, de consumidores y usuarios y de discapacitados cuando actúen en defensa de sus intereses. Aunque podrán seguir contando con sus abogados de confianza, si así lo desean, tendrán la oportunidad de disfrutar del resto de prestaciones del servicio.

En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha destacado el "amplio contenido social" y la "fuerza" del texto, que constituye la "otra cara de la moneda de la ley de tasas" al establecer una "vinculación" entre los ingresos generados por este gravamen con la financiación de la Justicia Gratuita.

Entre las novedades más significativas, el proyecto reconoce el derecho a tener justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados que sufran maltrato o abuso o quienes hayan sufrido secuelas de carácter permanente en un accidente.

El proyecto amplía el umbral para acogerse a este derecho a 2,5 veces del IPREM y podrá extenderse a las familias que cobren cinco veces el IPREM (31.950,65) cuando se den determinadas circunstancias familiares o de salud. Además, introduce controles para que no haya abusos en el ejercicio de una prestación que "pagamos todos los españoles".

De esta forma, se establece una "presunción de abuso" cuando la persona solicite "tres veces al año" este derecho en todos los órdenes, salvo en el penal. En ese caso, podrá pedirlo pero acreditando esa necesidad.

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