Guerrero pide a la juez del caso de los ERE su puesta en libertad sin fianza

• El exdirector de Trabajo alega no poder reunir la fianza impuesta
• Además, tiene todas sus propiedades y cuentas embargadas

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía Francisco Javier Guerrero, que se encuentra encarcelado en  Sevilla-I desde el pasado día 10 de marzo a cuenta de su presunta  implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo  (ERE) fraudulentos, ha pedido su puesta en libertad sin fianza tras  no poder reunir los 250.000 euros de fianza que le impuso en julio la  juez Mercedes Alaya.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha informado a Europa  Press de que ha sido en la mañana de este jueves cuando ha presentado  en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla este escrito, en el  que solicita a la juez su puesta en libertad sin fianza "al no poder  hacer frente" a la cantidad fijada por la propia magistrada el pasado  mes de julio.

En este sentido, ha solicitado también la libertad sin fianza del  exalto cargo "por una cuestión de equilibrio y equidad" entre los  distintos imputados en la causa, pues hay que recordar que, el pasado  mes de julio, la juez dejó en libertad con cargos tanto a los  exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto  Rivera como al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Ello se produjo tras el cambio de criterio de la Fiscalía  Anticorrupción, que no pidió el ingreso en prisión de ninguno de  ellos a pesar de sí haberlo solicitado anteriormente en los casos del  propio Guerrero y del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que  abandonó la cárcel el pasado mes de agosto tras abonar 450.000 euros  de fianza.

Hay que recordar que, una vez la juez le impuso la referida fianza  de 250.000 euros, la esposa de Guerrero llegó a enviar incluso un  mensaje de texto desde el teléfono móvil de éste último a su círculo  de amigos y conocidos para que le ayudaran a pagar dicha cantidad. No  obstante, la medida no surtió el efecto deseado y ahora el abogado  confía en que la magistrada lo deje en libertad provisional sin  fianza.

Tiene sus cuentas y propiedades embargadas

Y es que, como defiende Fernando de Pablo, su cliente tiene todas  sus cuentas y propiedades embargadas, y no dispone de esa "elevada"  cantidad, motivo por el que continúa en prisión.

En el auto dictado en julio, al que ha tenido acceso Europa Press,  la juez Mercedes Alaya decretó de oficio la libertad de Guerrero, en  primer lugar, "por elemental principio de equidad y equilibrio entre  las partes, presuntamente corresponsables de los hechos que se  investigan", todo ello tras el auto dictado por la Sección Séptima de  la Audiencia Provincial en el que decretaba la libertad bajo fianza  de 450.000 euros del exconsejero de Empleo de la Junta, "bajo cuyas  órdenes estuvo" el propio Guerrero.

En segundo lugar, la magistrada dice que Guerrero "lleva privado  de libertad varios meses, y aunque existen sólidos indicios de su  participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron  en su día, debe reconocerse que, en comparación" con los responsables  de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo que  han declarado con posterioridad, las aportaciones de Guerrero "han  sido las más esclarecedoras y coincidentes con la documentación  obrante en la causa".

La juez dice que "esta situación en conjunto, debe ser valorada,  pues de un lado debe imponérsele los mecanismos necesarios para  asegurar que no va a tratar de eludir la acción de la justicia, pero  tampoco debe mantenerse 'sine díe', como desde el inicio era  pensamiento de esta instructora, la situación de prisión provisional"  de Guerrero, "aunque en el momento en el que se adoptó, tal y como  ocurrió en el caso de Fernández, se consideraba una medida  necesaria".

Además de la fianza de 250.000 euros en metálico, determinó que  compareciera ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla todos  los lunes "en horas de audiencia" y cada vez que fuera llamado,  mientras que le prohíbe abandonar España y acuerda que se le retire  el DNI y el pasaporte.

La magistrada envió a prisión a Guerrero el pasado día 10 de marzo  imputado por sendos delitos continuados de prevaricación,  malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de  falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en  documento mercantil.