La izquierda mexicana ha acusado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de usar presuntamente "dinero de procedencia ilícita" para financiar la campaña electoral y lo ha considerado motivo suficiente para invalidar la votación.
"Tengo elementos para decir que se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto (candidato del PRI y ganador) dinero de procedencia ilícita (...). Sería muy grave que no se aclare", ha afirmado el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que quedó en segundo lugar.
López ha participado en una rueda de prensa en la que se han presentado datos y documentos sobre lo que han calificado como una "triangulación" de empresas y transferencias de fondos que vincula a varias compañías y a una persona física.
El abogado Jaime Cárdenas, del equipo legal de López Obrador, ha dicho que "presumiblemente" esos fondos transferidos proceden de recursos públicos de gobiernos regionales "o del crimen organizado", sin presentar pruebas al respecto.
Cárdenas y López Obrador han asegurado que el "entramado" de empresas, algunas de ellas con domicilio fiscal falso, está ligado con el banco local Monex, que supuestamente entregó tarjetas de prepago a operadores políticos del PRI durante la campaña electoral.
El gobernante Partido Acción Nacional (PAN) también había denunciado el uso por parte de la campaña de Peña Nieto de esas tarjetas de Monex para pagar a sus operadores políticos, pero, al contrario que la izquierda, no ha pedido la invalidación de los comicios.
Según los datos aportados por Cárdenas, los fondos transferidos y con origen sospechoso pueden llegar a alcanzar los 108 millones de pesos (8,1 millones de dólares), pero el abogado ha dicho que la izquierda sólo estaba denunciando "la punta del iceberg".
La denuncia será presentada ante las autoridades electorales y ante el máximo tribunal que se ha encargado de validar los resultados de las elecciones del pasado día 1, con el fin de que la considere antes de pronunciarse sobre la limpieza de la votación.
López Obrador ha dicho que esas supuestas maniobras deben llevar a anular los comicios presidenciales porque están en contra de la Constitución, "que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas".
Tanto Cárdenas como López Obrador han insistido en que la Justicia tiene que investigar estas denuncias, y si no lo hace la izquierda procederá judicialmente contra "las autoridades responsables".
La rueda de prensa estaba convocada para dar a conocer un "plan para la defensa de la democracia" que había anticipado en fechas previas López Obrador, pero ha aplazado ese anuncio hasta el viernes próximo al considerar que la denuncia de hoy es "grave".

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